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El juicio por el femicidio de Miriam Lizinia Fernández Hernández, una joven madre asesinada a golpes en su vivienda en Cahuita, iniciará esta semana en el Tribunal Penal de Limón.
El crimen de Miriam ocurrió la madrugada del 27 de enero de 2025, cuando su entonces pareja, un sujeto de apellidos Núñez Montoya, de 38 años, la golpeó en varias partes del cuerpo, provocándole lesiones, hematomas y escoriaciones múltiples. Así la habría reducido a la impotencia.
Luego, utilizando un objeto contundente, el sujeto, en apariencia, le propinó a la mujer un golpe en la cara, que le provocó contusiones en la cabeza y un trauma craneocervical. Este fue el impacto que le causó la muerte, según explicó el Poder Judicial.
El debate se llevará a cabo del 24 al 26 de agosto. El primer día, a las 9 a. m., se leerá la acusación formulada por el Ministerio Público en contra del único sospechoso, por el delito de femicidio.
Miriam, de 32 años y madre de dos menores que entonces tenían 12 y 14 años, fue pareja de Núñez por aproximadamente seis meses.
Durante ese tiempo, la mujer habría vivido inmersa en un ciclo de violencia doméstica. Incluso, meses antes de su muerte, de acuerdo con el Poder Judicial, el sospechoso habría intentado matar a la mujer, pero no lo logró porque uno de los hijos de ella le lanzó una tabla de madera, “ocasionando que cesara con la acción homicida”.
Aunque ese día la agresión física se detuvo, el sospechoso habría insultado a la mujer. En octubre de 2024, tres meses antes del homicidio, Núñez habría vuelto a insultar a Miriam frente a su hija.
El sospechoso es conocido como Tesoro y desde el 2019 tenía antecedentes por maltrato, violencia contra las mujeres y robo simple.
Ella, por otro lado, había tenido a sus hijos con dos anteriores parejas y, poco antes del asesinato, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se los había retirado.
La oficina de prensa de esa entidad confirmó en ese momento que la hija de 12 años estaba viviendo con la abuela materna y el muchacho de 14 quedó con su padre biológico.
Lo anterior se debe a que la oficina regional de PANI detectó descuidos en perjuicio de los menores, como por ejemplo inasistencia a centros educativos, desatención médica, maltrato físico y abuso psicológico.
