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Los cuatro oficiales que atropellaron y mataron a un perro en Purral de Goicoechea, en agosto pasado, irán a juicio el 13 de octubre, según confirmó el Poder Judicial ante consultas de La Nación.
La decisión fue tomada por el Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José el sábado 21 de setiembre; sin embargo, fue confirmada hasta este lunes. El proceso se llevará a cabo ante un juez unipersonal, lo que significa que será un solo juzgador quien tomará la decisión respecto a los oficiales señalados por la muerte del perro Rocky. Los imputados responden a los apellidos Murcia Contreras, Quiel Coto, Quijano Muñoz y Vargas Zúñiga.
En una audiencia realizada el sábado por este caso, la jueza a cargo rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por la Fiscalía, la cual argumentaba que no había suficientes pruebas para incriminar a los policías. En cambio, acogió las querellas presentadas por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y la Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales (ABAA), según explicó Maricruz Uba, representante de ABAA.
La abogada añadió que su representada pedirá penas de cárcel para los cuatro imputados y el pago de ¢35 millones por concepto de acción civil resarcitoria. “Se causó un daño irreparable al perro, pero también se causó un daño muy grande a la sociedad, y con base en eso es que pedimos esa suma prudencial, que podría ser variada de acuerdo a lo contemplado por el juez”, afirmó.
Por su parte, en una breve declaración enviada por escrito a este medio, Senasa indicó que defendió la querella interpuesta, fundamentada en la importancia de llevar el caso a juicio, “al considerar que existen suficientes elementos de prueba para continuar el proceso por el delito de crueldad animal”.
También se consultó a la Fiscalía sobre los argumentos presentados para solicitar el sobreseimiento, pero al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.
El artículo 279 ter del Código Penal impone penas de prisión de tres meses a dos años “a quien dolosamente, de forma directa o por interpósita persona, cause la muerte de un animal doméstico o domesticado”.
Doble atropello
Los hechos, investigados bajo el expediente 24-800-1982-PE, ocurrieron el 9 de agosto pasado durante una ronda de dos unidades de la Fuerza Pública en Purral.
Una cámara de seguridad captó el momento en que dos vehículos policiales, con dos oficiales en cada uno, se encontraban en una calle sin salida de ese distrito. El video, al cual tuvo acceso La Nación, muestra cómo la primera patrulla gira y avanza directamente hacia el perro, que estaba recostado en la vía.
Tras atropellarlo, el vehículo continúa su marcha y se aleja del campo visual de la cámara, mientras el animal queda en el lugar, visiblemente herido y en agonía. Pocos segundos después, la segunda patrulla, presente en la escena, también gira para salir de la calle y atropella nuevamente al perro. Este se movía y luchaba por sobrevivir, mientras los vehículos policiales se alejaban.
Aunque los vecinos llevaron al animal para que recibiera atención veterinaria, falleció debido a las hemorragias multifocales y severas que sufrió, según consta en un análisis forense realizado por el Laboratorio de Patología Veterinaria (Lapavet).
Luego del incidente, Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, detalló que un grupo de lugareños se presentó en la delegación policial para denunciar lo sucedido y entregaron un video de la cámara de seguridad como prueba. El jefe policial repudió los hechos y aseguró que, paralelamente a la denuncia judicial, se iniciaron diligencias administrativas para el eventual despido de los cuatro funcionarios involucrados.
Trascendió que los cuatro implicados fueron reubicados en otras delegaciones mientras se resuelve el proceso judicial.
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El dictamen pericial DCF:2024-00894-ING del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), incorporado en el expediente de este caso, evidencia que los conductores de las dos patrullas pudieron haber visto al animal antes del incidente.
El informe detalla que, mientras las patrullas estaban detenidas en una calle sin salida, los conductores tenían la posibilidad de observar al perro que estaba acostado en el asfalto. Sin embargo, el acompañante de la unidad 2664 no tenía visibilidad del perro, mientras que el pasajero de la patrulla 3778 “tenía posibilidades de verlo; sin embargo, la posición y maniobra del conductor pudo afectar dicha visibilidad”.
El peritaje judicial, emitido el 26 de agosto, indica que la visibilidad para los conductores pudo haberse reducido mientras las patrullas estaban en movimiento, especialmente porque el color del pelaje del animal se asemejaba al de la calle.
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Colaboró en esta información Vanessa Loaiza.
