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El Estado debe pagarle ¢18 millones a los padres de Jonathan López Brenes, quien murió asesinado en una celda del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón el 18 de febrero del 2018.
La condena la impuso el Tribunal Penal de Juicio de Limón este miércoles en la tarde, al finalizar un juicio en el cual también sentenció a Jostin Steven Aragón Castillo, a descontar 13 años de prisión por la muerte de López.
Para los jueces, el Estado es el responsable civil de lo que aconteció en esa celda, porque tenía el deber de tutelar todos los derechos y garantías de las personas recluidas.
En este caso, Jonathan López Brenes, de 22 años, había sido detenido el 17 de febrero del 2018 en Batán, Limón, por una presunta agresión con arma.
Al día siguiente, a las 2:10 p. m. el juez penal Víctor Perlaza Rojas ordenó su inmediata remisión durante un mes al Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol), para que recibiera tratamiento por sus padecimientos.
Sin embargo, pese a la orden del juez, López permaneció en la celda número 5 del Organismo de Investigación Judicial de Limón, donde lo acompañaba Aragón Castillo. En los videos de seguridad, vistos durante el juicio por homicidio, se determinó que el crimen ocurrió casi 7 horas después, a las 8:45 p. m. del 18 de febrero.
Según la Fiscalía, quedó demostrado que Aragón tomó por el cuello a la víctima y la llevó hasta una esquina de la celda, donde lo golpeó fuertemente en la cabeza y cara. Dichas lesiones le provocaron la muerte de manera inmediata. Luego lo cubrió con una colchoneta.
El homicidio fue descubierto a las 5 a. m. del 19 de febrero del 2018, cuando agentes de la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron a recoger a Brenes para trasladarlo al Capemcol.
El abogado Juan José Picado, quien representó a los padres del fallecido, dijo que en este asunto se demostró el descuido del Estado en el deber de cuidar a las personas que son llevadas a las celdas judiciales.
Además, aseguró que la víctima era una persona sin antecedentes judiciales y que tenía padecimientos psiquiátricos.
Mientras la sentencia queda en firme, el condenado Jostin Steven Aragón, de 22 años, pasará seis meses en prisión preventiva.
Los jueces que tramitaron este caso fueron Marbelly Porras Venegas, Derick Sebastián Vargas Bustamante y Henry Segura Hernández.
Problemática
Este asesinato dejó en evidencia que, desde semanas antes al hecho, se venía dando una saturación importante en las celdas del OIJ. En este caso puntual, por ejemplo, Aragón tenía 11 días recluido en ese reducido espacio.
Eso provocó la molestia de Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, quien denunció hacinamiento e inacción por parte del Ministerio de Justicia.
Según apuntó el jerarca en aquel momento, el problema radicaba en que pese a que los jueces imponían medidas de prisión preventiva, los sospechosos debían permanecer recluidos en los circuitos judiciales por falta de espacio en el sistema penitenciario.
La permanencia prolongada en las celdas judiciales, añadió el jerarca, puede elevar más los niveles de estrés y ser generadora de reacciones violentas de algunos privados de libertad.
Por su parte, Marco Feoli, quien era el ministro de Justicia en ese momento, se sacudió de las críticas y le recomendó al jerarca policial hacer ese señalamiento dentro del Poder Judicial.
Él aseguró que son los juzgadores de Ejecución de la Pena quienes, para ese año, habían ordenado el cierre técnico de 14 de los 17 centros penales que hay en Costa Rica.
"Eso nos deja sin margen de acción, porque no podemos ingresar reclusos ahí y las opciones comienzan a limitarse”, manifestó en aquel momento el entonces ministro.
