Una niña indígena costarricense de 13 años, de Talamanca, está embarazada de un hombre casi 50 años mayor que ella.
En condiciones desconocidas, ambos se fueron para Panamá, en donde las autoridades detectaron el caso y alertaron a Costa Rica. En paralelo, detuvieron al sospechoso en el país vecino.
Por esos hechos, la menor, quien está en el último trimestre de gestación, fue repatriada a suelo costarricense el 17 de enero. No obstante dicho caso trascendió hasta este jueves.
La información la confirmó Patricia Hernández, gerenta técnica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), quien detalló que la niña es oriunda de Bribrí, Talamanca.
“Fue detectada por autoridades panameñas. La chica estaba allá y se solicita la repatriación. Vemos el caso y vemos que tiene un agravante y es que es una adolescente de 13 años en avanzado estado de embarazo. Aparentemente es de un sujeto de edad adulta”, apuntó.
Hernández indicó que desconoce desde hace cuánto la menor estaba en tierras panameñas ni con quién vivía allá. “Esos son detalles que ya son parte de la investigación judicial y se les debe respetar la confidencialidad”, apuntó.
Seguimiento puntual
El sospechoso, cuya identidad se desconoce, fue detenido en Panamá en enero. Trascendió que se le persigue por un presunto delito de violación.
El Patronato indicó que, de momento, su papel dentro del proceso penal que se lleva contra el sospechoso es pasivo.
“Nosotros mantenemos comunicación y le damos un seguimiento al proceso, sobre todo por si requieren de la participación de la chica en alguna etapa”, explicó la gerente técnica.
Se le preguntó a las autoridades costarricenses qué papel juegan en este tipo de casos, no obstante, al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.
Si dicha situación llega a tramitarse en Costa Rica, el individuo podría ser acusado, entre otros delitos, de mantener una relación impropia con la menor.
El castigo oscila entre los tres y seis años cuando la víctima sea mayor de 13 y menor de 15 años, y el autor del delito sea cinco o más años mayor.
Si la persona afectada es mayor de 15 y menor de 18 años, y el culpable es siete o más años mayor, el castigo es de dos a tres años de cárcel.
Asimismo, cuando la relación entre el infractor y la víctima sea familiar, de confianza o autoridad, la pena es de cuatro a diez años.
El abogado especialista en derecho de familia, Gustavo Koutsouris, considera que el individuo también podría ser procesado por violación, pues a los 13 años, una menor no tiene la capacidad de razonamiento y madurez necesarias para determinar si algo es bueno o malo.
Koutsouris, del bufete Agora Asociados, recordó que en la violación no necesariamente debe mediar la violencia, también puede ser producto del engaño o contra la voluntad de la víctima.
Por su parte, Federico Campos, abogado penalista, agregó que, si los hechos hubiesen ocurrido en Panamá, también podrían juzgarse en Costa Rica, porque la jurisdicción de las leyes internacionales de protección de menores es irrestricta.
¿Qué son las relaciones impropias?
Desde enero del 2017, la legislación castiga con penas de cárcel de acuerdo a la diferencia de edad entre la víctima y su supuesta pareja este tipo de uniones.
FUENTE: FONDO NACIONAL DE NACIONES UNIDAS (UNFPA CR) || c.f. INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Proceso rápido para proteger a la niña
La gerente técnica del PANI, Patricia Hernández, indicó que, hasta enero, desconocían de la situación de esta menor, cuya custodia estaba a cargo de una tía. Trascendió que su mamá se desentendió de su cuido.
Según dijo, pese a que la menor ya no vivía en Costa Rica, sus familiares no habían interpuesto denuncia alguna por la desaparición, por lo que les era imposible saber lo que ocurrió.
Sin embargo, a inicios de este año, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Panamá alertó al PANI sobre la situación.
A partir de ese momento, comenzamos a descartar que la niña tuviera algún recurso familiar para permanecer allá. “Al tratarse de no tener arraigo en Panamá, procede que se retorne a su país natal, que es Costa Rica”.
Según contó, el trámite se hace vía consular. “Se hacen las valoraciones pertinentes y se emite la resolución donde se solicita la reubicación de la niña. Generalmente, en estos casos, el país interesado en asumir al menor es el que costea el traslado”, informó la gerente.
Al llegar a Costa Rica, el Patronato se encargó de hacerle todos los chequeos médicos pertinentes, ya que, según les dijo la víctima, nunca había llevado un control prenatal.
“Ambos (la niña y el bebé) están en condiciones óptimas de salud”, acotó Hernández.
Una vez hecho eso, se colocó a la ofendida en una alternativa de protección especializada para menores embarazadas.