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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, arremetió contra la nueva ley que castiga los matrimonios por conveniencia, normativa que citó como un ejemplo de excesos en el uso de la prisión para atacar el problema de la criminalidad.
La diputada independiente Evita Arguedas –impulsora del proyecto –reaccionó molesta y aseguró que la Corte nunca mostró oposición a las penas carcelarias contempladas en la ley que firmó el 12 de noviembre el presidente, Óscar Arias.
“Hicimos consultas, muchas consultas, por supuesto que a la Corte también. En ningún momento Luis Paulino Mora o algún otro funcionario (de la Corte) manifestó que no estaba de acuerdo con la pena de prisión”, sostuvo la legisladora Arguedas.
Mora dio las declaraciones ayer durante un encuentro con periodistas en el que divulgó los logros del Poder Judicial durante el año en curso.
“Costa Rica está utilizando en exceso la cárcel como solución del problema (de la criminalidad)”, advirtió el magistrado.
En contra. Sobre la nueva legislación, Luis Paulino Mora consideró que ni los contrayentes ticos ni los extranjeros ni los notarios deberían ir a prisión.
“El 95% de estos (de los contrayentes ticos) son indigentes que ni siquiera se dieron cuenta de lo que pasaba; fueron aprovechados por alguna mafia. ¿Para qué vamos a encarcelar a un indigente?
“A los extranjeros que vienen acá les dicen que esa (el matrimonio) es una solución. ¿Cuál es la solución para ellos? Devolverlos. ¿Para qué vamos a dictar una prisión en ese caso?”, cuestionó.
Para Mora, en el caso de los notarios es mejor castigo la suspensión de sus credenciales “por 5, 10 ó 15 años a que los vayan a someter a seis meses de prisión”.
El 17 de agosto, la secretaria general de la Corte, Silvia Navarro Romanini, envió a la comisión legislativa que tenía a cargo el proyecto de ley una carta en la que indicó: “Una vez estudiado el proyecto, se concluye que la propuesta no afecta en forma alguna la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial”. Esa vez no hubo mención alguna a los castigos carcelarios.
Pena. La diputada Evita Arguedas defendió con vehemencia las penas establecidas en la nueva ley.
Esta castiga con cárcel de tres a seis años “cuando el matrimonio se celebre para obtener beneficios migratorios de cualquier tipo”.
La normativa, que entró en vigencia este mes, va dirigida a los contrayentes, testigos y notarios.
“Yo respeto lo que él (Luis Paulino Mora) dijo, pero no lo comparto. La Corte sabe muy bien las implicaciones y lo que ha significado para la seguridad del país el tema de los matrimonios simulados.
“No puede olvidar don Luis Paulino que por ese tipo de matrimonios han entrado guerrilleros y delincuencia organizada”, declaró la legisladora.
Arguedas expresó que es impensable que no exista una pena carcelaria, porque ese tipo de matrimonios “era una ventana abierta para la mafia organizada y la delincuencia internacional”.
Criterio. Ante consultas de la prensa, Mora no quiso entrar en polémica con su colega Carlos Chinchilla (de la Sala Penal).
Este último calificó el sistema penal –en una entrevista publicada por La Nación el lunes– como “permisivo y alcahueta”.
“El imputado es en estos momentos el rey del proceso penal y se nos olvida la parte más débil: la víctima. Basta de arbitrariedad en favor del imputado”, dijo Chinchilla.
Mora tiene un criterio diferente. “El sistema no pretende ser alcahueta; es un sistema de garantías. Esa es la posición correcta en un sistema que respeta los derechos de todos los ciudadanos, no solo de los que sentamos en el banquillo de los acusados”, señaló.
