Los delincuentes ya no necesitan estar cerca de sus víctimas para hacerles creer que las tienen bajo amenaza. Con mapas satelitales pueden elegir sitios aislados y describir el entorno; mediante llamadas y videollamadas las someten a intimidación, y con herramientas de inteligencia artificial pueden suplantar voces para convencer a sus familiares de que están secuestradas.
Estas modalidades de estafa y extorsión evolucionan al ritmo de los avances tecnológicos. En Costa Rica, uno de los indicadores de ese cambio es el aumento de las denuncias por secuestros virtuales: el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió 22 en 2024, cifra que subió a 93 en 2025 y llegó a 120 entre enero y octubre de 2026.
El fiscal Miguel Ramírez, jefe de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia del Ministerio Público, advirtió que las modalidades delictivas han evolucionado durante los últimos seis años.
Según explicó, las organizaciones criminales aprovechan las herramientas tecnológicas para sofisticar sus engaños y operar mediante distintas plataformas, llamadas nacionales e internacionales e incluso inteligencia artificial.
“Sobre el secuestro virtual estamos trabajando en una modalidad de aprendizaje muy fuerte. Se había dado en otros países del mundo y ya llegó. Es muy manejado por la inteligencia artificial y mecanismos de violencia muy fuertes”, manifestó.

Cómo operan los secuestros virtuales
Todo puede comenzar con una oferta de trabajo. Un conductor de plataforma o cualquier persona que ofrezca servicios que requieran desplazamientos recibe un mensaje de un supuesto cliente. Puede tratarse de un viaje, la instalación de un equipo o una visita para fisioterapia o masajes.
Lo que parece una oportunidad laboral es, en realidad, el primer paso de un secuestro virtual. La víctima conduce hasta un sitio remoto y, una vez allí, los delincuentes la contactan por teléfono. Le hacen creer que está bajo la mira de una organización criminal y, en ocasiones, le aseguran que un francotirador la observa y está listo para actuar si mueve el vehículo o busca ayuda.
Luego la obligan a permanecer en una videollamada y le solicitan los contactos de sus familiares o personas cercanas. Bajo amenazas y coacción, la víctima entrega esos datos, pero los delincuentes no le permiten cortar la comunicación.

Mientras mantienen a la persona bajo vigilancia telefónica, otros integrantes de la organización contactan a sus allegados y les dicen que está secuestrada. Después exigen depósitos y amenazan con torturar o matar a la supuesta víctima si no reciben el dinero.
Aunque algunos han logrado detectar la estafa a tiempo, otros han caído en el engaño y entregado millones de colones a estos grupos delictivos.
En enero del 2024, el entonces diputado Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista, relató el caso de un primo suyo que recibió una invitación para trasladarse a un punto de Guanacaste y atender a unos supuestos clientes.
Cuando se encontraba en una zona aislada, recibió un mensaje en el que le advertían que había ingresado a un “anillo de seguridad del cartel Jalisco Nueva Generación” y le ordenaban no bajarse del vehículo porque le estaban apuntando.
Después, mediante un enlace fraudulento, los delincuentes hackearon su teléfono y accedieron a su directorio de contactos. Con esa información llamaron a varios familiares, incluido el diputado, para exigir dinero por la liberación del supuesto secuestrado.
Inteligencia artificial para suplantar voces
Los secuestros virtuales forman parte de un conjunto de modalidades que aprovechan la tecnología para engañar y extorsionar. María Isabel Manjarrez, investigadora senior de Seguridad de la firma de ciberseguridad Kaspersky, explicó que los fraudes pasaron del phishing, que consiste en suplantar identidades mediante mensajes de texto o correos electrónicos falsos, al vishing, en el que el engaño se ejecuta mediante llamadas o mensajes de voz.
Para ello, explicó en entrevista con La Nación, los delincuentes capturan una grabación de la voz de una persona a partir de audios disponibles en redes sociales y luego utilizan inteligencia artificial para transformarla en un mensaje en el que parece pedir ayuda o dinero porque sufrió una emergencia o está secuestrada.
Posteriormente, comparten ese audio con los familiares y allegados para extorsionarlos y exigir dinero a cambio de una supuesta liberación.
Manjarrez indicó que, en Latinoamérica, cada usuario de telefonía recibe, en promedio, entre 13 y 15 llamadas de spam y tres llamadas fraudulentas por mes.

