La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, expresó este martes que los recientes acontecimientos judiciales en Costa Rica, aunque convulsos, representan un avance para el Estado de derecho y la rendición de cuentas, incluso entre figuras de alto rango político.
En un mensaje público, incluso hizo referencia al caso de Celso Gamboa Sánchez, a quien ella nombró viceministro de Seguridad durante su mandato (2010-2014).
“Por las noticias que leo a la distancia, esta semana ha sido convulsa para Costa Rica, pero las implicaciones son positivas para nuestro Estado de derecho”, expresó Chinchilla en una publicación en redes sociales.
Agregó que los hechos evidencian que “nadie está por encima de la ley” y que “todos deberán rendir cuentas por igual, adentro o fuera del país”.
El pronunciamiento se dio un día después de conocerse que Gamboa Sánchez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, exministro de Seguridad y exfiscal adjunto, enfrenta un proceso de extradición hacia Dallas, Texas, por presunto tráfico internacional de drogas, a solicitud de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).
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Durante el gobierno de Chinchilla, Gamboa también dirigió la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), antes de ser fiscal adjunto y luego magistrado de la Sala Tercera.
Junto con Gamboa, fue detenido este lunes Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, un exconvicto sentenciado en 2014 por narcotráfico.
Ambos se convirtieron en los primeros costarricenses cuya extradición se gestiona con base en la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, aprobada el 15 de mayo, la cual permite entregar a ciudadanos nacionales acusados por delitos de narcotráfico o terrorismo fuera del país.
Chinchilla también hizo alusión a la nueva acusación formulada esta semana por el Ministerio Público contra el presidente Rodrigo Chaves y miembros de su equipo de campaña.
Este 23 de junio, la Fiscalía acusó a siete miembros de los Supremos Poderes, incluidos el presidente Chaves y la diputada Pilar Cisneros, por presuntos delitos electorales relacionados con dos supuestas estructuras paralelas que financiaron la campaña electoral del 2022.
Según la exmandataria, ambos casos —la solicitud de extradición y la acusación penal— reafirman la necesidad de que la justicia actúe sin privilegios.