EscucharEl Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José anuló el sobreseimiento dictado por el Juzgado Penal de Hacienda en favor del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, a quien la Fiscalía acusó por el caso de los reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Esto, según dieron a conocer esta tarde voceros del Ministerio Público, implica la realización de una nueva audiencia preliminar en la que el ente acusador solicitará la apertura de un juicio.
Por el caso la Fiscalía acusó de peculado al exmandatario Rodríguez, a Cristóbal Zawadzki Wojtasiak (exjerarca del INS), a Álvaro Antonio Acuña Prado (exjefe de Reaseguros del INS), a Gilda Montes de Oca (esposa de Zawadzki), a Roxana Cordero Bogantes (esposa de Acuña) y a Rónald Bonilla Rodríguez (exjefe de Seguros del Instituto Costarricense de Electricidad). También a los funcionarios del ICE Antonio Corrales Moya y Ramón Lara Molinari.
El caso tiene que ver con dos asuntos: el aparente pago a exfuncionarios estatales por $2,1 millones, realizados por la reaseguradora londinense PWS entre 1998 y el 2002, y las presuntas comisiones y pagos de viajes otorgados por las empresas corredoras Guy Carpenter y Willis durante el 2001.
"Según se determinó en la investigación realizada en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, los imputados –en asocio con empleados del corredor PWS (empresa internacional corredora de seguros)– acordaron que a cambio de que la empresa fuera contratada por el Instituto Nacional de Seguros (INS) para colocar el reaseguro de una de las pólizas más onerosas de la región, ellos se prestarían para administrar recursos que se incluirían dentro de las primas (tarifas) pagadas por el INS. Lo anterior para luego trasladar el dinero a los imputados por medio de sociedades y cuentas bancarias ubicadas en entidades de Panamá, Estados Unidos y Costa Rica, así como por medio de cheques, pagos a tarjetas de crédito y entregas de dinero en efectivo", detalló la Fiscalía.
Los voceros del Ministerio Público agregaron que la suma recibida por los acusados fue de unos $3,4 millones.
"En la misma resolución (que anuló el sobreseimiento), el Tribunal mantuvo la declaratoria de prueba ilegal sobre la evidencia recabada en bancos internacionales. No obstante, el Ministerio Público considera que la acusación cuenta con otros elementos de prueba –suficientes y contudentes– para demostrar la culpabilidad de los imputados en un eventual juicio", asegura el comunicado de la Fiscalía.
Mediante sus voceros de prensa (la empresa Imacorp), la defensa del expresidente comunicó que tiene plena confianza en demostrar la inocencia de Rodríguez y la ausencia de actividad ilegal alguna de su parte.
"Como ha sido a lo largo de estos procesos, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría se manifiesta respetuoso de lo resuelto, pero con la firme convicción de que al final del mismo se demostrará que la acusación y querella están basadas en presunciones y hechos falsos que atribuyen conductas inexistentes y que finalmente determinarán una sentencia que lo exima de toda responsabilidad", explicaron en un comunicado.
La defensa agregó que no hubo una adecuada fundamentación por parte del Juzgado Penal al dictar el sobreseimiento, por lo que el expediente fue remitido de nuevo a esa instancia para que proceda a hacer una nueva sustanciación.