La utilización de inteligencia artificial también ha sido advertida fuera de la región. En diciembre del 2025, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) alertó sobre la manipulación de fotografías mediante estas herramientas para utilizarlas como falsas pruebas de vida en secuestros virtuales. En ese país también se detectó el uso de tecnologías para suplantar voces.
Aunque las autoridades costarricenses no reportan que esas modalidades se hayan manifestado aún en el país, sí han identificado el uso de herramientas digitales para preparar los engaños. Entre ellas figuran los mapas satelitales, que permiten a los delincuentes determinar con precisión dónde citar a sus víctimas.
Una vez que las conducen a lugares alejados, los mapas les sirven para describir el entorno como si estuvieran físicamente en el sitio. De esa manera, refuerzan la intimidación y hacen más creíble la amenaza.
Manjarrez agrega que los estafadores se aprovechan de las emociones y de una falsa sensación de urgencia. “Deposítame ahora”, es la frase favorita de quien quiere robar dinero, o “no me cuelgues” y esa debería ser la bandera roja (red flag) de un usuario entrenado, para dudar de si la llamada es real o fraudulenta.
Según explicó Jorge Retana Mora, oficial de investigación de la Sección de Delitos Varios del OIJ, para ejecutar los secuestros virtuales, los delincuentes también recurren a personas que facilitan sus cuentas bancarias para recibir el dinero de las extorsiones.
En otros casos, los investigadores han detectado que los estafadores solicitan depósitos en cuentas de empresas que captan remesas y envían los fondos a otros países.

Entrenamiento para estafar
El fiscal de Ciberdelincuencia, Miguel Ramírez, advirtió que los grupos criminales no solo incorporan herramientas tecnológicas, sino que también capacitan a quienes participan en estas actividades.
Los estafadores se someten a lo que el fiscal describió como “escuelitas tecnológicas de muy alto nivel”.
“Al igual que estamos preparando fiscales y compañeros del OIJ, ellos también preparan gente”, dijo.
El funcionario explicó que esa preparación no se limita a los secuestros virtuales. También abarca a quienes cometen estafas mediante criptoactivos, llamadas, mensajes y otros mecanismos. Las personas dedicadas a estas actividades manejan conocimientos tecnológicos y de monedas virtuales para realizar transacciones internacionales. Incluso, algunas hablan varios idiomas.
En países de África y Asia, los grupos delictivos reclutan personas bajo condiciones de esclavitud, las entrenan y luego las ponen a trabajar en centros de llamadas desde los que ejecutan estafas en diferentes países.
En América Latina, ese nivel de sofisticación todavía parece no haberse extendido, aunque Ramírez considera que la región debe prepararse. En Costa Rica, agregó, los estafadores reciben una preparación similar a la de quienes participan en homicidios y otras actividades del crimen organizado.
Según datos divulgados por Kaspersky durante la Semana de Ciberseguridad, realidad en Salvador de Bahía, Brasil, la semana pasada, en ese entrenamiento están involucrando, cada vez más, a menores de edad.

El reto de investigar y recientes avances
La evolución de estos delitos también plantea desafíos para las autoridades. Ramírez señaló que cada país tiene su propia legislación sobre protección de datos y que esas diferencias pueden dificultar el rastreo de organizaciones internacionales que cometen delitos en Costa Rica.
El país ratificó en abril de este año el Segundo Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia y se convirtió en la cuarta nación del mundo en aprobar ese instrumento. La medida facilita la cooperación internacional para obtener evidencia electrónica y fortalecer las investigaciones.
Según el fiscal, el protocolo permite agilizar el acceso a información de proveedores de servicios sobre actividades delictivas que ocurren en distintas partes del mundo. También facilita el intercambio de información entre los países del Consejo de Europa, que, según indicó, son 82.
La necesidad de fortalecer las investigaciones coincide con el volumen de denuncias por delitos informáticos que recibe el OIJ. Los reportes por estafa informática comenzaron a aumentar después de la pandemia, aunque este año muestran una disminución.
Entre el 1.° de enero y el 29 de octubre del 2026, la Policía Judicial contabilizó 7.405 denuncias por estafa informática a clientes bancarios en todo el país. La cifra representa una caída del 53,8% frente a las 16.052 registradas durante el mismo periodo del 2025.
Para Ramírez, la reducción responde a los esfuerzos de prevención y educación de la población, así como a la maduración del trabajo realizado durante seis años por las autoridades.
El fiscal también destacó las inversiones de las entidades financieras en sus sistemas de protección. Consideró que esos esfuerzos deben mantenerse para resguardar los datos de los clientes y evitar que lleguen a manos de grupos organizados que puedan utilizarlos para cometer delitos.
Colaboró en esta información la periodista Vanessa Loaiza.
