EscucharLa Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico inició este jueves la toma de declaraciones de los 15 detenidos el miércoles, sospechosos de integrar cuatro estructuras criminales dedicadas a la venta de drogas en Hatillo, Alajuelita, Guadalupe de Goicoechea y Desamparados.
Tras tomar la declaración de los implicados, la Fiscalía valorará cuáles medidas cautelares solicita para cada uno de ellos, como parte de 14 investigaciones independientes.
Los arrestos se dieron en 25 allanamientos en los que participaron 500 oficiales de distintos cuerpos policiales, junto con miembros de la Fiscalía de Narcotráfico, policías municipales y el Grupo de Apoyo Operativo del Ministerio de Seguridad Pública, según detalló Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
A ellos se les decomisó ¢2,2 millones, $385, 1.986 dosis de cocaína, 204 dosis de crack, 244 dosis de marihuana, un arma de fuego, 423 municiones sin disparar, nueve celulares, un chaleco antibalas y varios dispositivos electrónicos, como radios de comunicación.
Además, al ingresar en los búnkeres allanados en la comunidad de María Reina, en Pavas, la policía encontró a decenas de personas consumiendo sustancias ilícitas.
El Ministerio Público explicó que los operativos forman parte de la Estrategia Sistematizada para el Control Urbano y Disminución de las Ofensas Delictivas (plan Escudo), que busca sacar de las calles a vendedores de drogas y reducir los altos niveles de violencia.
El director del OIJ detalló que esta es “la respuesta directa e inmediata a los problemas de criminalidad que está viviendo Costa Rica, específicamente la parte sur de San José, escenario de múltiples homicidios en los últimos días y semanas”.
Zúñiga lamentó que uno de los puntos allanados fuera un centro comunal, aprovechado por los delincuentes para vender drogas.
Además, el jefe policial señaló que el objetivo de la investigación es acusar a 52 personas por narcotráfico. Sin embargo, admitió que, en una operación de tal magnitud, esperaban detener a los primeros implicados este miércoles y capturar a los demás en los días siguientes. Explicó que estas estructuras operan las 24 horas del día a nivel local.
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Por su parte, el fiscal adjunto Mauricio Boraschi señaló que esta estrategia busca desmantelar las redes de venta de drogas y sus puntos de distribución en varios barrios y comunidades. Estas actividades representan un grave peligro debido a la violencia relacionada con el consumo y la venta de estupefacientes, que con frecuencia deriva en homicidios y actos de sicariato. “Tenemos a un grupo de 25 jueces y 27 fiscales que están trabajando directamente en esta operación”, afirmó.
En San Felipe de Alajuelita, en uno de los puntos allanados, las autoridades decomisaron “gran cantidad de droga” y un fusil AR-15, cuyo uso está prohibido entre la población civil. En La Paz de Alajuelita, se decomisaron 1.890 piedras de crack, valoradas en el mercado ilegal en ¢1 millón, aproximadamente.
Cada punto de venta de estos grupos puede generar ganancias de entre ¢1 millón y ¢15 millones diarios, según la clientela y la localización. Muchas veces, operan en viejas estructuras, casas abandonadas o ranchos, mejor conocidos como búnkeres.
“Con esta operación, se espera devolver un poco de seguridad a las personas decentes y honradas que habitan en estas comunidades y que han sido afectadas por el flagelo del microtráfico”, agregó Boraschi.
