Mohamed Saber Asadi, su esposa y su hija no tienen claro cuál será su próximo destino. Sentado en una silla plástica dentro del Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), al sur de Costa Rica, su mirada ya habla por sí misma. Hace casi 39 días que ellos fueron deportados junto a 200 personas desde la frontera sur de Estados Unidos. Desde entonces, vive en una suerte de limbo legal, sin documentos, sin un país que lo reciba, y con miedo constante de que su historia termine en tragedia.
Originario de Afganistán, Mohamed emprendió su ruta migratoria hace dos años. Primero se refugió junto a su familia en Irán, a donde viajó buscando mejores ingresos, pero allí las condiciones de vida le resultaron insostenibles.
“Salí de Irán porque la situación no era buena”, cuenta. No obstante, optó por buscar otra salida. Fue gracias a un acuerdo entre Afganistán y Brasil que logró llegar a Sudamérica, con la intención de comenzar de nuevo.
Pero Brasil tampoco fue un hogar. Sin hablar portugués y sin trabajo, ese país fue solo una escala más.
“A veces en bus, caminando o en motocicleta, en todo lo que podía”, recuerda sobre el trayecto de más de 10.000 kilómetros, que lo llevó de Brasil hasta Colombia, luego cruzando la selva del Darién, Centroamérica y finalmente México, siempre con la meta clara de llegar a Estados Unidos.
“En Estados Unidos están mi hermano, mis primos. Ahí puedo ayudar a mi familia. Pero en otros países donde se habla español no puedo hacer nada porque no sé el idioma, no conozco la cultura, y estoy solo”, dijo Mohamed en entrevista con La Nación.
El pasado 20 de enero, las puertas se cerraron de golpe. La administración del presidente Donald Trump reactivó medidas antimigrantes, y miles de personas como Mohamed se encontraron con muros legales para permanecer en ese país. “Al llegar a la frontera de manera ilegal, la cruzamos y la Policía nos tomó. Estuvimos arrestados 18 días en un centro de detención. Luego nos deportaron a Costa Rica”, relató.
Su familia también está en peligro
Costa Rica no era su destino, pero se convirtió en su realidad. En el Catem, un centro con un terreno de siete hectáreas, en el cantón de Corredores, fronterizo con Panamá, comparte el encierro con decenas de personas de distintas nacionalidades, muchos de ellos “en tránsito”, o en espera de una respuesta humanitaria que les permita no retornar a sus países de origen.
“Yo trabajaba para una compañía extranjera en Afganistán. Por eso tengo miedo. Si regreso, probablemente me arrestarán. No sé qué me irá a pasar”, dijo, con voz baja. Su preocupación no es solo por él: su familia en Afganistán también enfrenta riesgos.
“Ellos me han ayudado, y eso los pone en peligro”, lamentó,
Durante su confinamiento en el Catem, ha logrado hablar con sus familiares apenas “cuatro o cinco veces”, principalmente por restricciones y limitaciones tecnológicas, pues no existe Internet para que ellos puedan hablar con sus allegados. “Saben que estoy aquí, pero no pueden hacer nada por mí... no es claro el futuro”, dijo.
Según Omer Badilla, viceministro de Gobernación y director de Migración y Extranjería, los migrantes detenidos en el centro tienen tres opciones: regresar a sus países de origen, solicitar refugio en Costa Rica, o bien tramitar su traslado a un tercer país que acepte recibirlos como refugiados.
Mohamed no quiere regresar a Afganistán. Tampoco encuentra viabilidad en Costa Rica, un país que admira por su paz, pero donde se siente aislado en el aspecto cultural y lingüístico.
“Me gustaría ir a un tercer país, como Canadá o volver a Estados Unidos si fuera posible. Nosotros no firmamos ningún documento con Estados Unidos al ser deportados, pero nos trajeron como ilegales. Solo quiero un futuro mejor”, concluyó.
Otros solicitan refugio
De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), esta semana recibieron la solicitud de refugio de 16 personas de nacionalidad china, quienes se encontraban en el país por deportación desde Estados Unidos.
“La solicitud fue presentada esta semana, por lo que se encuentra en proceso de valoración; pero las personas ya cuentan con carné de solicitante de refugio, que les permite trabajar. Las personas se retiraron del Catem para iniciar una etapa de integración en la sociedad costarricense, del cual estará pendiente la Dirección de Integración Institucional”, aseguraron.
Según informó la DGME, de las 200 personas que fueron originalmente deportadas por Estados Unidos a Costa Rica, 84 ya retornaron a sus países, 6 salieron del Catem por voluntad propia, 12 chinos decidieron establecerse en Costa Rica y otros 16 extranjeros de otras nacionalidades también solicitaron refugio. Hasta este sábado, 82 permanecían en el albergue.