Hugo Solano C.. 11 abril


Al ritmo que llevaba, el Tribunal de Puntarenas habría necesitado 20 años para atender los 1.500 juicios que tenía en espera al concluir el 2017. La situación no era mejor en los despachos de Pavas o Goicoechea, donde se apilaban 800 y 856 expedientes, respectivamente.

Eso mantenía paralizados procesos por asesinatos, robos, estafas, violaciones y otra larga lista de delitos, en los que no se había hecho justicia ni para víctimas ni para los mismos sospechosos.

En los casos penales el sentimiento de impunidad se hace más pesado, pero el rezago también acecha los juzgados cobratorios, civiles y de pensiones alimentarias.

Muchos estrados judiciales comenzaron a generar sentencias y disminuir el rezago gracias al plan de rediseño que aplica la Corte.. Foto: Melissa Fernández
Muchos estrados judiciales comenzaron a generar sentencias y disminuir el rezago gracias al plan de rediseño que aplica la Corte.. Foto: Melissa Fernández

Todo esto lo reconoció el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, quien al asumir ese cargo, en mayo de 2017, ordenó la integración de un equipo que detectara los fallos e hiciera propuestas para eliminar los cuellos de botella.

Fue así como comenzó a ejecutarse un plan de acción inmediata contra la lentitud de los procesos o mora judicial, el cual llevó, prácticamente, a un rediseño de procesos que se aplicó en 12 tribunales considerados críticos: Pavas, Puntarenas, Quepos, Alajuela, Limón, San José, Liberia, Cañas, Santa Cruz, Turrialba, Goicoechea y Cartago.

Para el defensor adjunto de los Habitantes, Juan Manuel Cordero, “una justicia que no es pronta y no es cumplida, es una afectación a un derecho humano” y va contra lo que establece nuestra Constitución Política en el artículo 41.

"(...) Todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”, señala la norma.

A pesar de ese mandato constitucional, la situación es dramática en el Poder Judicial.

Según Chinchilla, se trabaja en los tiempos para señalar la fecha de juicio y en la estandarización del trabajo en los despachos, ya que en algunos encontraron procedimientos que no estaban regulados y retardaban la toma de decisiones.

A partir del análisis, se tomaron medidas, como la realización de más juicios a cargo de tribunales unipersonales (un solo juez) en vez de los conformados por tres jueces. Esa posibilidad solo es aplicable a procesos donde el delito que se juzga tiene una pena igual o menor a cinco años, según el artículo 96 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Entretanto, en el Tribunal de Pavas se habilitó un horario vespertino, es decir, que ahora también hay debates entre 4 p. m. y 10 p. m.

Las juezas Ericka Chaves Rivera, Andrea Víquez Corella y Emlia Fallas Santana administraban justicia el 5 de abril en un juicio de reenvío por secuestro que se desarrolla en Pavas./ Fotografía: John Durán
Las juezas Ericka Chaves Rivera, Andrea Víquez Corella y Emlia Fallas Santana administraban justicia el 5 de abril en un juicio de reenvío por secuestro que se desarrolla en Pavas./ Fotografía: John Durán

Además, se implementó una agenda electrónica que concilie los intereses de todas las partes (jueces, defensores, fiscales) y evite al máximo la suspensión de juicios.

De igual manera, la Corte autorizó la contratación de 43 plazas de jueces por un plazo perentorio, para atender los rezagos en diferentes estrados y cumplir las metas establecidas.

Estas medidas de urgencia se toman al mismo tiempo que la Corte trabaja en un proyecto de reforma al Código Procesal Penal, que cambiaría algunos procesos.

Para la fiscala general de la República, Emilia Navas, el rezago en los tribunales de juicio es “impresionante”. El problema es que ahora, el plan para reducir ese atraso ocupa por completo a los fiscales,

Esos profesionales ocupan su tiempo en los debates, en la localización de los testigos o en apelaciones de sentencia. Al ser así, se complica continuar con las investigaciones.

“Eso les impide sentarse en el escritorio para leer denuncias, hacer allanamientos o hacer inspecciones”, afirmó Navas.

