Carlos Arguedas C.. 18 febrero
En la sesión del próximo lunes los magistrados volverán a retomar el tema del cabildeo. Fotografía Andrey Palacios.
En la sesión del próximo lunes los magistrados volverán a retomar el tema del cabildeo. Fotografía Andrey Palacios.

La posibilidad de un empleado del Poder Judicial de reunirse con un magistrado u otro jerarca para exponer sus atestados y aspiraciones en busca de una promoción, podría quedar en el pasado.

El llamado cabildeo será uno de los aspectos que quedarán normados en el reglamento sobre la conducta de los servidores judiciales en el cual trabaja la Corte Plena.

Ese se convirtió en un tema polémico en la sesión de este lunes, tanto que al final no hubo consenso y el asunto volverá a conocerse en el siguiente encuentro.

La propuesta inicial la hizo el magistrado Paul Rueda Leal, de la Sala Constitucional. Esta prohibía a los funcionarios solicitar audiencias tanto a los altos jueces, como a los miembros del Consejo Superior o a las jefaturas, con el propósito directo o indirecto de influir en la toma de decisiones a beneficio de una persona.

Román Solís Zelaya, de la Sala Primera, calificó este tema como sensible y considera que requiere una reflexión seria.

“En lo personal, yo no doy audiencias para el nombramiento de jueces porque también parto de la consideración de que si recibo una terna debidamente estructurada por un órgano técnico, qué otra valoración puedo hacer yo sino avalar la técnica. Desde esa perspectiva, el primer lugar siempre va contar con mi apoyo”, afirmó.

Sin embargo, Sandra Zúñiga de la Sala Tercera, manifestó que el hecho de que un juez busque reunirse con un magistrado responde a un interés legítimo por presentar su curriculum y hacer ver las fortalezas o proyectos que van más allá de la lectura árida de un expediente (...)

"Es lamentable que se lance mas bien una sombra de desconfianza cuando un funcionario busca este tipo de citas, y que se tache o que se tenga la sospecha de que al dar la cita ocurre algo irregular o ilícito”, añadió.

En su criterio más bien es una obligación de los magistrados recibir, en este caso, a los jueces que aspiran a un ascenso porque así lo establece la misma legislación judicial.

El presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, así como Rueda consideraron que la norma, por la manera en que está redactada viene a regular esas reuniones o cabildeos.

No obstante, la propuesta obtuvo el apoyo de solo seis magistrados. Otros 16 altos jueces se pronunciaron por hacer una nueva redacción, la cual será presentada por Iris Rocío Rojas, de la Sala Primera.

El reglamento que regula la conducta de los servidores judiciales es uno de los proyectos para modernizar el Poder Judicial que fueron impulsados por la Corte Plena desde diciembre del 2017.

Este plan, que consta de 46 artículos es sometido a conocimiento de los magistrados en las últimas seis sesiones. Todavía falta por conocer siete artículos.

Este lunes los magistrados también aprobaron otra norma en la cual se prohíbe la participación en política electoral de los servidores judiciales. Allí se les impide poner signos externos en sus casas y vehículos.

Otro tema

La Corte Plena también conoció este lunes un informe de la Auditoría Judicial sobre el funcionamiento del sistema electrónico que elige los magistrados suplentes para que sustituyan a los titulares.

La investigación la había ordenado el presidente de la Corte, en setiembre pasado poco después de que varios magistrados dejaron entrever posibles inconsistencias en el modelo de escogencia que maneja la Presidencia del Poder Judicial.

En aquel momento, la ahora exmagistrada (se jubiló en enero) Carmenmaría Escoto Fernández, de la Sala Primera, manifestó que cuando ejerció como presidenta interina de la Corte, no pudo demostrarle al magistrado suplente de la Sala Tercera, Jaime Robleto Gutiérrez, que su nombre estaba participando en la rifa para un nombramiento.

“Llama la atención, a veces, que una persona sale siempre y hay otra que nunca sale. Yo me preocupé mucho porque Jaime Robleto estaba muy indignado porque no salía (...). ¿Cómo le garantizó yo a una persona que su nombre está dentro del grupo?”, manifestó Escoto meses atrás.

Este lunes el subauditor del Poder Judicial, Roy Díaz Chavarría, dijo que luego de revisar el funcionamiento del sistema, determinaron que no hay ninguna posibilidad de manipulación.

El sistema electrónico de escogencia consiste en alimentar un programa informático con los nombres de los candidatos a suplente para las cuatro salas del Poder Judicial.

De esta forma, cada vez que se debe nombrar a un suplente, el presidente de la Corte activa el sistema y el programa escoge un nombre. La crítica que se hizo es que algunos aspirantes han resultado electos varias veces, mientras otros nunca han salido.

En la actualidad, las salas Primera, Segunda y Tercera tienen cinco suplentes, mientras que el Tribunal Constitucional cuenta con 12. Ellos asumen la propiedad cuando los titulares están de vacaciones, se incapacitan, se inhiben de conocer un tema o hay alguna plaza vacante.