EscucharEl Tribunal Unipersonal de Juicio de Sarapiquí, Heredia, absolvió al exdiputado Rigoberto Abarca Rojas de los delitos de usurpación de bienes de dominio público y aprovechamiento de recursos forestales en terrenos que son patrimonio natural del Estado.
La oficina de Información y Prensa del Poder Judicial comunicó que el juez Alexánder Salazar Chacón emitió la sentencia la tarde del martes.
Abarca, quien fungió como diputado en la legislatura 1998-2002 con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ya había sido condenado por otro caso en febrero del 2009, a cinco años de prisión por el delito de peculado al usar fondos públicos para la compra irregular de una finca.
En noviembre pasado recibió un beneficio carcelario y quedó en libertad condicional, pues debe terminar de cumplir la pena.
El debate. El juicio en Sarapiquí inició el lunes, cuando se conoció la acusación planteada por el Ministerio Público en noviembre del 2011, en la cual se atribuyó a Abarca el ocupar una finca ubicada en zona inalienable por estar en la línea fronteriza con Nicaragua y construir allí, mediante terceras personas, una edificación de madera.
El terreno se ubica en Caño Tambor, en el distrito de Cureña, cantón de Sarapiquí. La finca se encuentra en la margen norte de la carretera Juan Rafael Mora Porras, conocida como la trocha.
La acusación apuntó, además, que esa construcción fue levantada sin contar con los respectivos permisos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
En sus conclusiones, la fiscala Deybel Kerr Stevenson solicitó un año de prisión para Abarca por el delito de usurpación de bienes de dominio público.
Asimismo, pidió se le exonerara del delito de aprovechamiento de los recursos forestales en terrenos del patrimonio natural de Estado pues el hecho no fue demostrado en juicio, informó la oficina de prensa de la Fiscalía.
El abogado Néstor Gamboa Salazar, defensor de Abarca, dijo que el juez Salazar dictó la absolutoria al considerar que, aunque esas tierras son inalienables, el mismo Estado toleraba su uso por parte de particulares.
Gamboa agregó que, de acuerdo a las conclusiones del juzgador, en el debate se constató que Abarca tiene un plano catastrado del terreno desde 1994, el cual fue visado por el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Desarrollo Agrario, hoy llamado Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
“Con eso se demostró que no hay mala fe por parte del poseedor, que era el señor Abarca. No había pruebas para condenarlo por usurpación”, resaltó.
El abogado indicó que su cliente tomó el fallo tranquilo. “Sí tuvo que soportar una gran presión, dado que, si lo hubieran condenado, le habría complicado su situación. Va a seguir con sus actividades particulares”, apuntó.