Pese a ello, se mostró de acuerdo con el plan agilizador de la Corte, en aras de que los asuntos no prescriban.

La meta, de acuerdo a Chinchilla, es que, mediante una mejor organización y mejor desempeño, para el 2020 el periodo máximo para la fijación de fecha de juicios sea de seis meses.

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El plan contra la mora judicial comenzó el 3 de agosto del 2017 y está previsto que, con sus tres fases, concluya el 29 de enero del 2020, explicó Nazira Valverde Bermúdez, directora del Departamento de Planificación de la Corte.

Se inició con una exploración o diagnóstico a cargo de ocho personas que entre agosto y setiembre del año pasado recorrieron los 78 juzgados y tribunales del país.

A diferencia de otros estudios realizados años atrás, esta vez aparte de funcionarios de Planificación, también hubo jueces incorporados. De esa manera, el grupo pudo rebatir cuando en un despacho rechazaban las medidas con argumento de imposibilidad legal, por ejemplo.

El presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, dice que nunca antes se había dispuesto la aplicación de cuotas en materia penal, pero lo crítico de la mora judicial les obliga a tomar medidas urgentes. Foto: Aarón Sequeira.
El presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, dice que nunca antes se había dispuesto la aplicación de cuotas en materia penal, pero lo crítico de la mora judicial les obliga a tomar medidas urgentes. Foto: Aarón Sequeira.

Su recorrido, incluso, se amplió a horarios de 8 p. m. a 11 p. m. para conocer los procedimientos en los Tribunales de Flagrancia.

Para Jorge Rodríguez, ingeniero que integró el equipo, el proceso fue muy enriqueceder porque los funcionarios percibieron la cercanía la Corte, que estaba llegando hasta los jueces y ellos podían expresar sus necesidades y las oportunidades de mejora.

“Fueron meses muy complicados, pero con mucha mística y compromiso de las personas que fueron a las giras. Entre agosto y setiembre se recorrió todo el país. A veces les daba la madrugada analizando los datos que iban a presentar horas después a cada uno de los despachos”, añadió Nazira Valverde.

Eso permitió que cada oficina analizara de una vez las falencias o necesidades que tenían.

A manera de ejemplo, podía ser que un juzgado tuviera muchas audiencias en la agenda. Sin embargo, al verificar con los jueces, se detectaron errores de cálculo a la hora de programar una o varias y se determinaban que podía ser más cortas.

Otro descubrimiento importante fue identificar que el 60% de los asuntos que entran a los tribunales se castigan con penas menores a cinco años de cárcel, por lo que con esa prueba científica, se pudo aprovechar mejor a los jueces, ya que en lugar de usar tres, se pasó a uno.

Así se reforzaron los juicios unipersonales, mientras que otras secciones se encargan de los juicios con penas mayores.

Con esa medida, por ejemplo, en San José se pasó de 72 sentencias dictadas en diciembre del 2017 a 160 en marzo del 2018.

Muchos casos de homicidios, violaciones, estafas y otros hechos violentos esperan por años para llegar a juicio en nuestro país. El año pasado una madre y el padrastro de un bebe de 9 meses fueron condenados a 30 años. Fotografia: Graciela Solis
Muchos casos de homicidios, violaciones, estafas y otros hechos violentos esperan por años para llegar a juicio en nuestro país. El año pasado una madre y el padrastro de un bebe de 9 meses fueron condenados a 30 años. Fotografia: Graciela Solis

Sin embargo, una limitante que fue ratificada es que no se tiene la cantidad de salas de juicio necesarias.

Otra variante realizada a partir del diagnóstico se hizo con el proceso de las apelaciones de sentencias, pues se determinó que un juez está en capacidad de conocer 30 apelaciones por mes.

Así, como en San José había tres jueces y como el promedio es de 60 apelaciones mensuales, uno de ellos fue trasladado a reforzar los juicios unipersonales.

Con todos estos cambios, comenzaron a verse resultados positivos en algunos de los tribunales críticos e incluso fuera de la lista.

