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Para Max Sánchez Calderón, víctima de una supuesta tortura policial, la justicia no existe en Costa Rica.
Luego de que el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea se trajera abajo una sentencia contra tres policías por hasta parársele encima de sus testículos, el ofendido aseguró que es preocupante que se pretenda “encubrir” algo “tan grave”.
A lo que Sánchez se refiere es a lo que, según denunció, vivió el 8 de junio del 2013, cuando oficiales lo detuvieron en un bar, ubicado en El Guarco de Cartago. En la patrulla lo llevaban esposado y, en apariencia, desde ahí comenzaron a golpearlo.
Ya en la sede policial, lo vapulearon, le brincaron en su cuerpo, se le pararon en sus testículos y lo ofendieron verbalmente. Le provocaron la pérdida de conocimiento y le detonaron un proyectil de salva.
Luego, al parecer, lo llevaron a una zona montañosa, a dos kilómetros de la delegación, donde presuntamente lo agredieron hasta hacerlo perder de nuevo el conocimiento y lo abandonaron presumiéndolo muerto.
El caso fue a juicio y condenaron a cuatro policías a un año de cárcel por el abuso de autoridad; no obstante, en Apelación tres de ellos quedaron libres y solo uno deberá afrontar el juicio de reenvío para determinar nueva pena.
“Pienso que no hay justicia en este país”, reprochó el afectado.
Lo que más le preocupa a Sánchez es que, más allá del asunto penal, estos funcionarios, a quienes él considera culpables, sigan ejerciendo en el puesto policial, pues que la acción de despido en contra de ellos nunca se ejecutó.
“Son personas que carecen de las competencias y no son aptos para ejercer ese cargo”, recalcó Sánchez, quien agregó que esta “injusticia” no solo lo afecta a él, sino que también “está matando poco a poco” a su mamá, Mariliz Calderón.
