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¿Usted ha sido víctima de algún delito alguna vez?, le consulté a Michelle Vargas, una señora que caminaba por San José centro, a mediados de enero.
“Sí, hace como unos tres años me robaron la cartera con todos los documentos y la plata”, respondió la mujer.
Interesada en el caso, continué con la entrevista: “¿Lo denunció?”, y ella, de una manera muy natural, replicó: “No, ¿para qué?”.
Respuestas como esas recibí de otras tres personas a quienes les hice similares cuestionamientos. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tales reacciones son comunes, pues muchos costarricenses prefieren callar y olvidar lo ocurrido antes que denunciar.
Las razones por las cuales desisten de interponer las quejas son varias, pero las que más pesan son la pereza, pues se cree que se requiere invertir mucho tiempo para afrontar el proceso, y la poca fe que tienen los ticos en las autoridades, según apunta una encuesta efectuada por la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ.
El estudio abarcó a 980 personas en todo el país, entre abril y mayo del 2015.
Lo preocupante para el Poder Judicial es que de esos ofendidos, 262 (67%) desistieron de llevar su caso ante las autoridades, frente a apenas 130 (33%) que sí lo hicieron.
La principal razón que tuvieron quienes optaron por callar lo ocurrido (el 52% de quienes no denunciaron) es que les da pereza porque creen que interponer una denuncia es un proceso largo y tedioso o, bien, consideran que el costo (sentimental o económico) de lo sustraído no es tan alto.
Mientras, el 14% de ellos manifestó que no cree que las autoridades lo vayan a resolver porque son delitos pequeños, en comparación con las grandes pesquisas que están pendientes.
Las estadísticas apuntan a que otras razones para no iniciar un proceso son “estar asustado” y el “temor a represalias”.
Una cantidad menor de personas prefiere no denunciar porque no sabe cómo hacerlo y unos pocos dijeron que llevaron el caso ante la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública y pensó que con eso era suficiente.
Asimismo, los resultados de la encuesta reflejan que los robos y asaltos son los delitos más frecuentes. Pese a ello, pocas veces son denunciados.
Obligación legal. Wálter Espinoza, director del OIJ, lamentó que los costarricenses piensen que sus casos no son tan importantes para la Policía. “Nosotros tenemos la obligación legal de investigar todas las denuncias, desde un robo pequeño hasta un homicidio”, expresó.
Espinoza señaló que es preocupante la resistencia de los costarricenses, pues, según dijo, las denuncias les permiten tener “una visión más clara de los acontecimientos a nivel nacional”.
El jerarca aseguró que si tienen más datos de lo que está sucediendo con la delincuencia, se podrían no solo detectar grupos criminales, sino definir cuáles son sus lugares de interés.
Aprovechó para recordarles a las personas que quieren denunciar y no lo hacen por temor a represalias, que existen mecanismos para darles protección.
En ese sentido, la Fiscalía General detalló que, generalmente, ese temor se da cuando la víctima está dentro del área de influencia del delincuente. Para ello cuentan con la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos.
“Por medio de ese programa, se le da la atención específica que requiera el denunciante, a través de diferentes mecanismos. Estos van desde recomendaciones generales hasta protección policial y cambio de domicilio”, apuntó el Ministerio Público.
Además, se han habilitado dos líneas confidenciales y gratuitas para denunciar (1176 o 800-8000-645).
Mejoras. Para motivar a los costarricenses a que interpongan sus denuncias en caso de sufrir algún tipo de delito, el OIJ trabaja en dos proyectos que prevé poner a funcionar en el 2017.
El primero de ellos será crear un sistema para gestionar, por medio de Internet, una cita para entablar la denuncia.
“Hoy, las personas tienen que hacer fila para ser atendidas, como en cualquier otro lugar. Pero, con este proyecto, ellos solo vendrían a la hora que les toca para contar lo que pasó. Se trata de agilizar todo”, contó.
El otro proyecto que se está impulsando es el de poder crear una cercanía con el denunciante; así, el OIJ mantendrá informado al afectado con respecto a los avances de la investigación.
“La Policía le contará a la víctima qué pasa con su caso: si encontramos pruebas, si no las hay, etc. Pero el objetivo es darle ese acompañamiento”, concluyó.
