La Fuerza Pública dispone de tres días naturales para darle explicaciones a los magistrados de la Sala IV sobre la detención de una mujer surfista, quien participó este miércoles en una marcha en Tamarindo, en Santa Cruz de Guanacaste, en la que solicitaban la reapertura de las playas y el comercio costero.
Esto es lo dispuesto por los altos jueces, luego de acoger este jueves, para estudio, un recurso de habeas corpus interpuesto por Otto Guevara Guth, en defensa de la manifestante, identificada como Andrea Díaz Coto.
Según resume el habeas corpus, la mujer fue una de las promotoras de la manifestación en Tamarindo. Cuando la caminata había avanzado unos 800 metros, Díaz habría sido rodeada por oficiales de la Fuerza Pública, quienes la trasladaron primero a la delegación de Villarreal y luego a la delegación de Santa Cruz.
El recurrente alega que, una vez privada de libertad, le quitaron el teléfono celular a pesar de que la afectada aseveró que estaba hablando con su abogado.
Por lo tanto, Guevara sostiene en el recurso que a su representada se le privó ilegítimamente de su libertad y se le restringió el derecho de trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República y que los hechos expuestos violentan los derechos fundamentales de la tutelada.
Por esta razón, deberán responder a los magistrados, el director general de la Fuerza Pública, el jefe de la delegación de la Policía de Proximidad de Santa Cruz y el jefe de la subdelegación de la Policía de Proximidad de Villarreal.
En páginas de redes sociales, como Surfing Republica, se reprodujeron videos donde se observa la detención de Díaz. En los mismos se puede escuchar cuando los concurrentes gritan que se trata de un abuso de autoridad por parte de los oficiales de Fuerza Pública.
Origen de las marchas
La marcha de Tamarindo fue organizada para pedir una mayor apertura de las playas y los comercios locales en tiempos de pandemia, pues los manifestantes alegan que el cierre ha derivado en mayor pobreza en las regiones costeras.
Además de esta convocatoria, hubo protestas pacíficas en Puerto Viejo de Talamanca, Limón; así como en Santa Teresa de Cóbano, Jacó de Garabito y Manuel Antonio de Quepos, en Puntarenas.
En Santa Teresa, por ejemplo, también trascendió la detención de un joven, y, al igual que en Tamarindo, los presentes señalaron a la policía por presuntos abusos.
Guevara sostiene que al menos en la protesta de Tamarindo se respetaron los protocolos sanitarios, el distanciamiento social y se mantuvo un carril disponible para no entorpecer el tráfico.
Antes de que trascendiera que el habeas corpus fue acogido para estudio, La Nación consultó a la Fuerza Pública sobre estas detenciones y se indicó que el subdirector de ese cuerpo policial, Enrique Arguedas, se iba a referir a los hechos.
En un audio de un minuto, el oficial califica de “desafortunado”, que haya personas que insistan en manifestaciones presenciales para manifestar su descontento o ejercer presión respecto de las medidas sanitarias que se han establecido ante la pandemia de la covid-19.
“Nosotros como Fuerza Pública y como garantes del cumplimiento de las medidas sanitarias que se están interponiendo, pues debemos hacer una intervención, debemos de proceder con la notificación a estas personas de que están violentando alguna norma que se ha establecido, de los riesgos que están presentes en el desacato de esa norma y no solo el tema legal, sino de salud.
“En el caso de las personas que hagan caso omiso, como fue ayer (miércoles para los lectores) en una las manifestaciones, pues se pide dirección funcional ante la autoridad judicial y en este caso lo indicado fue la aprehensión de la persona y trasladarla a flagrancia para que enfrente el proceso judicial que se va a establecer”, declaró.
