Erick José López Cuadra es el único sospechoso detenido por el asesinato de Zoraida Bustamante Vargas, una maestra pensionada de 64 años que murió el pasado 1.° de enero. El hombre la atacó a puñaladas en su propia casa, en barrio Los Ángeles de Parrita, Puntarenas, luego de robarle sus pertenencias.
A él también se le señala como el presunto responsable del feminicidio de María Teresa Sancho Luna. La mujer, de 47 años, fue localizada con heridas de arma blanca y signos de asfixia en la casa que alquilaban juntos, en La Cecilia de Turrialba, Cartago, en octubre del 2021.
Ambos crímenes ocurrieron porque López, de 36 años, aprovechó el beneficio carcelario que le permitió salir de prisión casi dos años antes de que cumpliera una condena dictada en el 2015 por homicidio simple y amenazas agravadas.
Inicialmente, según la sentencia del Tribunal Penal de Liberia, el hombre habría cumplido su castigo hasta el 15 de julio del 2023; sin embargo, una modificación hecha por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela le permitió obtener su libertad con anticipación, precisa la resolución 2021-004092, de la cual La Nación tiene copia.
López salió del Complejo Penitenciario La Reforma el 2 de setiembre del 2021 y de inmediato fue deportado a su natal Nicaragua, pues estaba en condición migratoria irregular en Costa Rica. Sin embargo, en una fecha no precisada, ingresó ilegalmente a suelo tico, estuvo en la zona sur y después se trasladó a Turrialba.
Se fue a vivir con María Teresa Sancho a una casita en La Cecilia, pues ellos habían entablado una relación desde que él estaba en prisión. Tenían apenas 22 días de vivir juntos, cuando la muchacha apareció muerta y la casa saqueada el 26 de octubre del 2021.
En aquel momento, las autoridades desplegaron toda una cacería para atraparlo y lograron detenerlo apenas un día después, cuando caminaba por las cercanías del Hospital William Allen, en Turrialba. A petición de la Fiscalía, el Juzgado Penal le impuso un año de prisión preventiva.
Dicho plazo se venció sin que se concretara una acusación en contra del sujeto, por lo que desde octubre del 2022 quedó libre. Menos de tres meses después fue detenido nuevamente, esta vez por el crimen de la profesora Bustamante.
En esta cadena de hechos delictivos hubo un enorme vacío en el proceso judicial, porque los jueces no fueron alertados de que López estaba libre gracias a un beneficio carcelario. Si dicho beneficio hubiese sido revocado desde el momento en el que se le implicó por el feminicidio de María Teresa Sancho, el hombre habría vuelto a la cárcel a completar la pena impuesta en el 2015 aunque hubiese vencido la prisión preventiva.
Al respecto, el Tribunal de Apelación de Cartago respondió, ante consultas de La Nación, que la Fiscalía nunca le informó que el sujeto ya había violentado el beneficio carcelario y que, ante ese vacío en la prueba ofrecida, no podía resolver diferente a dejar a López en libertad.
“Tratándose de prórroga extraordinaria del plazo de la prisión preventiva, los Tribunales de Apelación de Sentencia no pueden actuar de manera oficiosa, pues no se trata, por su naturaleza procesal, de un adelanto de pena, de manera que, tal y como se indicó, la Fiscalía debe aportar los insumos necesarios para examinar la situación particular del encartado frente a los peligros procesales y para la víctima”.
Este medio consultó sobre este asunto al Ministerio Público y se está a la espera de una respuesta.
“Estas situaciones son muy lamentables porque, en primer lugar, debe estudiarse muy bien a quiénes se van a otorgar los beneficios carcelarios que permiten continuar descontando una pena de prisión en libertad, bajo la alta probabilidad de que no van a reincidir. Y, en caso de que una persona falle ante esa oportunidad que se le otorgó, e incurre en un nuevo delito, debe revocársele inmediatamente el beneficio y volver a prisión. Si esto hubiera sido así en este caso no estaríamos lamentando al menos una de las muertes acaecidas”, acotó Federico Campos, abogado penalista consultado sobre este asunto.
Ahora, tras el nuevo crimen, López pasará seis meses en prisión preventiva, luego de que lo detuvieran el jueves en playa Bejuco.
