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El Ministerio de Seguridad Pública busca recursos para poder adquirir 10 costosos radares móviles que permitan detectar avionetas que se dedican al transporte de droga en el país.
De acuerdo con el ministro de esa cartera, Gustavo Mata, este tipo de tecnología urge para hacerle frente al crimen organizado en tiempos en que se prevé un aumento en el trasiego de estupefacientes por las costas, que llegaría a unas 1.700 toneladas.
“Debemos aplicar otra logística. Ya no solo con servicio en tierra se puede dar una respuesta oportuna. Se requiere de tecnología y radares para tener un mapeo claro de estas aeronaves que vienen a dejar o recoger cargas de droga”, enfatizó Mata.
El jerarca de Seguridad detalló que seis de esos equipos serían para la costa del Pacífico y cuatro para el Caribe.
No obstante, para la entidad no es tan fácil adquirirlos, pues cada aparato tiene un costo aproximado de $500.000.
Por ahora, el plan de la institución es comprar dos con presupuesto que ya existe y esperar a ver si es aprobado el impuesto a sociedades anónimas, pues, con esos ingresos, se podrían adquirir al menos otros dos. También se espera obtener ayuda de otros países, dijo Mata.
“Estamos raspando la olla. Poner a operar esos radares es algo urgente y vital”, apuntó.
Recientemente, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) y el Ministerio de Seguridad descubrieron 35 pistas clandestinas a lo largo del litoral Pacífico.
Limitados. El ministro resaltó que, actualmente, Costa Rica solo cuenta con un radar de segunda generación, ubicado en el aeropuerto Juan Santamaría, pero este únicamente puede detectar vuelos comerciales.
Sin embargo, aunque las avionetas dejen fuera de funcionamiento ese dispositivo, los radares móviles pueden lograr su ubicación si están de 30 a 60 kilómetros de distancia.
“En este momento, funcionamos con testigos que nos indican cuando ven aeronaves sospechosas. Con el radar, podemos ver cuándo una nave no identificada va a aterrizar y tener un operativo esperándolos”, indicó Mata.
Pieza clave. El ministro de Seguridad también pretende que se reactive un equipo primario, ubicado en cerro Azul, en Nandayure, Guanacaste, el cual pertenecía a Estados Unidos, pero que fue retirado en 1995 por ese país y del que solo queda un “cascarón”.
“Era administrado por personal del Gobierno de EE. UU. pero no sé que habrá pasado y se dejó de utilizar”, comentó Mata.
Informó de que se está en negociaciones con la nación norteamericana para ponerlo en operación de nuevo, lo cual tendría un costo de $6 millones.
Ese radar permitiría detectar ultraligeros, drones, incluso aves, en un radio de unos 460 kilómetros, explicó Erick Cubillo, de Operaciones del SVA.
La Nación consultó a la Embajada de Estados Unidos en el país sobre este tema, pero a través de la oficina de prensa se indicó que solo podían confirmar que recibieron la solicitud por parte del Ministerio de Seguridad.
