“Al revisar su teléfono celular pudo encontrar que por medio de los grupos de estudio le envían amenazas, se burlan de él y le toman fotografías sin su consentimiento para luego burlarse”.
Así se describe en un expediente judicial el martirio que un adolescente sufrió por meses al ser víctima de bullying por parte de otros alumnos de un colegio público de una populosa barriada al sur de San José.
La denuncia que tramita la Fiscalía Penal Juvenil y la sección especializada en esa materia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detalla que al menor “le dan cachetadas, puñetazos, lo escupen, lo insultan y lo amenazan para que no diga nada”.
Este y otros casos consignados en denuncias a las que La Nación tuvo acceso, ilustran distintas formas de violencia que enfrentan adolescentes dentro y fuera de las aulas: amenazas de agresión física, hostigamiento por discapacidad, anuncio de peleas y la difusión no consentida de imágenes íntimas entre compañeros de colegio.
En uno de esos casos, que se tramita por contravención de provocación a riña, tres alumnas de un liceo en San José se presentaron el 27 de marzo anterior en la casa de una estudiante de sétimo, cuando la menor estaba sola. Una de ellas, quien cursa el octavo año, le propuso “agarrarse a golpes”.
La víctima en su declaración manifestó: “Yo le indiqué que habláramos las cosas, pero ellas me dijeron que hasta que llegara mi mamá a la casa”. Cuando la progenitora llegó, las tres estudiantes expusieron “cosas que les molestaban” de la ofendida “y llegamos a un acuerdo de no generar problemas”. Aun así, la afectada interpuso la denuncia ante las autoridades como medida preventiva, “en caso que quieran provocar represalias”.
Burlas por discapacidad
Para una adolescente con discapacidad en la pierna izquierda, tener esa condición le valió ser objeto de burlas y tratos denigrantes. La alumna de un colegio capitalino, denunció que compañeros “la imitan en su modo de caminar, lo que ocasiona que se moleste”. El hostigamiento llegó a tal punto que se regó el rumor de que una estudiante la esperaría a la salida para agredirla físicamente.
Según la denuncia, por el delito de amenazas personales, la joven llamó a su abuelo para que la recogiera antes de tiempo, por miedo a ser atacada.
En otro caso, la madre de otra menor denunció el 20 de enero que diez días antes su hija fue agredida físicamente de noche por una adolescente. “La agresión fue con la mano. El problema como tal, viene desde hace tiempo. Se le acusó a mi hija falsamente, de que anda detrás del novio de” (se omite el nombre), declaró la mujer.
El documento señala además, que el novio de la presunta agresora “andaba esa noche en la zona portando dos armas blancas”.
Difusión de imágenes
Uno de los hechos más graves ocurrió en agosto del año pasado a una estudiante cuyas imágenes íntimas fueron difundidas sin su consentimiento entre compañeros del centro educativo. La adolescente denunció que el material, que había compartido de forma privada con un compañero, terminó circulando entre otros estudiantes.
De acuerdo con la narración de hechos, el presunto responsable habría usado un segundo dispositivo para capturar las imágenes y evadir las alertas de la aplicación de mensajería por donde se comunicaban y que notifica cuando alguien toma una captura de pantalla. “Él me pareció bonito, entonces lo agregué en mi red social de Snapchat”, detalló.
La joven siguió su relato al precisar cómo inició el intercambio de mensajes. “Recuerdo que él me pidió una fotografía desnuda de cuerpo completo y yo se la mandé”, dicha imagen omitía el rostro de la denunciante.
El testimonio de la víctima precisa que al día siguiente ocurrió la misma situación y al sentirse en confianza accedió a enviar una segunda imagen. Sin embargo, días después el mundo se le vino encima a la menor, cuando supo que las fotos circulaban en los teléfonos de otros compañeros.
Pese a saber lo que ocurrió, la adolescente tardó meses en denunciar porque “me daba mucha vergüenza”, declaró ante las autoridades.
Expertos consultados por este medio, coinciden en que estos casos que se mantienen en investigación, tienen como factores comunes que las víctimas tardan en denunciar por vergüenza o miedo, que los presuntos agresores operan tanto en espacios públicos como el colegio o en plataformas digitales.
Sofía Cordero, psicóloga del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), explica que el papel de los padres o adultos responsables de los menores es fundamental para que hagan una escucha adecuada. “Porque a veces no tenemos las respuestas a todo, pero sí es importante que los niños y adolescentes sepan que cuentan con un espacio en casa donde me pueden escuchar”, dijo la funcionaria.
Adalid Medrano, abogado experto en delitos informáticos, resalta el acompañamiento que deben dar los padres de familia a los menores en el uso de dispositivos móviles, “ya que existe responsabilidad civil y penal por los daños que estos puedan ocasionar con sus actos".
El litigante precisa que el Código Penal contempla sanciones por distintos delitos informáticos y por los relacionados con la pornografía infantil. “En este sentido, debe tenerse presente que la tenencia, fabricación y difusión de material pornográfico en el que aparezca una persona menor de edad se sanciona penalmente”, dijo al mismo tiempo que añadió “que la norma no deja de aplicarse por el hecho de que no se observe el rostro del menor”, concluyó.