Para Valeria Salas, su vida tiene un antes y un después del 21 de febrero del 2016. Ese día se fue a trabajar no sin antes darle un beso a Manantial, su perrita french poodle de dos años y a quien veía como la hija que no tenía.

Sin embargo, al regresar a su casa, Manantial no estaba en la cochera. Entró a la casa, en San Pablo de Heredia, y tampoco la encontró. Desesperada, preguntó a vecinos si sabían algo y uno de ellos le contó que vio a un desconocido con un animal muy parecido en brazos.

“Nunca supe qué pasó. Lo único que sé es que me robaron a mi perrita, era como mi hija y no la volví a ver jamás. Lo más triste de todo es que uno piensa en qué le pudo haber pasado, en dónde estará y si tan siquiera estará viva”, lamenta profundamente Salas, de 32 años.

Ese dolor de perder a una mascota lo pasaron al menos otras 347 familias, quienes, desde enero del 2017 y hasta mayo del 2021, denunciaron ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la sustracción de animales que van desde perros y gatos hasta peces y aves.

Es decir, cada mes, siete familias acuden, en promedio, ante las autoridades por este delito.

Según las estadísticas de la Policía Judicial, en el 2017 se recibieron solo 45 denuncias, pero un año después esa cifra se duplicó (llegó a 91) y desde ese momento el comportamiento es similar: en el 2019 fueron 83, mientras que en el 2020 se reportaron otras 91.

Hasta el 12 de mayo de este año, la cifra alcanzó los 37; es decir, en tan solo los primeros cinco meses casi se igualó el dato registrado en todo el 2017.

La mayoría de esas alertas ingresaron en San José (81) y la menor cantidad en Cartago (21), apuntan los datos oficiales, los cuales también señalan a los perros como las principales víctimas.

Según la segregación de las estadísticas, tomando el total de 347 casos registrados del 2017 a mayo del 2021, 311 se dieron mediante hurto (es decir no hubo uso de violencia); 34, mediante robo y dos por medio de un asalto.

¿Más frecuente?

Antes de ahondar en el porqué de ese aumento, Cristian Luna, subjefe de la Sección de Hurtos del OIJ, prefiere explicar que no todas esas denuncias son por robo, sino que, más bien, la mayoría se da por hurtos; es decir, se trató de un descuido y no hay violencia.

De hecho, estimó que, en la generalidad, lo que ocurre es que la mascota (principalmente perros y gatos) huye de la casa y en ese momento un tercero la encontró desorientada y la acogió.

Se intentó conocer sobre cómo se da la sustracción de un pez, pero Luna indicó que, en los dos años que él ha estado al frente de esa sección, no ha visto un asunto de esta naturaleza por lo que no podría referirse a esto.

Entonces, aclarado ese escenario, Luna mencionó que ese incremento importante en las denuncias se da por dos razones: la primera es que desde hace unos años las personas adquieren animales de razas finas, lo cual los hace llamativos para los ladrones, quienes podrían hurtarlas.

La segunda, y más frecuente, es que al ser principalmente perros o gatos de raza, si alguien los encuentra es “muchísimo” más factible que acceda a llevárselo a su casa para evitarle pasar las penurias de la calle.

Es decir, recalcó el investigador, este tipo de sustracciones no se dan en su mayoría con dolo, sino que es algo más “casuístico”.

“Generalmente pasa que el animalito no lleva la identificación en collares, entonces la persona que se lo encuentra puede pensar que está perdido y lo recoge. Es algo muy casual, no es que entonces exista alguna banda que se dedique a esto”, señaló.

Por ello, para evitar estas situaciones, Rubén Rodríguez, presidente de la Federación Canina de Costa Rica (ACAN), invitó a los propietarios de animales a hacer un registro canino.

“Esta es la forma eficiente para dar título de propiedad sobre el perro y poderlo reclamar ante un eventual caso de estos, que aumentan cada vez. Lo que se hace es instalar un microchip subcutáneo al perrito, el cual tendrá un número único.

