EscucharEl magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Bolaños Céspedes, usó su cargo para lograr un contrato con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
La contratación del jurista, especialista en derecho laboral, era para que la entidad se defendiera en los tribunales de trabajo o en casación (Sala II) de 53 demandas de empleados que reclaman el pago de anualidades no reconocidas desde el 2003.
Según consta en el acta 93 de la Junta Directiva de Jupema si la institución llegara a perder estas demandas el costo sería de aproximadamente ¢3.000 millones.
En el contrato del 20 de setiembre del 2011, Bolaños prometió hacer una labor de “convencimiento en el ambiente jurídico nacional” sobre los intereses de Jupema.
De acuerdo con el acta original de la sesión de Junta Directiva de Jupema del 13 de setiembre del 2011, al hacer su oferta de trabajo Bolaños rogó a los directores “tener la discreción del caso porque podría malinterpretarse”.
De seguido les dijo: “Soy magistrado suplente de la Sala Segunda y como tal, tengo contacto con los magistrados y los letrados que en muchas ocasiones ven estos asuntos y mi idea sería conversar con algunas de estas personas para crear una especie de estado de conciencia...”
Sin embargo, este último ofrecimiento de Bolaños fue suprimido del acta original, pese a que en la sesión del 20 de octubre del 2011 varios directores de Jupema se quejaron de la modificación y así consta en el acta 118 de esa fecha.
En la cita, los trabajadores lo criticaron porque, según ellos, el contrato se prestaba para hacer
En la carta de renuncia dirigida al director ejecutivo de Jupema, Roger Porras Rojas, Bolaños señaló que “el contrato ha dado pie a una opinión interna dentro de la institución, según la cual mi contratación incluye una especie de compromiso de realización de
Una semana antes de renunciar, Bolaños recibió ¢1,2 millones de Jupema por dos escritos que fueron presentados a los tribunales. Los escritos los redactó Bolaños, pero fueron presentados en tribunales por el apoderado de Jupema, Édgar Durán, y el director ejecutivo, Róger Porras Rojas, respectivamente. Bolaños rechazó que usara su cargo para lograr el contrato. “Ellos solo se fijaron en mi trayectoria” reiteró .
“ ...cuando hablo de crear un estado de conciencia, me refiero a la posibilidad de conversar con algunas personas que intervienen en la administración de justicia y hacerles ver que, si bien es cierto un determinado caso se ha venido fallando de una manera, a la larga es el momento de replantearse esos elementos y empezar a verlo de otras manera”, respondió Bolaños al directivo Francisco Escobar cuando este le pidió aclarar la frase “formación de conciencia entre magistrados y letrados”.
En la misma sesión, Bolaños aseguró a los directores que algunos letrados e incluso los mismos magistrados con el afán de ganar tiempo, “... no revisamos los juicios nuevos, asumiendo que los vamos a resolver como siempre...”
La contratación del magistrado la aprobaron seis de los siete directivos de Jupema: Édgar Durán, Elvin Mora, Mercedes Hernández, Fidel González, Francisco Escobar y Alice Arguedas. Octavio Carrillo, secretario interino de la Junta Directiva votó en contra.