En el Tribunal Penal de Desamparados, por ejemplo, ya se logró que desde que entra un caso al Tribunal el tiempo máximo para la fijación de un juicio sea de seis meses. Otras sedes de administración de justicia que ya alcanzaron esa meta son Alajuela, Grecia, San Carlos y Pérez Zeledón.

En Desamparados se hizo otra sala de juicios y las necesidades tecnológicas fueron cumplidas. Se liberaron las cargas y todos trabajan igual.

Una reciente evaluación en enero y febrero de este año reveló que, con los cambios, ya ocho de los 12 tribunales generan más del 100% de las sentencias que se les propuso como meta, cifra que varía según la cantidad de casos que reciben y la capacidad de cada uno.

“Esta es la primera vez en la historia de la materia penal en que se les pusieron cuotas (de sentencias mensuales), explicó el presidente de la Corte.

Tanto los jueces, como los auxiliares de despachos, secretarias y administrativos están enterados del rediseño que busca devolver a los ciudadanos el principio constitucional de justicia pronta. Fotografía: John Durán
Tanto los jueces, como los auxiliares de despachos, secretarias y administrativos están enterados del rediseño que busca devolver a los ciudadanos el principio constitucional de justicia pronta. Fotografía: John Durán

El promedio para las secciones unipersonales quedó entre 15 y 20 sentencias por mes, mientras que las colegiadas (tres jueces) deben dictar entre 11 y 15.

“Lo que teníamos eran tiempos muertos. La calidad de la gente es buena, pero tenían lugares de confort y no usaban todo el tiempo en lo que es”, acotó Carlos Chinchilla.

Sin embargo recalcó que hay juicios complejos, que pueden tomarse todo el mes o más tiempo, pero tienen que tener una justificación técnica.

Para los tribunales más críticos ya se aplica un plan remedial, que contempla aspectos de infraestructura, ambiente laboral y el diseño de un modelo de tramitación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.

Se trata de los tribunales de Heredia, Nicoya y Corredores, donde se espera terminar el proceso el próximo 8 de mayo. Después de esa fecha, se tendrán listas propuestas de mejora.

Limón es otra de las regiones en deuda, pero se determinó que en gran parte de debe a la falta de infraestructura. Ahí se esperan mejorías pronto, debido a que en marzo se estrenaron nuevas salas y oficinas y ya se calendarizaron más juicios.

El nuevo edificio de Limón, inaugurado en marzo, tiene vigilancia permanente y cuenta con nuevas salas de juicio. Actualmente Limón afronta un gran rezago en juicios que se espera solventar a corto plazo. Foto: Raúl Cascante.
El nuevo edificio de Limón, inaugurado en marzo, tiene vigilancia permanente y cuenta con nuevas salas de juicio. Actualmente Limón afronta un gran rezago en juicios que se espera solventar a corto plazo. Foto: Raúl Cascante.

La idea es que al 14 de septiembre del 2019 se extiendan los resultados del rediseño a las 330 oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Ministerio Público, Defensa Pública, Juzgado Penal, Juzgado de Ejecución, Tribunales Penales y Tribunales de Apelación.

Puntarenenses esperarían 20 años por sentencias en espera

En Puntarenas, a raíz de los cuellos de botella, hubo que tomar decisiones sobre cómo se iba a reestructurar la forma de trabajo, porque de lo contrario se tardarían 20 años en normalizar la situación de los 1.504 expedientes que constituían el circulante total en diciembre.

Ronald Nicolás, juez coordinador del Tribunal de Puntarenas, atribuyó el rezago a factores como la cantidad de regiones que les toca atender, el aumento de la delincuencia y la disparidad de recursos.

“Nuestra circunscripción territorial abarca lo que es Puntarenas como tal y lugares circunvecinos como Miramar, Esparza, Cóbano y Garabito”, dijo.

Añadió que el crecimiento de causas penales también se debe al aumento de la población. Por ejemplo, Garabito, según el último censo, es el cantón con mayor aumento de población en el país.

