Carlos Arguedas C.. 24 abril
El exdiputado Otto Guevara declaró sobre este tema en febrero del 2019. Lo acompaña el abogado Federico Campos. Fotografía José Cordero
El exdiputado Otto Guevara declaró sobre este tema en febrero del 2019. Lo acompaña el abogado Federico Campos. Fotografía José Cordero

El Ministerio Públicó acusó al exdiputado y excandidato a la presidencia de la República por el partido Moviemiento Libertario, Otto Guevara Guth, de cuatro delitos de falsedad en la declaración jurada.

La acción judicial la hizo pública este mediodía la oficina de prensa de la Fiscalía General de la República, por hechos que se sucedieron durante el período comprendido entre 2014 al 2018, cuando Guevara fue legislador.

“En las pesquisas, realizadas de manera conjunta con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se determinó que el acusado omitió declarar su participación como director y dueño del capital accionario de una empresa ubicada en el extranjero”, señala el comunicado.

De acuerdo con la acusación fiscal, desde el 1.° de mayo del 2014, cuando Guevara asumió como diputado, estaba obligado “a presentar una declaración jurada en la cual incluyera la totalidad de su patrimonio, tanto al comienzo de sus funciones como una anual ante la Contraloría General de la República, de conformidad con los términos establecidos en los numerales 21-36 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (Ley 8422)”

Sin embargo, según el Ministerio Público, en las cuatro declaraciones presentadas cada mes de mayo ante la CGR, no se declaró la existencia de la empresa.

"Por estos hechos, la Fiscalía acusó a Guevara por cuatro delitos de falsedad en la declaración jurada, y, al tratarse de un delito funcional, la Procuraduría General de la República (PGR) fue comunicada del requerimiento fiscal, y decidió constituirse como actor civil, al presentar formal acción civil resarcitoria.

“Con esta última, pretende cobrar un monto económico por concepto de daño social, en favor del Estado costarricense”, añade el comunicado.

El artículo 46 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública castiga con prisión de seis meses a un año, “a quien incurra en falsedad, simulación o encubrimiento al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de la República”.

Por este caso, en marzo del 2018 la fiscala general, Emilia Navas, había allanado la oficina de Guevara en Los Yoses de Montes de Oca, en San José.

Posteriormente, en febrero del 2019, Otto Guevara se presentó a la Fiscalía General de la República a rendir declaración sobre este asunto. Entonces se abstuvo de referirse a los hechos.

Federico Campos Calderón, abogado defensor de Guevara, sobre la acusación manifestó: "Estamos convencidos de la inocencia de mi defendido.

“Lamentablemente la Fiscalía ignoró las amplias explicaciones que se le dieron con respaldo probatorio, lo que tampoco nos extraña. Y, según lo ha adelantado el Ministerio Público, van a formular una acusación en los próximos días; pero confiamos plenamente en la imparcialidad e independencia del juez que conocerá en la audiencia preliminar de esa acusación y de la acción civil resarcitoria, y que se ordenará un sobreseimiento a favor de don Otto”.