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El relato de una testigo, unido al hallazgo de la jeringa y que en la manguera usada para el suministro de suero se encontrara potasio, fueron claves para condenar a 15 años de prisión a una auxiliar de enfermería pensionada.
Así lo dio a conocer ayer el Tribunal de Juicio de San José cuando sentenció a Ángela Barrantes Moreno, de 64 años, por el delito de homicidio simple en perjuicio de Lílliam Arias Prendas.
El crimen tuvo lugar el 7 de agosto del 2012, cuando la víctima permanecía internada en el salón Lara, ubicado en el cuarto piso del edificio de Medicina del Hospital San Juan de Dios, en San José.
Tras escuchar el fallo, Martín Vargas Gutiérrez, así como Joselyn y María Julia Vargas, esposo e hijas de la fallecida, coincidieron en afirmar que se hizo justicia en este caso y que esperan cerrar una “etapa de gran dolor”.
La fiscala Laura Hernández González consideró razonable el monto de la pena, aunque en conclusiones ella pidiera una condena de 25 años. Empero, advirtió de que esperará la sentencia completa para analizar si impugna la resolución. Mientras tanto, el defensor Sergio Múnera Chavarría dijo que cuando conozca todos los razonamientos, sabrá si cabe apelar.
Breve explicación. La presidenta del Tribunal, Ana Patricia Araya Umaña, dijo que para considerar como ciertos los hechos descritos en la acusación del Ministerio Público, utilizaron tanto la prueba testimonial como la pericial, sobre todo los informes médico-legales.
Precisamente, la Fiscalía atribuyó a Ángela Barrantes ingresar al hospital vestida de blanco, para simular ser enfermera. Ella llegó hasta el salón donde estaba la víctima a inyectarle cloruro de potasio –como lo declaró una testigo en juicio– y luego ir al baño de ese salón y botar la jeringa en un basurero.
La jeringa fue recogida por la Policía y en el laboratorio se determinó que contenía potasio, al igual que la manguera con que se le suministraba suero a la paciente.
Araya dijo: “Tenemos que hacer énfasis en que la defensa decidió mantener a doña Ángela (Barrantes) en silencio; de ahí que el Tribunal no pudo confrontar la hipótesis que mostró el Ministerio Público, para atenuar la pena o para pretender una calificación distinta.
”Optaron por el silencio y, como estrategia, simplemente hicieron un enfrentamiento (verbal) de la tesis fiscal, pero el Tribunal estaba limitado en esas consideraciones”.
Rechaza demanda civil. Paralelamente, el Tribunal de Juicio, integrado por Patricia Araya y los cojueces Rafael Segura Bonilla y Alberto García Chaves, rechazó la pretensión de la familia de Lílliam Arias de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) les pagara ¢500 millones.
Los jueces estimaron que esa gestión no tenía fundamento, porque “no basta con que una institución pública esté involucrada para pretender un resarcimiento millonario. Es que tiene que demostrarse esa vinculación entre la acción ilícita o anormal de la Administración Pública y que genere un daño”.
Patricia Araya consideró “absolutamente desproporcional” que la familia responsabilizara a la Caja, si durante el juicio se demostró que de manera verbal autorizaron a Ángela Barrantes para que ingresara al hospital a ver a la paciente Lílliam Arias.
