La Sala Constitucional resolvió en favor de la surfista Andrea Díaz un recurso de habeas corpus y censuró a las autoridades que la detuvieron el 24 de junio en Tamarindo de Santa Cruz, Guanacaste, mientras ella protestaba en las calles por el cierre de playas y comercios costeros.

“Se ordena a las autoridades recurridas abstenerse de incurrir nuevamente en las actuaciones que dieron base a la estimatoria de este recurso. Se advierte que de no acatar esta orden incurrirán en el delito de desobediencia”, dice el voto N° 2020-14944, del 7 de agosto del 2020.

El extracto del fallo ya se hizo llegar a las partes, que ahora están a la espera del razonamiento completo para su respectivo análisis.

El voto de la Sala IV surgió por mayoría de los magistrados y no de forma unánime.

En otra parte de lo resuelto por el alto Tribunal se condena al Estado al pago de daños y perjuicios ocasionados con los hechos en que se basó esa declaratoria, “los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”.

Se ordenó a las autoridades abstenerse de incurrir nuevamente en las actuaciones como las que dieron base al recurso.

Según resume el habeas corpus, interpuesto por el exdiputado Otto Guevara, Andrea Díaz fue una de las promotoras de una manifestación en Tamarindo el pasado 24 de junio. Cuando la caminata había avanzado unos 800 metros, Díaz habría sido rodeada por oficiales de la Fuerza Pública, quienes la trasladaron primero a la delegación de Villarreal y luego a la delegación de Santa Cruz.

El recurrente alega que, una vez privada de libertad, le quitaron el teléfono celular a pesar de que la afectada aseveró que estaba hablando con su abogado.

El abogado Wálter Brenes, representante de la surfista detenida, se mostró este sábado muy complacido por el voto. Agregó que va a reclamar por daños y perjuicios para que Díaz pueda resarcir la situación vivida.

También denunciarán el caso ante el Consejo de Personal del Ministerio de Seguridad, para que el jefe de la Policía de Santa Cruz y eventualmente sus superiores sean investigados en materia disciplinaria por la detención contra la surfista, lo cual puede acarrear sanciones y hasta despidos.

“Yo lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias, cuando eso sucedió así lo manifesté y me mantengo en esa posición, porque el estado de Derecho hay que defenderlo independientemente de las condiciones sanitarias que vivimos. No podemos permitir que se pierda el control de lo que tanto ha costado construir”, dijo.

Insistió en que las actuaciones autoritarias no están permitidas y que la Policía no debe sobrepasar los derechos de las demás personas.

En lo civil estima que son tan responsables los policías como el Estado, que eventualmente deberá proceder con el pago económico por lo sucedido.

En el campo penal afirma que hubo abuso de autoridad y se valora acudir a esa instancia.

Acción tripartita

Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública, afirmó que la detención de Andrea Díaz se hizo bajo dirección funcional de la Fiscalía y con participación del Ministerio de Salud.

Por lo anterior, la Dirección de Apoyo Legal del Ministerio de Seguridad está a la espera de que se les haga llegar el voto completo para analizar en detalle cuáles son las razones de los magistrados.

“Claramente esto va a marcar la actuación de todas las instituciones involucradas con respecto a las manifestaciones. La Sala IV al final nos está ordenando atenernos a las razones de ese voto en lo que tiene que ver con manifestaciones y no es la primera vez que marca las líneas en ese ámbito“, afirmó Calderón.

Una vez que revisen las nuevas disposiciones, las darán a conocer a todas las diversas direcciones regionales del Ministerio.

Andrea Díaz fue pionera del surf femenino y ha ayudado a muchos niños y niñas de Guanacaste a incursionar en ese campo.

Sentimientos encontrados

“Son sentimientos encontrados, pero mayoritariamente de felicidad y tranquilidad al saber que todavía hay justicia y se aplica la división de poderes”, dijo Andrea Díaz.

Lo triste para ella es que hechos como estos llevan a condenas en las que el Estado debe responder con dineros que todos los costarricenses pagan con sus impuestos.

Afirmó que es una obligación de todos nosotros velar para que nunca se violenten los derechos constitucionales.

Calificó de abusiva la acción policial en su contra y otras que han ocurrido en los últimos días.

Nota del editor. En la primera versión de esta información se consignaron declaraciones del abogado Wálter Brenes, en las que asegura que se anularon las órdenes sanitarias en contra de la surfista, cuando lo correcto es que ese fue un voto salvado del magistrado Paul Rueda.