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El Juzgado Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, en Pavas, ordenó el cese de todas las medidas cautelares que pesaban sobre el estadounidense Edward Ringle, investigado por presunta trata de personas en perjuicio de una exempleada de apellido Fiaño, a quien reprendió por, presuntamente, haber presentado una “denuncia temeraria”.
El fallo fue dictado el 23 de julio del 2025 y posteriormente ratificado por un Tribunal de Apelación, dentro de la causa 24-000033-1321-PE. La resolución, firmada por la jueza Marjorie Ramos Araya, cuestiona no solo lo actuado por la Fiscalía, sino también la versión de la ofendida, ya que, para el juzgado, la defensa del investigado aportó prueba que contradice el relato de una mujer supuestamente sometida a servidumbre o agresiones. El hombre había sido detenido en abril del 2025 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
La jueza calificó la acción de la presunta víctima como una “denuncia temeraria en contra del imputado” y señaló que, en su criterio, las motivaciones reales detrás de la acusación estarían relacionadas con el patrimonio del encartado: “pareciera que es motivada propiamente por la buena situación financiera que goza el imputado”.
Ramos indicó que la prueba aportada por la defensa del extranjero mostró que Fiaño, la exempleada, viajaba libremente a Estados Unidos para visitar a su pareja sentimental, e incluso utilizaba millas de la tarjeta de crédito del norteamericano Ringle para comprar boletos de avión. El fallo describe a la denunciante como “una mujer independiente, empoderada y con recursos económicos para viajar”.
Independencia comercial
De acuerdo con la resolución, la denunciante Fiaño figuraba como gerente de la sociedad Luxxo Group International S.R.L., ubicada en una propiedad del imputado en Santa Ana y contaba con cuentas bancarias propias y firmas autorizadas en las cuentas de Ringle.
La jueza concluyó que “su vulnerabilidad económica es creada solo en la mente de la denunciante”. Añadió que la ofendida firmaba correos electrónicos como “Daniela Ringle”, haciéndose pasar por esposa del empresario, conducta que, según la resolución, “nunca podría observarse en una persona víctima o sometida a tratos crueles”.
Según el fallo, la denunciante contactó voluntariamente al imputado a través de un anuncio en Craigslist, al que calificó como “la oportunidad de su vida”, y Ringle habría intentado ayudarla con su estatus migratorio mediante un contrato laboral simulado.
“La ofendida parece estar utilizando el sistema judicial a su favor y en perjuicio de una persona adulta mayor, que en grado de probabilidad es víctima de explotación por parte de la ofendida”, señaló la jueza.
Reproche al Ministerio Público
La resolución también cuestiona la actuación de la Fiscalía, a la que reprochó solicitar una prórroga de cuatro meses en las restricciones contra Ringle sin verificar los nuevos elementos aportados por la defensa. “Es importante recordar el principio de objetividad del Ministerio Público, y ahondar más en la investigación antes de continuar pidiendo una prórroga de una medida cautelar”, indicó Ramos.
La juzgadora consideró que el arraigo de Ringle en el país está demostrado por sus propiedades de más de 15 años, tiene dos hijas y calificó de inaceptable restringir la libertad de tránsito del imputado sin pruebas sólidas: “De ahí la relevancia de primero investigar bien y después solicitar medidas y no al contrario”.
Sobre el argumento fiscal de que las circunstancias del caso no habían variado, la jueza resolvió que “esa argumentación es una falacia, pues sí han cambiado las circunstancias y en forma diametralmente opuesta”. Así lo indicó al declarar la cesación inmediata de todas las medidas restrictivas.
Fiscalía apeló
La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes respondió que “tras la resolución del Juzgado Penal del Tercer Circuito de San José, la cual dejó sin efecto la totalidad de las medidas cautelares, la fiscal a cargo de la investigación no compartió el criterio e interpuso de manera oportuna el recurso de apelación”.
El ente acusador agregó que la apelación “se fundamentó en que no se había realizado una correcta valoración integral del delito de trata de personas ni del concepto de servidumbre (según la Ley 9095). Asimismo, se apeló a que no se valoró adecuadamente el peligro procesal de obstaculización”.
Tribunal de Apelación declaró sin lugar
El recurso fue conocido por el Tribunal de Apelación de la Sentencia que lo declaró sin lugar y confirmó la decisión del Juzgado Penal. “Ante esta instancia, el Ministerio Público no tiene la posibilidad de presentar un nuevo recurso de apelación”, informó el ente acusador, según el cual “la causa se mantiene activa con las diligencias útiles y pertinentes para concluir la investigación, la cual se realiza de manera objetiva”.
La Nación intentó citar alguna declaración de la denunciante; sin embargo, no fue posible localizarla. Además, por tratarse de un delito de acción pública, es la Fiscalía la que lleva el caso de oficio.
Versión de la defensa
El abogado Raimundo Pérez, defensor de Ringle, relató que su cliente fue detenido en el Aeropuerto Juan Santamaría tras una denuncia en la que la presunta víctima señalaba haber sido ultrajada sexualmente y sometida a trata de personas y esclavitud laboral y sexual, e incluso aportó una fotografía de un supuesto lugar de cautiverio.
“Con esta denuncia, y sin que la Policía Judicial hiciera grandes esfuerzos investigativos, detienen al señor Ringle y le gestionan medidas cautelares por cuatro meses, que incluían la entrega del pasaporte y el impedimento de salida del país”, afirmó el defensor.
Según Pérez, durante ese período, la defensa reunió prueba que contradijo la versión de la denunciante, entre ella que recibía un salario como jefa del personal de la vivienda de Ringle, encargada de pagarle a los empleados de la casa, y que viajó varias veces a Estados Unidos y a su país de origen, Argentina, en el período en que dijo estar sometida a esclavitud.
“Tal fue el grado de prueba de descargo que hizo llegar la defensa al expediente que, en la audiencia para revisar la medida cautelar, la jueza que conoció el caso se sorprendió”, aseguró Pérez, quien añadió que la denunciante amplió posteriormente su denuncia para justificar algunas de sus afirmaciones, pero en su criterio sin aportar elementos nuevos.
‘Tienen que hacer su trabajo’
El propio Ringle cuestionó la forma en que se manejó su detención. “Puedo entender que, si una mujer llega a una delegación de policía y está golpeada, inmediatamente detengan a la persona que ella señala, pero cuando hay un caso en que la persona acusada no está en el país durante nueve meses, la Policía tiene tiempo más que suficiente para hacer la investigación correspondiente”, afirmó.
El estadounidense cuestionó que las autoridades tuvieran tiempo para arrestarlo públicamente, pero no para investigar antes: “Pudieron haberme arrestado cuando entré al país. Pudieron haberme arrestado en mi casa, pero me arrestaron en el aeropuerto, después de que les había dicho que me iba del país. Y eso hizo parecer que yo estaba huyendo”.
Ringle pidió que su caso sirva de precedente. “Quiero que el Gobierno de Costa Rica me dé la garantía de que nunca más van a arrestar a alguien, exhibirlo públicamente y destruir su reputación a nivel internacional sin haber investigado el caso”, dijo, a tiempo que añadió: “Esto no se trata de Ringle. Se trata de todos. Se trata de los turistas. Se trata de los costarricenses”.
