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José Miguel Villalobos, diputado electo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), logró que en el 2021 absolvieran a Carlos Manuel Solórzano Campos, abogado y notario que fue detenido este jueves 26 de marzo con fines de extradición a Texas, Estados Unidos.
Solórzano afrontó una acusación por legitimación de capitales y falsedad ideológica relacionada con Jair Estupiñan Montaño, alias Pecueca, un exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que purgó una condena por narcotráfico en Estados Unidos y que actualmente está en prisión preventiva en Costa Rica, por otro caso relacionado con drogas conocido como el Caso Piazza.
Consultado sobre este caso, José Miguel Villalobos confirmó que representó a Solórzano y a su esposa. “Fui el abogado de ellos dos y la sentencia fue unánime absolutoria. El Ministerio Público ni siquiera presentó recursos de apelación”, recordó.
Posteriormente, declinó referirse al supuesto vínculo entre Solórzano y Pecueca.
La causa penal contra el abogado Carlos Solórzano, alias Chanchita o Wakanda, se tramitó bajo el expediente 14-010343-0042-PE en el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, en Corredores.
En ese caso, la Fiscalía acusó a Solórzano Campos de conformar, a partir de noviembre de 2011, una estructura dedicada a legitimar capitales provenientes del tráfico de drogas, en conjunto con su esposa, de apellidos López Abarca, un hombre apellidado Díaz Chavarría y dos mujeres Chavarría Concepción y Narváez Suárez.
Esos capitales, según el legajo, habían sido obtenidos por Jair Estupiñan Montaño, señalado como presunto traficante del Cartel del Valle, que movió grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos entre el 2004 y el 2014.
Luego de purgar condena por narcotráfico en territorio norteamericano, Estupiñán regresó a nuestro país para, en apariencia, seguir involucrado en negocios ilícitos.
La Fiscalía alegó que, entre el 2011 y el 2012, el grupo habría simulado contratos de compra y venta de inmuebles, aprovechando la condición de notario público de Solórzano, para insertar el dinero en el sistema bancario nacional.
El expediente señaló la protocolización de ventas de propiedades ubicadas en La Purruja y Pavones, en Golfito donde, según el Ministerio Público, los dueños originales nunca hicieron abandono real de los terrenos.
La acusación decía que estos contratos notariales se habrían utilizado para justificar un depósito en efectivo por $60.000, presuntamente hecho por la imputada Chavarrıa el 24 de febrero 2012 en una agencia del Banco Nacional en Golfito, en una cuenta a nombre de Jair Estupiñán.
De acuerdo con la pesquisa aportada en el expediente, los billetes depositados eran de baja denominación y presentaban un olor particular, elementos que la investigación asoció con el manejo de dinero derivado del narcotráfico.
Posteriormente, parte de los fondos de esa cuenta bancaria se utilizaron para la compra de un vehículo marca Dodge Durango valorado en $73.000, el cual se inscribió a nombre de una sociedad anónima en la que Solórzano Campos figuraba como tesorero.
La Fiscalía acusó que el vehículo fue traspasado mediante hechos falsos a Narváez en el 2014 por la mitad de su valor original, indicando que ella no tenía la capacidad económica para adquirirlo.
La resolución de los jueces
Tras analizar la prueba testimonial y documental aportada, los jueces concluyeron que no se tenían por acreditados los hechos acusados por el Ministerio Público.
Entre otras cosas, el Tribunal señaló falencias graves de la Fiscalía, por ejemplo, que el informe financiero de las cuentas de Jair Estupiñán no fue requerido por un juez de la República que autorizara el levantamiento del secreto bancario y, bajo esa condición, no se pudo considerar como prueba válida.
Además, sin ese análisis financiero, fue imposible “establecer una conexión entre el dinero y la actividad de narcotráfico que en apariencia realizaba Jair Montaño”, agrega la sentencia 46-2021 del 26 de febrero del 2021.
Tampoco estuvieron a la vista las escrituras originales de las propiedades para cotejarlas con las firmas de los acusados y demostrar las presuntas irregularidades.
También, se señaló que Narváez aparecía como la supuesta dueña final del Dodge, pero en la escritura aparecía una cédula que no le correspondía y las calidades de otra persona. “Al no contar con prueba necesaria, como lo era la escritura original y la pericia correspondiente, no es posible demostrar su participación de manera alguna”, resolvieron los jueces Silvia Calvo Vargas, Luis Guillermo Miranda Blanco y Jesús de Montserrat Solís Hernández.
En los últimos párrafos se puede leer que “no se logró demostrar una actuación deliberada de los sindicados, para legitimar la procedencia del dinero de Jair Montaño. Tampoco el hecho de que Carlos Solórzano y Jair Montaño formaran parte de la misma sociedad vendría a ser prueba suficiente para demostrar tal conexión o conocimiento por parte de Solórzano para lavar ese dinero”.
En razón de todo lo anterior, el Tribunal resolvió absolver de toda pena y responsabilidad, en aplicación del principio de in dubio pro reo (por duda), a todos los acusados.
Secreto profesional
José Miguel Villalobos sostuvo que, por estar cubierto bajo el secreto profesional, no se iba a referir al fondo del asunto, aunque fue tajante en decir que, de existir insatisfacción por la absolutoria, las críticas deberían ser para el Tribunal Penal que emitió la absolutoria y para la Fiscalía que no presentó apelación. “Ya él está absuelto en firme y sin ninguna apelación del Ministerio Público”, recalcó el litigante.
La Fiscalía ante una consulta de este medio, confirmó que en dicho caso no se presentó recurso de apelación de sentencia.
Jair Estupiñán, una figura conocida en Costa Rica
Jair Estupiñán Montaño, de origen colombiano y nacionalizado costarricense, es una figura conocida en Costa Rica.
Vivió en nuestro país hasta el 2013, aproximadamente, cuando viajó a Panamá, donde fue detenido a solicitud de las autoridades estadounidenses por participar en una ruta de trasiego de cocaína desde Colombia, pasando por Costa Rica y México.
Fue acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos y extraditado a aquel país en agosto del 2014. Purgó condena por narcotráfico y regresó a Costa Rica, donde, en apariencia, siguió involucrado en negocios ilícitos.
Actualmente, descuenta prisión preventiva dentro del Caso Piazza, que investiga a una organización narco que al parecer aprovechaba las operaciones de una cadena de supermercados, una estación de servicio y un lubricentro para lavar el dinero que obtenían de la venta de estupefacientes.
