Valor de droga confiscada en cárceles asciende a ¢2.000 millones

El dato, equivalente a casi $3 millones, está consignado en el informe Incautaciones de Drogas en Centros de Atención Institucional del Sistema Penitenciario Costarricense. Anuario Estadístico 2021, el cual evidencia la existencia del tráfico de estupefacientes dentro de las cárceles de Costa Rica y busca que las autoridades competentes consideren acciones que permitan combatir esta realidad.

Dentro del documento, dado a conocer por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en marzo del presente año, se abordan, entre otras cosas, los tipos y la cantidad de sustancias decomisadas, sus precios dentro de prisión, así como el comportamiento de este hecho ilícito en cada penal.

Pero, más allá de la cifra multimillonaria, ¿cuál es el trasfondo qué hay detrás de esta problemática? ¿Cómo ingresan las drogas a prisión y llegan a manos de los reos? ¿Por qué se da el tráfico de drogas tras las rejas? ¿Cómo impacta esto en el proceso de reflexión y reinserción de un privado de libertad?

Andrés Rodríguez Pérez, jefe de la Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas del ICD, asegura que las cifras de incautaciones no miden el consumo que se da en el encarcelamiento, aunque sí pueden utilizarse como un “termómetro” de la demanda que existe en el país.

Y es que, según un comparativo que consta en el informe, los 138,9 kilogramos de marihuana decomisados en centros penales el año pasado están muy cerca de los 139,5 kilogramos confiscados en 67 cantones de Costa Rica en ese mismo periodo.

Con la cocaína, la situación es similar, puesto que los datos contemplados en el documento del ICD reflejan que en el 2021 la incautación de 25,6 kilogramos en cárceles es levemente mayor a los 25,3 kilogramos que fueron decomisados en 55 cantones. Finalmente, las dosis de crack decomisadas en penales llegaron a 58.262 en prisión, contra 55.063 dosis en 57 cantones.

Para Rodríguez, las cifras son el reflejo de una realidad que no se puede ignorar y, aunque reconoce que se han hecho esfuerzos para evitar el trasiego entre rejas, cree que este puede trabajarse aún mejor para que los resultados sean mucho más buenos.

Para él, una posible solución es que el país adquiera escáneres corporales que permitan detectar cuando una persona que vaya a ingresar al centro porte droga, ya sea adherida o dentro de su cuerpo. Ese escáner permitiría detectar también la droga en paquetes que entran en los penales.

Asimismo, cree que si bien el tráfico de drogas influye en la seguridad, también es un problema de salud pública, por lo que apuesta a una intervención psicosocial con cuatro ejes: educación; fomentar un sentido de pertenencia o vida; valorar que, regularmente, las personas que consumen drogas dentro de prisión ya lo hacían fuera de ella y fortalecer el equipo técnico del Ministerio de Justicia y Paz.

“La educación es herramientas. Por ejemplo, si una persona termina la escuela y no ha terminado el colegio, pero sabe que al terminarlo no va a conseguir empleo, no tiene un estímulo. Hay otro tipo de educación que, en el corto plazo, eventualmente, genera trabajos y una de ellas es la educación técnica que está en demanda y no requiere de cinco o diez años de estudio, por lo que al salir de la privación de libertad, podrían buscar empleo en ello.

“Por otra parte, estar en una condición ociosa, de estrés y ansiedad, hace que un privado de libertad sienta muchas emociones, por lo que además de la alimentación y una cama, se necesitan más estímulos y hábitos de vida que incluyan el ejercicio para crear un sentido de pertenencia y de vida, porque el castigo es estar en prisión”, explicó Pérez.

Introducción de drogas y su impacto

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Los decomisos de droga realizados en el 2021 fueron en su mayoría a personas privadas de libertad, 782 (766 hombres y 16 mujeres) en total. Les siguen las confiscaciones a visitantes mediante las encomiendas, con 595 (en este caso, 418 de los involucrados eran hombres y 177, mujeres), seguidos de individuos que acuden a encuentros generales, que alcanzan los 198 (133 y 65 hombres) y, en menor medida, funcionarios de seguridad de las cárceles (tres casos), proveedores de servicios (tres casos) y funcionarios administrativos (dos casos).

La Dirección General de Adaptación Social, del Ministerio de Justicia, considera que el constante flujo de droga y dinero proveniente de dentro de las cárceles forma “parte del quehacer del sistema penitenciario y su atención es constante y permanente”.

Desde este departamento se busca que los funcionarios no transgredan “el deber de probidad”, pero en caso de que se dé alguna anomalía, aplican los “protocolos internos de actuación, cuando se tiene conocimiento de un hecho”.

En tanto, con los privados de libertad “el reglamento disciplinario contempla procedimientos que se anotan en el expediente para las valoraciones correspondientes”, afirmó Adaptación Social.

Además, la entidad asegura que se plantean sanciones disciplinarias que van “desde tomar un curso para prevenir cierto tipo de conducta, hasta no recibir beneficios por un periodo”.

¿Cómo se hace para desincentivar a un reo de que se involucre en el tráfico de estupefacientes? Adaptación indicó que “existe un plan de atención a nivel de no consumo, así como también para combatir el trasiego interno de cada centro. En cuanto a lo primero, se contempla el tratamiento terapéutico y físico con ayuda médica, atención en psicología clínica y también, en caso de ser necesario, atención psiquiátrica.

“Para el trasiego, se implementa el plan de trabajo previsto por la Policía Penitenciaria para desarticular, constantemente, las bandas internas que promueven este tipo de actividad. Si se comprueba una actividad delictiva, se notifica a la Fiscalía y se hace la denuncia respectiva”, explicó la Dirección.

Por su parte, la Policía Penitenciaria indicó, mediante el departamento de prensa de Justicia, que el tráfico de drogas “no conlleva alteración alguna (para los oficiales) porque es parte de la rutina de trabajo” y por ello no preocupa, ya que también apuestan por una “operatividad normal y extraordinaria que obedece a la planificación operativa” y en la que se contemplan acciones casi a diario.

Finalmente, las incautaciones hechas en los penales van muy acorde con la cantidad de población. Por ejemplo, en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, más conocido como La Reforma, hay 3.758 privados de libertad y es ahí donde se han registrado más decomisos, con 1.154 en el 2021. En tanto, en el CAI Terrazas, que cuenta con 385 personas encarceladas, se atendieron apenas siete casos el año pasado, detalla el informe Incautaciones de Drogas en Centros de Atención Institucional del Sistema Penitenciario Costarricense. Anuario Estadístico 2021.