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El fiscal general, Carlo Díaz, aseveró este martes que la Operación Soberanía lanzada por Rodrigo Chaves en el 2023 fue burlada por narcotraficantes con la ayuda de Policías de Fronteras colocados por el Ministerio de Seguridad (MSP) en el megapuerto de Moín.
Además, cuestionó por qué el gobierno de Chaves retiró a la Policía de Control de Drogas (PCD) del puerto. Aseguró que, de haber estado ahí, se habría detectado el trasiego y se habrían evitado envíos de cocaína al exterior.
Según el fiscal, la prueba de la burla está en el Caso Leviatán, operación judicial que derivó este martes 28 de julio en 52 detenciones, lo que incluyó la aprehensión de nueve integrantes de la Policía de Fronteras.
La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sostienen que un grupo de narcotraficantes, funcionarios y empleados de APM Terminals y contratistas se pusieron de acuerdo para facilitar el envío de cocaína a Europa y Estados Unidos desde el megapuerto de Moín, mediante la contaminación de contenedores de exportación. Varios de los cargamentos fueron detectados en otros países.
“Ya los escáneres estaban en funcionamiento y estaba también en funcionamiento la Operación Soberanía que el señor presidente, en aquel momento, Rodrigo Chaves, había inaugurado con bombos y platillos. Dijo que no iba a salir de Costa Rica un gramo más de cocaína. Aquí tenemos los ejemplos de que esa operación fue burlada incluso con participación de policías de Fronteras y también de miembros de la seguridad y miembros también de APM Terminals. Eso es bastante evidente", aseveró el fiscal.
“También es evidente la falta que hacía la PCD en esa terminal portuaria”, la cual fue retirada de terminales y puestos fronterizos en setiembre el 2023.
“Si hubiese estado la PCD, muy fácilmente hubiera detectado que los policías de Fronteras estaban incumpliendo con sus funciones y quizá estos trasiegos de droga no se hubieran dado. Siempre nos preguntamos cuál fue la decisión que motivó sacar la PCD de APM Terminals, de aeropuertos”, dijo Díaz.
Según las autoriadades judiciales, los sospechosos habrían movido 13,8 toneladas de cocaína a Europa y 670 kilogramos a Estados Unidos, según 16 decomisos documentados con destino a Inglaterra, Bélgica, Noruega, Países Bajos, España y Estados Unidos.
Además, el fiscal Díaz cuestionó la decisión de mover servicio naval a tierra. “Todas estas decisiones lo que hacen es facilitar el crimen organizado”, sostuvo.
