Una mujer de apellidos Rojas Rodríguez fue detenida como sospechosa de cobrar un enganche a personas interesadas en alquilar una propiedad en San José y luego desaparecer con el dinero. Desde julio de este año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió cuatro denuncias que en conjunto generaron un perjuicio económico de ¢500.000, por lo que se realizaron diversas pesquisas que permitieron identificarla.
A la aprehendida, de 40 años, se le atribuye el delito de estafa, por lo que este martes se le allanó su casa en Coyol de San José, Alajuela, donde los agentes judiciales de la Sección de Fraudes decomisaron evidencias que consideran de valor para la investigación, entre estas documentos y un celular.
Según reportó la Policía Judicial en un boletín de prensa, en las denuncias recibidas los ofendidos detallan que vieron anuncios en redes sociales sobre casas en alquiler en San José y zonas aledañas y que la mujer con la que se contactaban, vía telefónica, les pedía cierta cantidad de dinero como señal de enganche o trato de renta.
“Pero una vez realizada la transferencia bancaria, la mujer ya no respondía más y los ofendidos se daban cuenta que los lugares donde se indicaba que se ubicaba la casa no existían. El perjuicio económico supera los ¢500.000, pues se le vincula con al menos cuatro causas en las que pedía un depósito no menor a los ¢100.000”, explicó el OIJ.
La sospechosa fue pasada con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
El artículo 216 del Código Penal detalla que toda persona que induzca al error a otra “por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesione el patrimonio ajeno, será sancionado (...) con prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario base”.
Segunda captura
Rojas ya había sido detenida a inicios de diciembre del 2020 por este mismo delito. En aquella ocasión, el OIJ detalló que al menos 10 vacacionistas fueron estafados al depositar ¢100.000 cada uno por el alquiler de casas de playa que en realidad no existían. Los afectados denunciaron la situación y luego de varios meses de trabajo se allanaron dos casas para aprehender a la mujer y a su padre, apellidado Rojas Aguilera.
El modo de operar sigue siendo el mismo, ya que hace casi un año los ofendidos manifestaron que ella promocionaba en redes sociales casas de playa para vacacionar y, al ser contactada, solicitaba un depósito a la cuenta de su padre. Sin embargo, al llegar al lugar vacacional (Guanacaste o Puntarenas), en la dirección indicada, la casa no existía o la dirección era de otro lugar.
En varias ocasiones, las autoridades han manifestado que los casos se investigan y regularmente se da con los responsables, pero la posibilidad de recuperar el dinero es casi nula.
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Información actualizada a las 12:17 p. m. con antecedente.