EscucharEl director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, denunció que el Ministerio de Hacienda les impide utilizar ¢2.000 millones del presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa para este año.
La negativa a ejecutar los recursos ocurre en momentos en los que la Policía Judicial enfrenta una histórica ola de violencia, con 845 homicidios, la gran mayoría derivados de las luchas del narcotráfico y el crimen organizado.
Según el jefe policial, el OIJ necesita urgentemente un nuevo edificio y por eso tenían la intención de utilizar el dinero obtenido este año al ahorrar en partidas como horas extra y traslados, para comenzar la construcción de la estructura, en barrio Los Ángeles, en San José.
Sin embargo, Zúñiga alegó que se les denegó el traslado de partidas, y ese dinero no podrá ser ejecutado para mejorar las condiciones de trabajo de la Policía Judicial.
El anterior director del OIJ, Wálter Espinoza, fallecido el 2 de noviembre del 2022, ya había insistido en la urgencia de trasladar al personal del OIJ a un nuevo edificio para el cual se cuenta con el terreno. En ausencia de esa estructura y con un edificio central saturado, Randall Zúñiga, sostiene que los agentes laboran en condiciones infrahumanas.
La posibilidad de iniciar las obras estaba basada en el uso de los remanentes obtenidos este año en varias partidas que el Ministerio de Hacienda recortará ahora del presupuesto del OIJ.
El OIJ aclaró que este monto no se ejecutó durante 2023 porque la reforma legislativa para variar el uso de las partidas fue publicada en La Gaceta el 1.° de noviembre, y el plazo para realizar compras finalizó el 30 de octubre. A pesar de este desfase, el Organismo logró adquirir algunos artículos de interés, como 300 armas de fuego.
En noviembre, la Asamblea aprobó el Segundo Presupuesto Extraordinario de la República y Tercera Modificación Legislativa que permite no aplicar el presupuesto en cuatro programas, que son investigación judicial, ejecución de la acción pública, defensa pública y atención y protección de víctimas y testigos. Según la Asamblea y los diputados que aprobaron esa modificación presupuestaria, esos fondos del OIJ pueden transferirse a otra partida, para ejecutarlos.
Ahora, el Ministerio de Hacienda afirma que no se ejecutaron esos presupuestos ahorrados y procede con el recorte, en una interpretación de la ley de presupuesto que el director del OIJ no comparte, al estimar que es unilateral.
“Fue una deferencia que hizo en su momento la Asamblea Legislativa para los cuerpos policiales, a efecto de que puedan redistribuir a otras partidas de su propio presupuesto los remanentes”, dijo Zúñiga. Agregó que el dinero es para adquirir los insumos necesarios, afrontar de mejor manera la criminalidad y enviar un mensaje claro de una lucha común para mejorar los índices de criminalidad del país.
La diputada de Liberación Nacional, Paulina Ramírez, afirmó a Telenoticias que el gobierno central pierde el sentido de urgencia al no autorizar esa modificación. Aseguró que es necesario que la Asamblea Legislativa pueda realizar esos traslados de manera rápida y ejecutiva para trabajar de manera conjunta y mejorar la seguridad del país.
Según Zúñiga, la medida tomada por Hacienda afecta la parte operativa del OIJ, ya que se retrasa la construcción del edificio con el que se esperaba mejorar las condiciones de los trabajadores, al proporcionar condiciones adecuadas para reuniones, la compra de tecnología de punta e instalaciones deportivas que contribuyan a la condición física y mental del personal.
Se trata de casi 10.000 metros cuadrados con los que se beneficiarían alrededor de 1.800 funcionarios que trabajan en San José. Dependiendo del diseño, el costo de la construcción puede oscilar en una cifra que ronda los ¢20.000 millones.
Explicó que el monto de la rebaja de Hacienda supera el aporte que la Asamblea Legislativa les va a otorgar con la exención del impuesto al Valor Agregado que ronda los ¢1.200 millones.
El exministro de Seguridad Gustavo Mata, (2015-2018) dijo que no concibe la actitud del Gobierno en denegar recursos a una fuerza policial que ayuda a la sociedad a luchar contra el crimen organizado. Agregó que es preocupante y le parece increíble que los diputados del partido oficialista no hayan aprobado el presupuesto para apoyar al OIJ.
Hacienda niega recorte
En un comunicado de prensa el Ministerio de Hacienda afirma que en ningún momento han recortado recursos del presupuesto del 2023 asignado al OIJ por parte del Poder Judicial y que más bien es “la incapacidad de ejecución del OIJ lo que le impide invertir los ¢2.000 millones en los programas para la atención inmediata de la criminalidad”.
Añaden que entre el 2021 y el 2022 el OIJ subejecutó más de ¢10.000 millones y que entre el 2020 y el 2023 el OIJ ha trasladado más de ¢6.326 millones al fideicomiso inmobiliario del Poder Judicial.
Hacienda cuestiona que del total asignado para el año 2023 (¢107.610 millones), a octubre, el OIJ no había ejecutado ¢33.788 millones y que, de ese monto, el OIJ propone trasladar ¢2.000 millones a un fideicomiso para la construcción de un edificio, “y no a acciones frontales e inmediatas contra la criminalidad”.
Añaden que no se trata de ahorros, como lo indica Randall Zúñiga, sino que esos recursos son generados por montos que no ejecutaría en la partida de remuneraciones provenientes de sueldos para cargos fijos, disponibilidad, anualidades y prohibición o dedicación.
Para el Ministerio de Hacienda, a diferencia de lo dicho por el OIJ, no existe una norma que sustente el traslado de esos recursos a un fideicomiso para construcción de edificios.