“Este se detecta por medio de un lector que tienen la mayoría de refugios y veterinarias (...) y se vuelve una buena forma de encontrar al perrito en caso de extravío”, señaló Rodríguez, quien agregó que se puede colocar a cualquier can, sin importar si es o no de raza.

Se intentó obtener criterio del Ministerio Público, pero indicaron que sus estadísticas no están desagregadas por el bien sustraído, sino por hurtos, robos o asaltos en general, por lo que brindar un criterio no sería sencillo.

Imputación de personas

Al hacer un breve análisis por las denuncias, el subjefe de la sección aseguró que, cuando una persona se acerca a interponer el reporte, es con la única intención de que la Policía encuentre a su animal y no así para judicializar a alguien por la sustracción.

“El objetivo nuestro es ligar personas que cometen delitos al proceso judicial. El recuperar el animal es un valor agregado que nos interesa mucho y en el que trabajamos mucho para darle una respuesta satisfactoria al usuario. Pero la prioridad es la formalidad y ligar al proceso a la persona que cometió el delito”, puntualizó Luna.

Por ello, esta investigación se la toman con la seriedad que merece y hacen todas las diligencias correspondientes para esclarecer el caso. “Vamos a la comunidad, hacemos censo vecinal, buscamos cámaras de seguridad y hacemos publicaciones por medio de nuestra oficina de prensa para que la comunidad nos ayude a ubicar”, dijo.

Generalmente, explicó, hay dos escenarios: el primero que quien tenga el animal vea las publicaciones del OIJ y se ponga en contacto con ellos; la segunda que lo haga por medio de las publicaciones que haga el dueño por medio de sus redes sociales personales.

En caso de que el usuario se haga acompañar de la Policía Judicial, cuando se haga el encuentro para la devolución, el OIJ decomisa el animal, verifica que sí se trata del correcto y lo devuelve en el acto a su dueño.

“También identificamos a la persona que lo devolvió, quien inmediatamente para nosotros se convierte en imputado por lo que no le hacemos ninguna entrevista de cómo ocurrieron los hechos, aunque espontáneamente nos suelen decir que lo encontraron”, dijo Luna, quien agregó que las investigaciones duran a lo mucho un par de semanas.

Debido a que ya el usuario del sistema se da por satisfecho con la devolución de su mascota, suele retirar la denuncia, pero, pese a eso, la Policía debe presentar de igual manera un informe al Ministerio Público.

“En los informes detallamos las acciones, imputamos a la persona y lo comunicamos a Fiscalía, pero, regularmente, cuando el usuario no quiere continuar con el proceso, el Ministerio Público desestima la causa”, concluyó.

Ofrecer recompensas es arma de doble filo

Si bien la mayoría de personas tienen buenas intenciones, no todas son así y por ello es que hay que tener cuidado y permitir a los agentes judiciales hacer su trabajo, una vez que les ingrese la denuncia, dijo Luna.

Pero, debido a que los dueños tienen la urgencia de volver a ver a sus animales lo más pronto posible, también colocan anuncios en redes sociales ofreciendo, en algunos casos, hasta altas recompensas de dinero, resaltó Luna.

Esa situación, insistió el subjefe, podría poner en alto peligro a las personas, ya que alguien podría aprovecharse de ese cariño que se le tiene a la mascota y convertirlo en víctima de otro delito.

Luna dijo que hay varios escenarios: el primero es que alguien efectivamente tenga el animal y le obligue a pagar más dinero del ofrecido.

El segundo es que la persona asegure tener el animal cuando en realidad no es así, lo cite en alguna parte para hacer la supuesta devolución y, más bien, lo asalte.

“La gente se aprovecha del cariño genuino que la población le tiene a sus mascotitas y algunas personas pueden ver en esto una posibilidad de obtener dinero y hay que tener cuidado”, apuntó.

Por ello, agregó, lo ideal sería no ofrecer estas recompensas. Pero, en caso de que el dueño opte por hacerlo, lo óptimo es que tenga acompañamiento policial.

“Nosotros no mediamos en un eventual pago, pero sí podemos medir las circunstancias y evitar la comisión de otro delito”, apuntó Luna.