Hugo Solano C.. Hace 6 días
La TCM fue inaugurada oficialmente en febrero pasado. Fotografía: José Cordero
La TCM fue inaugurada oficialmente en febrero pasado. Fotografía: José Cordero

La empresa APM Terminals informó de que un contenedor cargado con banano llevaba 1.600 kilogramos de cocaína que fueron incautados en un puerto en Róterdam, Holanda.

El producto salió de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), Limón.

Según la empresa, aunque el escáner de la Terminal está en plena capacidad de operar, no ha sido puesto en funcionamiento debido a que el Gobierno de Costa Rica aún no tiene listo el centro de monitoreo necesario para llevar a cabo esta labor.

“Estamos listos para que nuestro escáner esté al servicio del país desde el día en que inauguramos la terminal. Pese a que tenemos todos los permisos y la tecnología disponible, por el momento el escáner no se encuentra operativo, pues todavía no se ha concretado el centro de monitoreo desde donde las autoridades gubernamentales analizarán las imágenes”, detalló en un comunicado Kenneth Waugh, director general de APM Terminals.

Añade que el escáner adquirido por la TCM tiene un valor de $2,6 millones. Es único en su clase en Latinoamérica y mediante algoritmos digitales, permite la detección de productos o sustancias que de manera irregular estén dentro de los contenedores, tales como armas, drogas, dineros, material radioactivo o plagas.

El equipo tiene la capacidad de emitir imágenes en tiempo real al centro de monitoreo y a países como Estados Unidos.

La Nación consultó al Ministerio de Seguridad Pública, ya que la Policía de Control de Drogas (PCD) se encargó de la vigilancia antidrogas en los muelles de Limón en las últimas décadas, e incluso estuvo en las pruebas con los escáneres de China.

El Ministerio informó que “en relación con las consultas acerca de los escáneres en los puertos, incluyendo el de APM Terminals y su centro de monitoreo, les informamos que la instancia responsable de darle seguimiento y ejecutar el proyecto de escáneres en los puertos es el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC), instancia coordinada por Comex”.

La oficina de prensa de Comex se nos dijo que la jerarca, Dyalá Jiménez está en Nicaragua.

Por su parte, Andrea Centeno, presidenta de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), afirmó que en ese rubro específico ellos no tienen injerencia.

Dijo que en la cláusula 6.22 del contrato de concesión , referida a riesgos de operación, explotación y mantenimiento de la terminal, se establece que los riesgos durante este periodo corresponden exclusivamente al concesionario.

Viejas críticas se renuevan

Desde el año pasado la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) se había manifestado sobre la urgencia de que el Gobierno pusiera en funcionamiento el centro de monitoreo, pues acciones como la que trascendió este viernes afectan directamente la imagen del país.

Laura Bonilla, presidenta de la Cadexco, afirmó de que lamenta lo ocurrido y exige soluciones de corto plazo para evitar el trasiego de droga en nuestras exportaciones.

Afirma que en la actualidad, no solo enfrentan una caída importante en las exportaciones, sino que también se suma el deterioro de la imagen del país en los mercados internacionales debido a la contaminación de contenedores con droga.

Bonilla dice que se está impidiendo aplicar este tipo de herramienta de inspección no intrusiva, que evitaría este tipo de delitos.

"Es lamentable que a estas alturas no se cuente con un sistema de monitoreo operante y en funcionamiento.

El Gobierno les ha dicho que pretende poner en operación el sistema de control en enero del 2021, “un plazo que sin duda continuará abriendo las puertas a más actos delictivos que perjudiquen nuestra operatividad internacional, ocasionándonos cancelación de contratos, pérdidas de clientes y de la carga, así como obligándonos a asumir procesos legales por actos ajenos a nuestra función por falta de dinamismo institucional”, explicó en un comunicado.

Otra afectación por el retraso del sistema indica que las cargas de Costa Rica serán sometidas a mayores controles, lo que implica más tiempo de trámite en la importación.

Piden agilizar las acciones correspondientes para que se puedan usar los escáneres de la TCM y así como de la instalación de otros en los diferentes puestos fronterizos.

Colaboran con la Policía

Por ahora, APM Terminals informó de que se encuentra colaborando con las autoridades internacionales y costarricenses para la realización de las investigaciones correspondientes.

“Este contenedor efectivamente pasó por nuestra terminal. Estamos colaborando con la Policía Internacional y local facilitando toda la información que recopilamos sobre el contenedor, desde quién fue el conductor que trajo la carga, cuál es el exportador y en qué línea naviera fue enviado”, agregó Waugh.

APM Terminals tiene la capacidad para escanear toda la carga que transita a través de la terminal, se indica en un comunicado.

La concesionaria se encuentra a la espera de que las autoridades cumplan con la instalación del centro de análisis de imágenes y la coordinación de protocolos entre la Fuerza Pública, Aduanas y el Servicio Fitosanitario, entidades que participarían en el análisis de las imágenes proporcionadas por el escáner.

Viejos escáneres también fueron una pesadilla

El año pasado La Nación informó de que los escáneres donados por China se dañaron sin siquiera haberlos usado, luego de 10 años de pasar de una dependencia a otra.

La última vez que se habló de ellos fue en un plan piloto en Limón, ejecutado por el Servicio Fitosanitario del Estado en el 2018.

Luego de inversiones millonarias en mantenimiento y reparaciones por parte del Ministerio de Hacienda, el equipo quedó embodegado, pues lo único que funcionaba en ese entonces eran los camiones que los contenían y que estaban a la intemperie en el muelle Hernán Garrón.

Ninguna de las tres administraciones que gobernaron el país desde que llegaron los escáneres (Oscar Arias, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís) pudo ponerlos a funcionar, pese a que desde el 2012 se invirtieron ¢210 millones anuales para su mantenimiento y, a finales del 2015, se capacitó a 27 funcionarios de Aduanas, de la Policía de Control Fiscal y de otros entes para su operación.