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Una vecina de San Rafael de Montes de Oca figura como pieza clave en un grupo presuntamente dedicado a colocar préstamos gota a gota y que fue desarticulado este viernes por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos.
La pesquisa por presuntas extorsiones y agresiones relacionadas con esta modalidad de créditos abusivos, llevó a las autoridades judiciales hasta dos mujeres y un hombre, cuyas viviendas fueron allanadas desde pasadas las 10 a. m. en los cantones de Quepos y Buenos Aires de Puntarenas, así como en San Rafael de Montes de Oca, en San José.
Uno de los allanamientos se ejecutó en el condominio Blue Garden, en San Rafael, donde las autoridades confirmaron la detención de una mujer de apellidos Calderón Solís; mientras que en Quepos y Buenos Aires se le seguía la pista a un hombre y otra mujer, cuyas identidades aún se desconocen.
De acuerdo con la investigación, Calderón Solís sería la persona que aportaba el dinero que era colocado en los préstamos informales y se investiga su posible vínculo con el delito de legitimación de capitales.
La Policía Judicial ratificó que a la sospechosa la vinculan por dos casos ocurridos en febrero y marzo de este año en los que habrían mediado amenazas. “Al parecer, enviándole imágenes, fotos y videos de armas, de personas decapitadas a las personas que solicitaron los créditos”, reportó el OIJ.
Según publicaciones de Telenoticias del 2017, Calderón Solís había sido investigada junto a un médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien para ese momento se mencionó era su pareja, por supuestamente extorsionar y amenazar a deudores de esta modalidad de crédito, cuyos intereses suelen ser abusivos.
El rol de los otros sospechosos
En la investigación que desarrolla el Ministerio Público en esta ocasión, se estableció que un sujeto radicado en Quepos sería el encargado de colocar el dinero y ejecutar los cobros mediante extorsiones y acciones violentas.
A la sospechosa de Buenos Aires se le busca por, presuntamente, encargarse de conseguir clientes para otorgar los préstamos.
Durante los allanamientos, los agentes decomisaron marihuana, éxtasis, dinero en efectivo y un arma de fuego.
Según estadísticas de los últimos tres años, cientos de miles de personas, muchas veces sin capacidad de endeudamiento en el sistema financiero nacional, recurren a créditos gota a gota atraídos por la facilidad con la que obtienen el dinero, sin fiadores ni documentos de respaldo.
Sin embargo, cuando el pago se vuelve insostenible, los cobros se comienzan a realizar bajo amenazas, ya sea de muerte, de agresiones físicas o de daño a familiares de la persona ofendida.
Desde mayo del año pasado, entró en vigor la ley para castigar las extorsiones relacionadas con los créditos gota a gota. La misma impone penas de cuatro a ocho años de prisión a quienes empleen amenazas e intimidación para obligar a un deudor o a sus familiares a pagar, ya sea que lo hagan de forma personal, mediante terceros o alguna otra forma de comunicación.
De cinco a 10 años de cárcel si la amenaza o intimidación se dirige contra menores de edad, adultos mayores o personas en vulnerabilidad y de hasta 15 años si la extorsión puede calificarse como una operación de crimen organizado, cuando lo cometan bandas estructuradas y sistemáticas, según las normas internacionales y la ley contra la delincuencia organizada.
