La infiltración del narcotráfico en instancias policiales y judiciales ha provocado escándalos y preocupación en diferentes países latinoamericanos.
El viernes de la semana pasada, las autoridades antidrogas de Panamá capturaron al exjefe policial y exfuncionario del Ministerio de Gobierno de Bolivia, René Sanabria, por supuestos nexos con el narcotráfico.
De acuerdo con las pesquisas de la Agencia de Lucha Antidrogas (DEA) de los Estados Unidos, Sanabria dirigía una organización criminal que traficaba estupefacientes entre Bolivia, Panamá y Estados Unidos.
El arresto de Sanabria obligó a un juez cautelar de Bolivia a ordenar la detención de cuatro policías, subalternos de aquel, por los supuestos nexos con la organización criminal de su jefe. Sanabria fue extraditado a los Estados Unidos el pasado lunes y podría recibir una condena superior a los 20 años de prisión.
Hace menos de un año, en junio del 2010, el fiscal general de Guatemala Conrado Reyes, nombrado por el presidente Álvaro Colom en ese cargo, tuvo que dimitir luego de que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en ese momento, Carlos Castresana, lo vinculó con el crimen organizado, principalmente con grupos del narcotráfico. Castresana dejó el cargo en julio del 2010 y fue sustituido por el exfiscal general de Costa Rica Francisco Dall’Anese Ruiz.
En Colombia, en el 2009, el fiscal antimafia Ramiro Antury fue detenido y posteriormente extraditado a los Estados Unidos por mantener estrechos lazos con Silvio Montaño Vergara, un líder narco que se nacionalizó costarricense y vivió aquí durante cinco años. Montaño es pedido en extradición por los Estados Unidos.