Falta de Remordimiento
Jorge Brenes, pareja sentimental de la maestra Zoraida Bustamante, dijo a Telenoticias que el antisocial rondaba la casa de Bustamante pues al parecer trabaja en una construcción cercana al lugar, incluso la mujer lo habría encontrado dentro de su propiedad días antes del hecho.
“No nos explicamos porque andaba suelto con tanto daño que ha hecho (...) Era alguien que ya estaba identificado, era un habitual del sistema penitenciario, era alguien que se sabía lo malo que era. Sentimos que el sistema de justicia fue el que falló”, relató Brenes.
Cuando ocurrió el crimen de María Teresa Sancho, uno de sus hermanos, Roberto, comentó a La Nación, que una vez Lopez Cuadra le había comentado a otro de los hermanos Sancho que le encantaba meter el cuchillo como si fuera un carnicero.
“Mi hermano le dijo: ‘vas a terminar picando a mi hermana’ y este muchacho respondió que jamás, que él no iba a hacer una cosa de esas”, agregó.
El criminólogo Gerardo Castaing Bustillo explicó que la personalidad de este hombre es psicopática. “Entre las características de los psicópatas está la falta de remordimiento por los actos que realizan, la ausencia de temor, hacen de la mentira un arte”.
Un viejo conocido de las autoridades
Además de las causas ya conocidas, el historial de Erick José López Cuadra data desde el 2009 cuando se le siguió un proceso penal en la Fiscalía de Quepos y Parrita por un robo agravado, caso en el que se sometió a un proceso abreviado (aceptó los cargos atribuidos) y, sin necesidad de hacer un juicio fue sentenciado a ocho años de prisión.
Además, en el 2021, cuando fue detenido por el feminicidio, trascendió que en Nicaragua este sujeto había asesinado hace seis años a Bismarck Salatiel Ramírez Rivera en la comunidad de El Chagüe, del municipio de León. El joven fue encontrado en el fondo de un pozo seco de 40 metros de profundidad.
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Otro caso registrado en fechas cercanas al homicidio de María Teresa Sancho, fue el de una adulta mayor quien era la dueña de la vivienda que alquilaban Sancho y López. La mujer, identificada como Virginia León Aguilar, de 62 años, murió en medio de un incendio en la sala de su casa en Turrialba.
Al momento de los hechos la Policía Judicial descartó la relación entre ambos casos, empero, este lunes se consultó nuevamente si la investigación determinó conexión entre la muerte de la adulta mayor con López Cuadra, pero indicaron que en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal no era posible brindar la información.
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Beneficios Carcelarios
Un caso similar al de López Cuadra, fue el de un hombre de apellidos Zepeda Rubí quien es el principal responsable de la muerte del joven Keylor Gamboa Muñoz de 19 años, quien fue atacado con un cuchillo en diciembre pasado en barrio Pinto, San Pedro Montes de Oca, mientras se defendía e intentaba proteger a su novia de un asalto.
Zepeda, de 34 años, había sido sentenciado por robo agravado; sin embargo, tenía un beneficio carcelario desde junio de 2021, por lo que se encontraba en un régimen abierto o semiinstitucional, al que únicamente debía presentarse a firmar los miércoles.
Días después de la muerte de Keylor, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) remitió a Crhoy el expediente delictivo del sujeto conocido como ‘Lupa’, quien registra 31 partes policiales entre 2010 y 2022. De esos, 22 son por decomiso de supuesta droga, otros 7 por presunto robo y los restantes por aparente violencia doméstica y posibles daños.
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En su defensa, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, comentó en una conferencia de prensa que la Fiscalía nunca le comunicó a su cartera que el hombre había sido detenido varias veces y que Zepeda pasó por un plan de atención donde psicólogos, educadores, orientadores y abogados fueron quienes tomaron la decisión.
“Su delito era contra la propiedad. No había presentado situaciones de violencia ni tenía reportes de violencia mientras estuvo en los diferentes centros; también presentó recursos de apoyo laborales y familiares. Cumplió un buen comportamiento con los ejes de habilidades y le quedaba menos de un año para cumplir su pena total de seis años de prisión”, destacó Campos.
El jerarca enfatizó que si el análisis de los profesionales dice que todo está bien y puede salir, la persona recibe el beneficio; pero que desconocen si después va a cometer un nuevo delito. “Es como que usted vaya donde el médico y le dice que usted está bien, y un mes después aparece con un cáncer en fase terminal. Son cosas que no las podemos saber”, concluyó.