El Tribunal de la Inspección Judicial descartó “maltratos o tratos inhumanos” en los entrenamientos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que forman los grupos especializados dedicados a seguimientos, vigilancias y a la protección de víctimas y testigos.
La conclusión la dieron a conocer los jueces, el pasado 28 de junio, tras analizar 24 quejas sobre acoso laboral, negligencia, incorrecciones en el ejercicio del cargo y omisión de comunicar faltas, que se siguió contra 9 oficiales de la Policía Judicial.
El principal reclamo fue por actuaciones de jefes, instructores, compañeros y psicólogos, durante un curso realizado el 15 de mayo del 2015, en la Universidad Earth, en Guácimo de Limón, en donde falleció ahogado el agente Jesús Andrés Vega Zúñiga, de 26 años, al intentar cruzar un canal muy lleno de agua.
El deceso ocurrió durante una práctica de posicionamiento con GPS en montaña.
Los integrantes del Tribunal, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Ana Lía Umaña Salazar y Ericka Quesada Salazar, declararon sin lugar las quejas, ordenaron que se archive el expediente y se levante cualquier medida cautelar en contra de los investigados.
La resolución debe ser analizada en el Consejo Superior del Poder Judicial, órgano que podría acatarla o pedir una ampliación, comunicó el Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial.

Antecedente. Esta pesquisa se abrió en mayo del 2015, luego de que la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) le pidió a la Corte Plena que indagara los supuestos maltratos que habían recibido los agentes del OIJ.
Incluso, José Martín Vega, padre del agente fallecido, aseguró a La Nación que su hijo le comunicó que no deseaba ir a la práctica en Guácimo, pues lo enviaban por una “sacada de clavo”. El joven también le mandó mensajes de texto a su novia diciéndole que lo obligaron a ir “solo por maldad”.
Jesús Andrés Vega ingresó al Poder Judicial el 10 de febrero del 2011 y cuando murió era agente de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (Uprov).
Debido a la denuncia, en junio del 2015, el Poder Judicial suspendió del cargo a cinco agentes, mientras que otros cuatro fueron trasladados de puesto.
Los suspendidos fueron el jefe de la Uprov, de apellido Reyes, el jefe de la Unidad de Vigilancia y Seguimientos (Uvise), de apellido Flores, y tres agentes de apellidos Castro, Roldán y Berrocal. En tanto los trasladados fueron de apellidos Mora (un hombre y una mujer), Marín y Zamora.
Hechos probados. El Tribunal de la Inspección Judicial en el voto N° 1026- 2016, luego de revisar documentos y prueba testimonial de oficiales de la Uprov, de la Uvise, así como de Michael Soto, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) de la cual dependen ambos grupos especializados, decidió exonerar a los implicados.
Para los jueces, en los entrenamientos no hubo castigos, sino ejercicios apropiados para el tipo de trabajo que debían desempeñar los oficiales.
“La parte física es indispensable en grupos tácticos y élites, porque tienen –en algunos casos– que levantar a los protegidos en sus hombros, de ahí la velocidad y fuerza. Un agente que no esté en buenas condiciones lo pueden matar, así como a sus protegidos, por eso es indispensable el ejercicio diario”, recalca el fallo.
Sobre la muerte de Jesús Andrés Vega, el Tribunal determinó el 11 de mayo del 2015, un día antes de salir para el curso en la Earth, este oficial llamó a Reyes y le comentó que no iba a asistir a la práctica pues no tenía dinero ni los implementos, pero acudió luego de que Reyes le consiguió todo lo que ocupaba.
Respecto al accidente en el canal lleno de agua, se dice que el grupo de agentes colocó una cuerda (amarrada a dos árboles) para pasar, pero Vega se “soltó de la cuerda sin explicación alguna y no pidió auxilio”. Otro agente, al ver la situación, se lanzó al agua, pero no pudo rescatarlo.
En el expediente consta un dictamen médico legal del 28 de junio del 2012, según el cual Jesús Andrés Vega negó padecer de asma bronquial e hipertensión.