Playas como Jacó también tienen en ciertas temporadas una alta población flotante, por el turismo.

Un sector del edificio donde funcionan los tribunales de Puntarenas ya está listo pero falta reparar la otra mitad. El terremoto de Sámara en el 2012, afectó esa estructura. Foto: Andrés Garita.
Un sector del edificio donde funcionan los tribunales de Puntarenas ya está listo pero falta reparar la otra mitad. El terremoto de Sámara en el 2012, afectó esa estructura. Foto: Andrés Garita.

Años atrás, dijo, en Puntarenas hubo una disparidad entre la cantidad de fiscales y la de jueces.

Como los fiscales son los que envían las causas penales, al aumentar la criminalidad, el número de casos creció proporcionalmente, pero los jueces seguían siendo los mismos ocho, y no pudieron asimilarlos.

“El tribunal llegó a manejar un circulante galopante. Hicimos toma de conciencia y empezamos a buscar las vías de escape, para paliar esa situación”, indicó.

En diciembre del año pasado se les asignaron tres plazas temporales más para llegar a los 11 jueces que tienen en la actualidad. Los nuevos se encargan principalmente de los casos más rezagados.

Con esos refuerzos y el rediseño, en el primer semestre de este año se tramitaron unas 236 sentencias, un 65% más que lo que se tramitaba antes.

El circulante bajó de 1504 asuntos en diciembre a 1364 en febrero. Aunque algunas causas prescribieron, Nicolás aseguró que fueron pocas y por circunstancias ajenas a los jueces.

El viernes 6 de abril se desarrollaba en Puntarenas un juicio por narcotráfico. En ese puerto se llegó a acumular la cifra de 1400 casos sin definir fecha de juicio. Foto: Andrés Garita.
El viernes 6 de abril se desarrollaba en Puntarenas un juicio por narcotráfico. En ese puerto se llegó a acumular la cifra de 1400 casos sin definir fecha de juicio. Foto: Andrés Garita.

Las principales causas de criminalidad en esa provincia son el narcotráfico, el crimen organizado, los delitos contra la propiedad y los abusos sexuales.

En Puntarenas, todavía hay casos del 2006 en espera de juicio, ya que en algunos de ellos los acusados han desaparecido y aunque sobre ellos existe orden de captura, no los encuentran. El expediente queda en suspenso con reos rebeldes.

Hace dos años, se otorgaron dos plazas de jueces a Quepos, cantón que antes era atendido por juzgadores de Puntarenas, los cuales viajaban toda una semana a esa región del sur. La variante ayudó a desahogar a los tribunales de Puntarenas centro, pero no fue suficiente.

Ronald Nicolás, juez coordinador de Puntarenas, exaltó el rediseño de procesos en materia penal y dijo que eso permitirá cumplir el principio constitucional de justicia pronta y cumplida. Foto: Andrés Garita.
Ronald Nicolás, juez coordinador de Puntarenas, exaltó el rediseño de procesos en materia penal y dijo que eso permitirá cumplir el principio constitucional de justicia pronta y cumplida. Foto: Andrés Garita.

“Para mí, Quepos en este momento merece ser un tribunal independiente. Tienen jurisdicción, la competencia que se ha ampliado hasta Garabito y los insumos en materia penal son suficientes para mantener con tres o cuatro jueces”.

Nazira Valverde también atribuyó el rezago en Puntarenas a la rotación de personal y al hecho de no contar con suficientes salas de juicio.

A futuro se planea desarrollar juicios vespertinos, entre 4 p.m. y 10 p. m. para aprovechar mejor las salas existentes.

Actualment,e ese tribunal solo tiene tres salas para debates, ya que por el terremoto de Sámara, de setiembre de 2012, tuvo que iniciar con un refuerzo estructural del edificio que todavía persiste.

Primero se reparó el sector sur y falta concluir la parte norte. Cuando termine la reparación se habilitará otra sala debates, así como varias oficinas que han sido afectadas por la construcción.

Aunque se esperaba que las obras duraran en un año, los trabajos siguen.