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Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico solicitaron este jueves la destitución del alcalde de Limón, Néstor Mattis Williams, y de la directora del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Anita McDonald.
La petición la hicieron pública al cerrar una investigación sobre la construcción ilegal de un complejo portuario en bahía Portete, Limón, donde hace un año se capturó una lancha con 318 kilos de marihuana.
Sobre el alcalde Mattis, los legisladores consideraron que, como jerarca, fue “omiso en la vigilancia de la zona marítimo- terrestre en relación con la existencia de construcciones ilegales en zona pública”.
Mattis no contestó llamadas telefónicas ayer jueves, pero el viernes anterior, en entrevista con La Nación , calificó los cuestionamientos en la Asamblea Legislativa como show político para destruir su imagen.
Respecto a McDonald, los congresistas le cuestionaron recomendar al empresario Gilbert Bell Fernández (conocido como Macho Coca y quien está detenido por ser el presunto líder de un grupo narco) para que integrara una comisión asesora de Incopesca en Limón.
También le atribuyeron organizar, en el muelle ilegal, una reunión de Macho Coca con varios funcionarios estatales, además de autentificar declaraciones juradas de Bell que fueron presentadas al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
Contactada por La Nación, la funcionaria dijo que prefería leer el informe antes de emitir alguna opinión.
Otras objeciones. En el informe final, el cual no es vinculante, se critica al presidente ejecutivo del Incopesca, Gustavo Meneses Castro, por el débil control que se ejerce sobre el subsidio al combustible que beneficia a los pescadores. Para los legisladores, es factible que algunos de los beneficiados utilicen las embarcaciones para dedicarlas a la pesca ilegal y el narcotráfico.
El presidente de Incopesca no respondió los mensajes dejados en su teléfono celular.
En cuanto a Macho Coca, los miembros de la Comisión pidieron al Ministerio Público analizar si incurrió en el delito de perjurio, por dar a la Comisión declaraciones falsas bajo juramento. El 1.° de octubre anterior negó ante los diputados ser el dueño del complejo portuario en Portete. No obstante, en julio del 2014, en documentos que presentó ante el Senasa, admitió haber construido el muelle.
Los legisladores dispusieron enviar el documento final con las recomendaciones al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
El objetivo es que esas entidades lo analicen y determinen si cabe la apertura de algún proceso administrativo o judicial contra los funcionarios mencionados.
Mariela Azofeifa, vocera de la Contraloría, dijo que tendrán que sopesar las acciones de fiscalización pertinentes. “Conviene aclarar que no podemos especular en este momento sobre materia sancionatoria de casos que desconocemos ni hemos indagado en sede contralora”, agregó.
Por su parte, Juan Luis Rivera Sánchez, letrado del TSE, explicó que para cancelar la credencial de un alcalde, únicamente se puede hacer por las causas establecidas en el artículo 18 del Código Municipal. Una de ellas es cuando el funcionario comete alguna falta grave, para lo cual se deberá someter al jerarca municipal al debido proceso, el cual estaría a cargo de la Contraloría.
