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Después de tres años de lucha constante, Jorge Pita se liberó de la millonaria pensión alimentaria que debía darle a su expareja e hija, de 9 años.
Cuando todo comenzó en julio del 2013, su excompañera sentimental solicitó un monto de ¢8 millones al mes, aluciendo a que debía mantener su alto nivel de vida.
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Empero, el Juzgado le ordenó a Pita, quien es un empresario de 71 años, pagar un monto provisional de ¢4 millones.
Tres meses después se lo rebajaron a ¢3.600.000 y, en enero de este año, lo ajustaron a ¢1 millón. Como él no podía asumir ese pago, fue apremiado en cuatro ocasiones desde el 2014 a la fecha.
No obstante, en una resolución del 25 de agosto pasado, Valeria Arce, jueza del Juzgado Primero de Familia de San José, determinó que la cuota fija quedaría en ¢150.000, la cual será destinada para suplir únicamente las necesidades de la menor.
¿Cuál fue el argumento?
La jueza apuntó: "La situación del padre varió sensiblemente al punto de poder obligarle a pagar más que una fracción de lo que inicialmente pudo dar (...) El padre tiene que seguir alimentándola, pero no en la cantidad dispuesta, porque es insostenible".
Para la juzgadora, un hecho que prueba que Pita no cuenta con poder económico para hacerle frente a esa millonaria cuota mensual es que fue recluido en la Unidad de Pensiones Alimentarias, ubicada en la cárcel La Reforma, en Alajuela.
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"El demandado pasó un año privado de libertad en un ambiente completamente distinto al que lo rodeó siempre. Difícilmente, una persona con dinero escondido pasa tantos meses en prisión sin ceder a los rigores de ese encierro", detalló.
"Tres años que ella (su hija) se quedó sin padre"
Por su parte, Jorge Pita aseguró en entrevista con La Nación que esta resolución llegó "bastante tarde", debido a que tiene más de tres años de no ver a su hija.
"Esta situación provocó la pérdida d el patrimonio heredable de mi hija, que llevaba acumulándolo desde hace más de 40 años", lamentó Pita.
Pero, señaló que más allá del tema monetario, esto fue una "violación de los derechos humanos de mi hija, los cuales debían ser protegidos; fueron tres años que ella se quedó sin padre".
Se libró
Pita también fue exonerado del pago a su exmujer porque, al parecer, ella ocultó sus ingresos económicos.
Según la jueza Arce, en ese lapso, Oriol se dedicó a ejercer como decoradora, lo cual le quita el derecho a recibir la pensión.
"Sin lugar a dudas, ella trabaja (...) y no parece verosímil que su entrada se limite a ¢700.000 por lo que ella incumple ahora con su obligación de señalar a cuánto ascienden sus ingresos y, por ende, con una obligación procesal", reprochó la juzgadora.
Agregó que, en apariencia, ella ocultó esas entradas de dinero para seguir recibiendo la cuota mensual, otorgada por Pita.
"No es posible que la señora gane solamente esa cantidad de dinero. Si así fuera, ¿cómo haría para mantener gastos como la escuela de la menor (unos $1.200 al mes), una empleada doméstica (...) pagar impuestos y mantenimiento de la casa (ubicada en Lindora)?
"¿De dónde salen esos pagos entonces si Pita no ha pagado la pensión en al menos un año?", señaló Arce.
En la resolución se lee que el hombre no debe brindarle los alimentos debido a que no tiene la capacidad económica y, segundo, porque ella "puede procurarse los propios".
'Poder económico'
En el fallo, la jueza aseguró que, antes de los litigios, Pita y su exmujer, de apellido Oriol, tenían un alto nivel de vida. "Resulta muy claro que don Jorge no tenía necesidad de trabajar, eso lo dicen todos los testigos interrogados".
Detalló que, en su momento, Pita le contaba a sus allegados las inversiones que tenía en el exterior y de su "poder económico".
Para comprobarlo, explicó Arce, está el hecho de que la hija de ambos tuvo que permanecer internada durante más de un mes en un hospital privado.
"El señor pudo hacerle frente a una cuenta que él mismo señala fue de miles de dólares y que, luego, continuó gastando en el pago de una enferma para la menor (...) Tal atención era necesaria por su prematuridad, pero lo cierto es que una familia asalariada no le podría hacer frente a (lo que cuesta) un internamiento".
Además, ahondó, la familia conformada por Pita y Oriol compró una casa, valorada en $600.000, sin endeudarse. "El grueso de las familias ni en este país ni en otros lugares pagar una vivienda sin asumir una deuda y, menos aún, añadirle luego un segundo piso".
Ellos también tenían bienes en España y en Estados Unidos.
"Había, entonces, una familia con opción, sin que el trabajo fuera la condición determinante para ello, de vivir en Costa Rica, Estados Unidos o España. Parecía que todo se debía al deseo de vivir en uno de esos países y no a un traslado por motivos económicos, persecución política o por obligaciones laborales".
Sin embargo, cuando comenzaron con los pleitos legales, aquel patrimonio se vino abajo, según la jueza.
