La abogada limonense Anita McDonald Rodríguez figura entre las 28 personas detenidas la mañana de este martes durante 67 allanamientos simultáneos con el objetivo de desarticular el cartel del Caribe Sur, una presunta estructura criminal liderada por los hermanos Luis Manuel “Shock” y Jordie “Noni” Picado Grijalba.
McDonald, quien fue integrante de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en el 2015, fue aprehendida por el presunto delito de legitimación de capitales dentro de la organización, dedicada al tráfico internacional de cocaína. Durante los operativos, se detuvo también a su hija menor, de apellido Crawford, de 20 años.
Según las autoridades, la mujer mantenía una relación cercana con los cabecillas del cartel. El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, declaró este martes que McDonald es suegra de alias Shock, quien fue detenido en Londres en el 2024 y está a la espera de su extradición a Estados Unidos bajo el cargo de tráfico internacional de drogas.
No obstante, el vínculo de Anita McDonald con figuras cuestionadas no es reciente. En diciembre del 2015, el Gobierno de la República la destituyó de la Junta Directiva del Incopesca, luego de que recomendara como asesor de la entidad al empresario limonense Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, actualmente detenido por presunto robo de combustible y a quien Estados Unidos considera un narcotraficante.
La designación de Bell como asesor fue aprobada en la sesión del 27 de febrero del 2015, ocho meses antes de que fuera detenido como sospechoso de liderar un supuesto grupo dedicado al narco.
En julio de ese mismo año, McDonald asistió a una reunión en la que también estuvo presente el empresario, en Portete de Limón, donde se construyó un cuestionado complejo portuario privado en la bahía.
Semanas después del encuentro, las autoridades judiciales allanaron la zona.
La obra abarcaba 22.000 metros cuadrados y estaba equipada con siete atracaderos, bodegas, un astillero y una estación de combustible. En las inmediaciones del sitio, a finales de 2014, la Policía decomisó 318 kilos de marihuana comprimida.
La construcción de la edificación fue judicializada y también investigada en una comisión de la Asamblea Legislativa. Al parecer, la estructura se construyó sin permisos, en un área pública administrada por la Municipalidad de Limón.
El 11 de noviembre del 2015, este medio publicó que la Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero (Asolipes), cuyo local se encontraba dentro del enclave portuario, tenía como presidenta a McDonald, quien además figuraba como representante judicial con facultades de apoderada generalísima.
Por este caso, sin embargo, el empresario fue sobreseído por prescripción del delito de usurpación de bienes de dominio público.
De acuerdo con publicaciones de La Nación, McDonald también mantenía un vínculo familiar con Bell Fernández porque, según ella misma reconoció, su hija mayor es producto de una relación con un hermano de Bell. La hija de McDonald, quien lleva su mismo apellido, también estaba vinculada con Asolipes.
Pese a que en la actualidad Macho Coca no afronta causas abiertas por tráfico de drogas en Costa Rica, en el 2016 el Departamento de Estado de Estados Unidos lo describió como un importante traficante de drogas del Caribe costarricense.
En noviembre del 2023, el Departamento del Tesoro de ese mismo país lo catalogó como uno de los narcotraficantes más violentos de la región y ordenó el congelamiento de cualquier activo que posea en territorio estadounidense.
Pese a ello, entre abril del 2015 —dos meses después de ser propuesto y nombrado asesor de Incopesca— y junio de 2024, cinco embarcaciones propiedad suya y de su esposa obtuvieron 2,1 millones de litros de diésel exonerados por Incopesca.
Ese beneficio fiscal fue posible porque las embarcaciones contaban con licencias de pesca comercial emitidas por dicha entidad.
Actualmente, Bell permanece en prisión preventiva por el presunto delito de robo de combustible, en el caso conocido como “Petro Coca”. Según el OIJ, la organización, que presuntamente dirigía Bell, generaba ganancias mensuales de entre ¢300 millones y ¢400 millones.