EscucharEl Juzgado Penal del I Circuito Judicial de Limón ordenó la liberación de dos de los 18 imputados en el caso Petro Coca, de apellidos Méndez Contreras y Arrieta Reyes. Ellos se mantendrán con medidas cautelares como firmar semanalmente, prohibición de salida del país y mantener un domicilio y empleo fijos.
Este caso es considerado como el mayor robo de combustible de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en la historia de Costa Rica, y al que se le dio nivel de crimen organizado.
La liberación provocó el reclamo de Recope y la presentación de un recurso de apelación por parte de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.
“En una nueva audiencia que deberá señalar el Tribunal Penal de Limón, el órgano acusador solicitará que se revoque la resolución y volverá a insistir en la necesidad de que ambos imputados permanezcan en prisión preventiva”, destacó un comunicado enviado por la Fiscalía.
Recope, por su parte, señaló que esta decisión fue tomada “a pesar de que existen pruebas sólidas, múltiples decomisos y más de ¢5.000 millones en pérdidas económicas derivadas de la actuación de estas bandas criminales".
“¿Qué mensaje estamos enviando a los grupos criminales? ¿Cómo se protege la integridad del país si los responsables de delitos con este nivel de afectación son liberados bajo condiciones mínimas?“, afirmó Karla Montero, presidenta de Recope.
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¿Por qué se dio la liberación?
De acuerdo con la Fiscalía, los abogados de los imputados pidieron el cambio de medidas cautelares por “un supuesto cambio de circunstancias”.
Dentro de los argumentos, se ofrecieron una expectativa laboral y cauciones reales (popularmente conocidas como “fianza”), entre estos un inmueble valorado en ¢95 millones perteneciente a una funcionaria de Recope.
Otro de los alegatos de la defensa fue que, al día de hoy, sus representados siguen percibiendo los salarios de Recope. Esto, adujeron los abogados, significa que no se encuentran suspendidos de sus cargos a nivel administrativo.
Una de las personas que permanece en prisión es Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, un empresario pesquero que figura como uno de los presuntos líderes del robo.
En contexto: ¿qué es el caso Petro Coca?
Durante el 2023 y el 2024, los implicados, unas 18 personas, habrían utilizado una finca de Recope y otras propiedades en Moín para instalar tomas ilegales en el poliducto que se ubica entre la línea marítima de la Refinería y los barcos petroleros.
Posteriormente, al parecer, los hidrocarburos eran vertidos en tanquetas y estañones, para finalmente ser trasladados a otras zonas por medio de autobuses, vagonetas, vehículos livianos y camiones. El perjuicio económico se estima en ¢5.000 millones en dos años.
Solo entre octubre de 2023 y marzo de 2024, se decomisaron más de 127.000 litros de combustible en diferentes operativos. Además, se detectaron túneles clandestinos, tomas ilegales y transportes ocultos de gasolina dentro de propiedades privadas.
El 10 de diciembre del 2024, la Fiscalía dirigió 38 allanamientos y logró la detención de 12 imputados implicados con el robo de combustible en Limón. Seis quedaron en prisión preventiva y el resto se ha mantenido cumpliendo otro tipo de medidas cautelares.
A los implicados que fueron liberados se les atribuyen los delitos de legitimación de capitales, robo de combustible, daño al sistema nacional de combustible, transporte y distribución ilegal de combustibles derivados del petróleo o sus mezclas, receptación de combustibles derivados del petróleo o sus mezclas, y favorecimiento ilegal de combustibles derivados del petróleo o sus mezclas.
