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Un renombrado hotel en el centro de la capital fue utilizado por una red internacional dedicada al trasplante de riñones para reunirse con los donadores y tratar de ocultar los pagos. La agrupación fue desarticulada en junio del 2013.
El procedimiento es descrito en la acusación que la Fiscalía presentó contra cuatro médicos y un comerciante, por lograr, presuntamente, que, entre el 2009 y el 10 de setiembre del 2013, se realizaran en Costa Rica 14 trasplantes de riñón a ciudadanos sirios, israelíes y griegos.
Los donadores eran personas de bajos recursos económicos, residentes en barrios marginales, quienes no recibieron explicaciones sobre “los riesgos o consecuencias para su salud de la intervención a que se les sometió”, afirmó la Fiscalía.
Los implicados en este caso son Francisco José Mora Palma, de 63 años, quien era el jefe de la Sección de Nefrología del Hospital Calderón Guardia y quien es señalado como el líder del grupo. También figuran otros tres médicos de apellidos Monge, Fonseca y Massimiliano, así como un comerciante de apellido Katsigiannis.
Precisamente, a partir de este 7 de diciembre dará inicio, en el Tribunal Penal de San José, la audiencia preliminar para determinar si este caso es elevado a juicio. En esa misma diligencia judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentará una acción civil contra los profesionales por el daño causado a la institución.
La abogada Amalia Sánchez de León Castellanos, defensora de Mora Palma, alegó a La Nación no poder referirse de forma alguna a casos en trámite pues, dijo, así lo dicta el Código de Ética.
En tanto, Blanca Rosa Rodríguez, representante de Monge, manifestó que espera que el juez penal “se dé cuenta de los errores garrafales de la investigación y no eleve la causa a juicio”.
No fue posible ubicar a Rafael Gairaud y Luis Diego Corella, defensores de los otros imputados.
Hechos relevantes. En la acusación, firmada por los fiscales Ana Janice León Umaña y Miguel Abarca Rivas, se detalló que los donadores eran de cantones como Curridabat, Turrialba, Paraíso y Desamparados. Además, una mujer de apellido Cordero y miembro de la Fuerza Pública (acusada en otro proceso) fue la que ayudó a contactarlos.
Según la investigación, en el hotel, las víctimas firmaban un documento en el que decían no haber recibido pagos por la donación de los riñones. Empero, la Policía decomisó correos electrónicos y documentos bancarios en los cuales constan transferencias por montos de entre ¢3 millones y ¢10 millones.
El grueso de los exámenes previos a los donantes se hicieron en hospitales de la CCSS, mientras que las cirugías, en dos centros médicos privados.
