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Un maestro que purgó una pena de seis años de cárcel por abusos sexuales volvió a la planilla del Ministerio de Educación Pública (MEP) sin que esa cartera se enterara del proceso penal.
Al educador, de 42 años, lo despidieron por abandonar su trabajo, cuando en realidad estaba encarcelado en el centro penitenciario La Reforma, Alajuela.
Ahí descontó cuatro años de cárcel por abusos deshonestos y dos por estupro (relaciones sexuales con persona menor), informó el Ministerio de Justicia.
Meses después de salir de prisión -en el 2004- y pese a la gravedad de sus antecedentes, el MEP lo reclutó en forma interina para ocupar, hasta el 15 de diciembre pasado, una plaza en un centro educativo de Limón.
Aún si el MEP hubiera tenido conocimiento de sus antecedentes delictivos, es imposible saber si eso habría incidido o no en su contratación.
Por un lado, el viceministro de Educación, Wilfrido Blanco, asegura que el Ministerio hace esfuerzos para evitar la contratación de educadores con antecedentes por delitos sexuales.
Por el otro, el jefe de despacho de esa cartera, Irving Mathew, señaló que no existe norma alguna que impida a un exconvicto solicitar su reingreso al Magisterio.
Plazas. Blanco comentó que las medidas para prevenir la contratación de maestros con antecedentes se han endurecido desde que en setiembre del 2005 la Policía arrestó en Zarcero a un maestro de Artes Industriales.
Sobre él pesaba una condenado en firme de 16 años de cárcel por violación.
A raíz de ese caso, el MEP pide a a los nuevos educadores una hoja de delincuencia para incluirla en su expediente patronal.
La hoja de antecedentes solo consigna sentencias y no casos judiciales en trámite.
"Es una situación difícil; hay un vacío legal que es muy difícil de controlar. Por lo grande del sistema y por la falta de información (judicial) ingresa gente (al MEP) con antecedentes", reconoció Blanco.
Caso del educador. Al maestro de la provincia de Limón, la Sala de Casación le confirmó, el 22 de agosto de 1997, la pena impuesta por abusos.
El docente alegó que la víctima ingresó a su carro de forma voluntaria y que tenía un cuerpo bastante desarrollado para su edad.
Además, sostuvo que nunca le rompió la blusa, sino que tan solo le estiró el cuello.
"Cierto es que la declaración de la víctima constituye el sustento principal del ilícito (...), pero existen otros indicios graves, entre ellos la presencia de las lesiones que la primera -la muchacha- señaló en relación con el ataque del que fue objeto", indicaron los jueces en el fallo.
Al educador lo detuvieron en su lugar de trabajo, una escuela en el cantón de Siquirres.
El 24 de mayo del 2004, mediante un proceso administrativo, el MEP le revocó el nombramiento por "abandono laboral".
"De haber tenido conocimiento de la condena, lo que cabía era una gestión de despido motivada en los hechos del fallo", dijo Mathews.
La dirección regional del Caribe defendió la contratación del educador al decir que cumplía con los requisitos de ley. Colaboró la corresponsal Laura Iglesias
