A lo largo de los años, Costa Rica se ha preocupado por recopilar grandes cantidades de información sobre su flora y fauna, y hacerla de fácil acceso al público.
Esas grandes bases de datos son útiles para investigadores, estudiantes y cualquier persona que desee conocer sobre la naturaleza costarricense, pero también son usadas por grupos criminales que tienen otros objetivos en mente: traficar vida silvestre para luego venderla a altos costos para la confección de bisutería o a coleccionistas de especies exóticas.
Así lo aseguró el jefe de la Sección de Biología Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), John Vargas Fonseca, en una conferencia de prensa el pasado 30 de agosto. Este departamento se encarga de identificar las especies que son traficadas, además de estudiar terrenos para investigaciones de delitos de cambio de uso de suelo o alteración de humedales.
Vargas explicó que la inversión que ha hecho Costa Rica, iniciada hace unos años con el trabajo del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) y que hoy continúa haciendo el Museo Nacional, le permite a cualquier persona saber cuáles especies existen en el país y adónde están.
“Usted entra a la plataforma del Museo Nacional, hace una búsqueda y le muestra el mapa, eso es de gran valor para los traficantes, para el mercado de coleccionistas que dicen: ‘quiero este espécimen, para conservarlo porque la especie va a desaparecer’”, apuntó.
“Le pide al traficante que se lo busque, el traficante en vez de escoger otros países donde la especie puede estar, pues viene a Costa Rica porque tiene toda la infraestructura y conocimiento de donde encontrarla”, añadió el biólogo, quien detalló que Costa Rica es especialmente atractiva por sus insectos.
Este fenómeno se da principalmente dentro del mercado de coleccionistas, aunque también existen mercados masivos de artesanías e incluso de investigadores que tratan de saltarse permisos y burocracia relacionada con la investigación científica. En el país también se persiguen especies exóticas vendidas como productos afrodisíacos, medicina tradicional o con fines gastronómicos, principalmente en Asia.
De acuerdo con las más recientes estadísticas divulgadas por el Ministerio Público, el número de denuncias por el trasiego y tráfico de vida silvestre pasó de 89 denuncias en el 2019 a 975 en el 2020, es decir, el incremento cercano al 1.000%. La Nación solicitó cifras más actualizadas desde el pasado 12 de setiembre, pero al cierre de esta publicación, no se obtuvo respuesta.
El reto de perseguir delitos ambientales con penas mínimas
Vargas aseveró que el gran reto de perseguir delitos ambientales es que dejan grandes ganancias, y al mismo tiempo sus sanciones son leves. Por ejemplo, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 prevé sanciones con días multa y penas de prisión menores a los dos años para las personas que intenten sacar del país ya sea flora o fauna, sin la respectiva autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
Mientras tanto, Vargas expuso que en una operación del OIJ, recuperaron una caja con 10.000 escarabajos con un valor aproximado a los $500.000 (más de ¢267 millones) al venderlos como artesanías. Asimismo, una mariposa colocada en Europa puede valer hasta 1.000 euros (¢574.000).
Esto atrae a grupos criminales relacionados con el narcotráfico, el lavado de dinero e incluso terrorismo, y convierten al delito medioambiental en la primera fuente de financiamiento de mafias internacionales, así como el cuarto delito más lucrativo en el mundo, según reportes de la Interpol.
“Es importante hacer ver a la población de que en realidad no estamos hablando de un delito menor, gracias a esa percepción de que es un delito menor, los recursos con los que usualmente se atiende son muy escasos”, dijo.
No es extraño que las autoridades descubran a extranjeros intentando salir del país con especies de vida silvestre ocultas en sus maletas. En diciembre pasado, un hombre neozelandés fue descubierto en el aeropuerto Juan Santamaría con moluscos marinos vivos metidos en envases.
Incluso, en junio del 2022, el OIJ intervino en tres tiendas de souvenirs ubicadas en el mismo aeropuerto, y otra en Playas del Coco, pues vendían insectos y mariposas incrustadas en resina.