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Los dueños de tres chatarreras allanadas por el OIJ enfrentarán una causa judicial por recibir metal robado a entidades públicas.
El último de los operativos se realizó ayer en La Uruca, donde los agentes encontraron partes de placas de vehículos, lápidas y cable utilizado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La semana anterior, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó acciones similares en dos empresas localizadas en Pavas, San José.
De acuerdo con la versión que dieron los propietarios a los agentes judiciales, en las chatarreras reciben material por lote y peso, luego los embalan, sin posibilidad de revisar cuidadosamente el contenido.
No obstante, en criterio de las autoridades, todos los empresarios conocen el material de uso exclusivo de las instituciones estatales.
A la Policía le llama la atención varios hallazgos de cable utilizado en la nueva tecnología celular, que aún no ha sido descartado como chatarra. Es decir, que fue robado.
En el caso de La Uruca, se encontró durante el allanamiento un quemador utilizado para eliminar el plástico que recubre el cable.
Por todas estas circunstancias, es que la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad considera que estos empresarios son sospechosos del delito de receptación.
Esa conducta es regulada por el artículo 323 del Código Penal, que castiga con prisión de seis meses a tres años a quien adquiera, reciba u oculte cosas o bienes provenientes de un delito en el que no participó.
Gran actividad. Dentro del cargamento que los agentes revisaron ayer aparecieron también placas de vehículos, una de ellas de uno robado en febrero a una mujer mediante bajonazo. El hecho ocurrió en San Francisco de Dos Ríos.
En otros operativos, la Policía ha dado también con objetos robados a Acueductos y Alcantarillados, municipalidades, Ministerio de Obras Públicas, cementerios, viviendas y oficinas.
La venta de metal se ha convertido en un negocio tan lucrativo que el OIJ sospecha que existen organizaciones criminales dedicadas al robo de estos artículos.
Esos grupos negocian el metal con las chatarreras y estas lo exportan a Estados Unidos, Guatemala y China, donde es fundido para la construcción de obras.
Una dificultad que ha tenido la Policía para detectar los robos, es que parte de la chatarra es trasladada en contenedores sellados.
El crecimiento de la actividad obligó al OIJ a crear una unidad especial, pues las sustracciones están causando cuantiosos daños al Estado y a los ciudadanos.
Según publicó La Nación a inicios de mes, en dos años los ladrones robaron cable valorado en ¢1.200 millones.
En lo que va del 2006, la pérdida ronda ¢217 millones.
