Siete sospechosos de, al parecer, traficar grandes cantidades de marihuana desde Jamaica, ofrecieron trabajar y usar tobilleras para que los dejaran en libertad mientras continúa el proceso penal.
La promesa la hicieron los miembros de una banda desarticulada en enero de este año en el Caribe sur, y que es lideraba por un pescador de apellidos Alfaro Bustamante, de 36 años, conocido como Press.
Pese al ofrecimiento de buen comportamiento, la jueza Xinia Montero Ramírez, del Juzgado Penal de Talamanca, Limón, rechazó la gestión para modificar las medidas cautelares en contra de estos hombres, que desde hace 10 meses descuentan prisión preventiva.
En su lugar, la jueza calificó de endeble el arraigo laboral y además argumentó que “el dispositivo de monitoreo electrónico (...) no viene a ser un medio eficaz para generar contención a los imputados (...) Las estadísticas demuestran un porcentaje importante de personas a quienes se les ha beneficiado con este instrumento y han incumplido con la medida".
Fundamentada en ese criterio, la juzgadora dispuso prorrogar la prisión preventiva durante un lapso de seis meses (vence el 30 de mayo del 2020) para seis hombres de apellidos Alfaro Bustamante, Bustamante Cerdas, Bustamante Mena, Alvarado Cook, Ceciliano Fonseca, Vargas Aguirre y una mujer apellidada Jiménez Bermúdez.
Estas personas fueron detenidas el pasado 29 de enero durante un operativo que se realizó en el cantón de Talamanca, Limón. Press, señalado como el líder de la organización, vivía rodeado de lujos en dos residencias, una Hone Creek y otra en Manzanillo.
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Durante el operativo se confiscaron $503.424 y ¢358.140.300 (ambas cifras suman ¢669 millones), cuatro vehículos: dos Toyota Prado, un Mercedes Benz y un Volkswagen Amarok. Este último es blindado, el cual, supuestamente, era utilizado por el líder para movilizarse. También había varias lanchas.
Además, fueron decomisadas 22 armas de fuego, municiones, cargadores, 22 kilos de marihuana, joyas (9 cadenas, 21 anillos, 7 pulseras), machetes, chalecos antibalas, esposas, radios de comunicación, pólvora, así como material utilizado para empacar droga, máquinas para pesar estupefacientes y otras para contar dinero.
Hechos imputados
El Ministerio Público atribuye a esta organización siete eventos, según se extrae de la resolución de la jueza Montero y se trata de los siguientes hechos:
1-. Decomiso de 1.235 kilogramos de marihuana en el mar Caribe. El hecho se dio entre el 3 y el 12 de abril de 2017. La hierba la pagaron con cocaína.
2-. Entre el 15 de octubre al 02 de noviembre de 2017. El grupo trasegó desde Jamaica y hasta el territorio nacional, al menos 125 kilogramos de marihuana.
3-. Decomisos de 454 kilogramos de marihuana que se hicieron entre el 17 y el 28 de noviembre del 2017.
4-. Días después del 15 de octubre del 2017, el grupo dio cocaína a personas desconocidas que en Jamaica la intercambiaron por 1.664 kilogramos de marihuana. Esta droga no llegó al país porque la decomisó en aguas internacionales el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos.
5-. Se decomisaron 13 gramos de marihuana el 16 de marzo del 2018 a un sujeto conocido como Chirriche en San Francisco de Dos Ríos, que la vendió un miembro de la banda.
6-.Entre el 19 y el 22 de setiembre del 2018 se decomisaron 465 gramos (media libra) de marihuana que era transportada en una vehículo en Limón.
7-. El 2 de diciembre del 2018, se decomisó en Limón una alta suma de dinero en efectivo, dos revólveres, bolsas para sellar al vacío y 68 gramos de aparente marihuana.
Argumentos y rechazo
Durante la audiencia de prórroga de medidas, que se realizó el 23 y 24 de noviembre en los Tribunales de Limón, los abogados defensores criticaron al Ministerio Público porque lleva 39 meses de investigación y todavía no termina la pesquisa.
Argumentaron que no se ha probado la participación de los imputados en los hechos delictivos, al tiempo que aportaron documentación y testimonios de personas que darían apoyo laboral a los imputados.
Al final solicitaron el cambio de prisión preventiva por otras medidas menos gravosas. Fue en ese momento en que varios imputados dijeron estar dispuestos a someterse a cualquier tipo de medidas para salir de prisión.
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La mujer Jiménez Bermúdez dijo: “Solicito cambio de medida para ver a mis hijos y trabajar desde mi casa (...) acepto el dispositivo electrónico para estar en mi casa. Tengo diez años como manicurista (...) pago tributación, para mi es un trabajo honrado, es mi pequeña empresa”.
En tanto, Bustamante Cerdas manifestó: “Mi persona se compromete con usted (la jueza) a cumplir con todo lo que usted mande”.
No obstante, la jueza Xinia Montero luego de analizar los argumentos determinó: “Las labores que presentan los imputados son endebles, son trabajos que no generan contención para que puedan sujetarse al proceso y es en virtud de ello que viene a determinarse que el peligro de fuga se encuentra latente”.
Por último, la juzgadora también externó sus críticas hacia el uso de las tobilleras.
“Las estadísticas demuestran que las personas a quienes se les ha beneficiado con este instrumento, han incumplido con la medida, siendo que continuaron con su actividad delictiva, les han causado daños en su buen funcionamiento, hasta destruirlos, para quitárselos. Todo esto con la finalidad única de evadir el proceso”.
