5 marzo, 2020
El sentenciado, que contactaba a sus víctimas por redes sociales, ya había estado preso. Se le condenó de nuevo este jueves a pena máxima por ultrajar a cuatro jóvenes. Foto: Archivo, AFP.
El sentenciado, que contactaba a sus víctimas por redes sociales, ya había estado preso. Se le condenó de nuevo este jueves a pena máxima por ultrajar a cuatro jóvenes. Foto: Archivo, AFP.

Un sujeto de 30 años descontará 50 años de cárcel por cometer cuatro violaciones entre noviembre del 2017 y agosto del 2018 en Poás de Alajuela.

Se trata de Manuel Gerardo Ramírez Vargas, quien fue condenado este jueves a 128 años de prisión por el Tribunal Penal de Alajuela, pena que se adecuará a 50 años, máxima permitida en Costa Rica.

La Fiscalía Adjunta de esa provincia logró demostrar en el debate que el hombre contactaba por teléfono o por redes sociales a las víctimas, con edades que rondaban los 21 años.

La acusación mostró que el imputado aprovechaba la cercanía con las mujeres para llevarlas a un lugar solitario, bajo engaño o amenazas.

Una vez en el sitio, Ramírez utilizaba un arma punzocortante, con lo que las amenazaba para luego violarlas y quitarles sus pertenencias.

Mientras las sentencia queda en firme, el hombre debe pasar seis meses de prisión preventiva.

El sujeto, que es oriundo de Alajuela, ya había estado preso en La Reforma. En mayo del 2015 fue parte de un grupo que presentó un recurso de amparo contra el director del centro penal, porque la ausencia de un profesor de Inglés ponía en riesgo la posibilidad de graduarse de secundaria mientras estaban recluidos.

Lo anterior según el expediente 15-006514-0007-CO, el cual fue resuelto en favor de los 16 estudiantes del Departamento Educativo del Centro de Atención Institucional de San Rafael, que interpusieron el recurso, en cuenta el sentenciado.

Esa vez se condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, que debía liquidarse en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

Estimaron los magistrados que las autoridades del Ministerio de Educación Pública fueron omisas en nombrar oportunamente a los docentes en Inglés, lesionando con ello el derecho a la educación de los privados de libertad

La falta se enmendó pero hasta después de la notificación del amparo, dice la resolución.

Se desconoce desde cuánto estaba en libertad.