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El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea ratificó que el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), no debe pagarle daños a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por el caso de un préstamo finlandés para la compra de equipo médico, que se ejecutó entre el 2002 y el 2004.
La resolución la tomaron los jueces el pasado viernes, al rechazar una gestión de la Caja que pretendía anular la exoneración que había dictado el Tribunal Penal de Hacienda el 13 de mayo del 2015 y pedía que se volviera a realizar un nuevo juicio.
El empréstito finlandés fue por $32 millones y generó un proceso penal, pues el Ministerio Público acusó que funcionarios recibieron pagos indebidos al falicitar el crédito.
Al asunto judicial se le llamó caso Caja-Fischel. Hubo una parte civil y otra de carácter penal. En esta última está firme una condena contra el exmandatario Calderón a tres años de prisión con el beneficio de ejecución condicional por un lapso de cinco años. Esa pena, fue confirmada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el 11 de mayo del 2011 y es por un delito de peculado.
Igualmente, por esos mismos hechos recibieron igual sanción (tres años) Eliseo Vargas García, expresidente ejecutivo de la CCSS; un exdirectivo de esa entidad ya fallecido; el exgerente de modernización Juan Carlos Sánchez Arguedas, así como al expresidente de la Corporación Fischel, Wálter Reiche Fischel y al exgerente de O. Fischel R., Marvin Barrantes.
Asunto civil. La Caja en este proceso demandó a las personas antes citadas al pago de manera solidaria de $52 millones. Inicialmente el Tribunal Penal de Hacienda rechazó la gestión y ahora el Tribunal de Apelaciones ratifica el fallo anterior.
William Rodríguez, abogado de la Caja, dijo que va a esperar la redacción dell fallo integral, que se espera este listo en el mes de octubre, para determinar si presentan un recurso de casación.
Por su parte, el exmandatario Rafael Ángel Calderón dijo que esta decisión "lo tiene de plácemes" y en su criterio tendrá repercuciones en el asunto penal.
"Esta sentencia lo que esta diciendo: no hubo daño alguno al Seguro Social. No hubo sobreprecio. Los equipos médicos eran de la más alta calidad. En cuanto al sobreprecio y el daño esta contradiciendo la otra (la condena penal que lo sentenció). Moralmente esto es un triunfo doble. No solo la parte civil sino moralmente. Es el mismo Tribunal Superior Penal y ahora el Tribunal de Apelaciones señalando que no ha habido daño al patrimonio de la Caja, por lo tanto, no puede haber peculado", manifestó.
Consultado Calderón sobre si presentará una revisión a la sentencia penal dijo: "creo que esto daría pie; sin embargo yo no usaré esa vía, lo mío va avanzado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y prefiero seguir esa vía".
El exmandatario había impugnado esa sentencia penal en la Comisión alegando de que se violaron, al menos, 10 aspectos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Calderón alegó que en el caso Caja Fischel su participación fue como abogado y no como funcionario público. "Yo no era funcionario publico, inventaron un sobreprecio (...) pero si no hay sobrepecio no hay ilicito".
Por este mismo asunto el Estado ya había recuperado por concepto de daño social $9,3 millones, dinero que ingresó a las cuentas del Ministerio de Hacienda.
