Los problemas económicos y las presiones que muchas veces ejercen los cónyuges y otros familiares sobre las mujeres figuran entre las principales causas de que ellas caigan en prisión, principalmente por narcotráfico.
Así lo revela un estudio del 2015 elaborado por varias instituciones de gobierno, donde se deja ver que el 57% de quienes descuentan penas en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling (antiguo Buen Pastor), están ahí por involucrarse en el tráfico local e internacional de drogas.
De quienes descuentan penas por drogas, el 44% afirmó que los problemas económicos las llevaron a ese ilícito.
El director del Instituto Costarricense de Drogas, Guillermo Araya Camacho, confirmó de que la mayoría de mujeres cae por faltas a la ley 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
“Lo que a ellas les ha afectado es que están secuestradas por el fenómeno de las drogas. Si no introducen droga a un centro a no la distribuyen, pues no les dan el dinero para mantener a sus hijos a sus familias, o están amenazadas sus familias en el sentido de que si no hacen eso podrían sufrir alguna agresión o algo así”, dijo Araya.
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Muchas de ellas son madres solteras y tenían sobre sus espaldas el peso de ser las proveedoras económicas de su hogar.
La mayoría dijo haberse involucrado en el tráfico de drogas por acompañar a personas involucradas en ese delito, otras por el afán de obtener dinero pronto para tener casa propia y el resto por ambición y por amenazas.
Después de las drogas, el robo aparece como segunda causa de la prisión de mujeres en el estudio del 2015.
Guillermo Araya recordó que los casos de drogas encabezan la lista, aunque en el 2013 hubo una reforma al artículo 77 de la ley de psicotrópicos, con la que se dio la libertad a unas 150 reclusas, de las que solo una volvió al centro penal por reincidencia.
Esa reforma a la ley disminuyó las condenas por casos de introducción de drogas a centros penitenciarios y cuando se trata de privadas de libertad en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, así como mujeres que tuvieran a su cargo niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Pese a lo anterior, las cifras actuales brindadas este miércoles por el Ministerio de Justicia revelan que de las 528 mujeres que están presas, 217 descuentan penas por casos de drogas y 16 por legitimación de capitales.
Le siguen las condenas por robo agravado con 113 casos y luego 53 por homicidio calificado y 17 de homicidio simple, entre otros delitos.
Ese reporte del Ministerio de Justicia también revela que de las 528 mujeres presas, el 53% tienen edades entre 20 y 39 años.
La población sentenciada es del 62%, mientras que el 38% son indiciadas, es decir a la espera de juicio.
Guillermo Araya dijo que en el nuevo Plan Nacional sobre Drogas que elabora el ICD, se tendrá como centro al ser humano que hay detrás del consumidor y el traficante de drogas, pero también detrás de los policías que ponen en riesgo su vida para desarrollar su compromiso con el estado costarricense que es brindar seguridad.
Mujeres policías afrontan menos posibilidades de ascenso
El ICD comenzó en este Mes de la Mujer un diagnóstico sobre el trabajo de las mujeres de los cuerpos policiales que combaten el narcotráfico y ha encontrado desigualdades tales como las pocas posibilidades de ascenso.
También existen jornadas laborales discriminatorias y poco acceso a la especialización, así como el impedimento a acceder a ciertas áreas como el manejo de armas pesadas.
Alejandra Mora, ministra de la Condición de la Mujer, dijo que el diagnóstico permitirá profundizar en la importancia de entender la violencia de las mujeres en los espacios policiales.
"Hay ritos y símbolos masculinos que muchas veces las mujeres emulan ante las dificultades de fortalecer su propio ejercicio de liderazgo", expresó Mora.
El diagnóstico, que se enmarca en el Programa Interamericano para fortalecer la igualdad de Género (Genlea, por sus siglas en inglés), culminará con una cumbre regional sobre igualdad de género en octubre, en nuestro país.
Entre los aspectos que favorecen el aporte de la mujer en la lucha antidrogas está su fortaleza en acciones como lidiar con informantes y llevar a cabo interrogatorios.
De igual manera, su participación como agentes encubiertos ha generado beneficios.
Para la ministra Mora, el reto es transformar las formas de intervención y reconocer el aporte diferenciado de las mujeres en el combate de ese flagelo.
Guillermo Araya afirmó que se busca sensibilizar a jerarcas de los cuerpos policiales en un rol que estuvo por años empoderado en hombres y que requiere ajustes.
Añadió que las mujeres policías pueden participar en cualquier etapa de la investigación y en labores de inteligencia. También, que deben tener mayor acceso a puestos de mando.
Ya se logró una adecuación de los uniformes, así como de los chalecos antibalas y otros implementos de avituallamiento policial, pero falta trabajar en aspectos de acoso laboral, acoso sexual y otros, dijo el director del ICD.
Actualmente, la Policía de Control de Drogas (PCD) cuenta con 55 mujeres que atienden actividades en la guerra contra el delito de las drogas.
El Ministerio de Seguridad informó de que los aportes de las mujeres y los hombres que conforman esa Policía se complementan para lograr la excelencia en el servicio público de proteger a los habitantes.
"Se les dignifica y respeta sus naturales condiciones, que en nada diferencian su excelencia en el servicio policial", dijo el jefe de ese cuepo policial, Allan Solano.
La sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó de que en esa sección laboran 11 mujeres, las cuales representan aproximadamente el 35 % de sus oficiales.
Información actualizada el 11 de marzo con datos del OIJ.