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En el 2009, un incendio que inició en una lancha rápida decomisada al narcotráfico, anclada en la base del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) del Ministerio de Seguridad Pública, en El Estero de Puntarenas, destruyó 14 barcos pesqueros y afectó dos muelles privados.
Posteriormente se determinó que hubo una impericia de los oficiales policiales que aquel día no supieron enfrentar la conflagración, unido a que la instalación policial carecía de sistemas para atender incendios.
Los pescadores afectados demandaron al Estado por todos los daños ocasionados y al año siguiente el Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda de Goicoechea confirmó que el fuego se propagó por responsabilidad del estatal y era atendible el reclamo de las personas particulares.
El fallo emitido el 23 de diciembre del 2010 ordenó pagar en ejecución de sentencia a los pescadores afectados el daño moral, los daños materiales y el lucro cesante. Esto último significa que se debe reconocer la ganancia que dejaron de percibir los afectados por la pérdidas total de las embarcaciones.
Luego de que un perito hizo un estudio se determinó que el Estado tenía que distribuir ¢1.342 millones entre los afectados. Empero, la Procuraduría General de la República, que representa al Estado en el proceso judicial, se opuso al estimar como muy elevada la cifra de la indemnización.
La Sala Primera de la Corte, en una resolución del 7 de agosto del 2014, que fue redactada por la magistrada Iris Rocío Rojas Morales, avaló el monto y ordenó a los tribunales contenciosos emitir una sentencia definitiva para que los afectados procedieran con el cobro
Siete años después de esa orden, los perjudicados siguen esperando la resolución judicial final que se ha retrasado por la aparente pérdida de un peritaje.
El abogado Álvaro Enrique Moreno Gómez que representa a los pescadores dijo: “Este proceso ha sido un calvario a pesar de que ya la Sala Primera ordenó pagar.
“Ha habido una negligencia y una falta de humanidad de parte de los jueces ejecutores de sentencia del Contencioso Administrativo. Eso es una burla para la gente. No ha funcionado la justicia, pronta y cumplida para estas personas. Yo no tengo explicación y lo que más me duele es que una señora viuda de uno de los afectados, le remataron su propiedad y perdió la casa”.
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El retraso judicial para resolver este caso ha sido conocido por el Consejo Superior en varias ocasiones, pues las víctimas se quejan por la tardanza en dictar la sentencia.
En la sesión del pasado 9 de marzo fue la última vez que el Consejo Superior vio el asunto. Ese día se dispuso enviar la queja a la Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativo para que lo valoraran, pues alegaron que la Inspección Judicial había estudiado el tema y determinó que en el proceso no había ninguna falta.
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Siniestro en el estero
El incendio en que resultaron destruidos los barcos pesqueros se produjo la tarde del 7 de abril del 2009. La alerta se dio a las 5 p. m.
Aunque al sitio llegaron unidades extintoras del Cuerpo de Bomberos, se enfrentaron con el problema de que las lanchas con fuego estaban en el Estero de Puntarenas, lejos de la orilla y los Bomberos no tenían unidades acuáticas para atender ese tipo de siniestros en el mar.
Investigadores de incendios determinaron que el fuego comenzó cuando unos oficiales del SNG realizaban una práctica sobre controlar incendios, pero por razones desconocidas las llamas se salieron de control y tomaron una lancha rápida, decomisada al narcotráfico, la cual estaba estaba aferrada con un mecate al muelle de la entidad policial.
La embarcación, además, tenía gasolina y el fuego tomó gran fuerza. Los mecates que la amarraban se quemaron y quedó a la deriva y la corriente la arrastró hacia otras lanchas decomisadas que también alzaron llamas.
Luego lentamente las embarcaciones comenzaron a despegarse y navegar sin control. Se estima que cerca de 30 lanchas sufrieron daños, algunas parciales y otras totales. El fuego pudo ser controlado a eso de las 9 p. m.
Entre las embarcaciones destruidas había 14 pesqueros y los dueños de dos atracaderos, conocidos como Muelle Meza y Muelle Cruz, reportaron afectaciones.
Se estima que debido al siniestro cerca de 100 personas que laboraban en los barcos o en los muelles se quedaron sin trabajo.
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Aunque casi todos los afectados se apersonaron al proceso judicial, los dueños de navíos con daños parciales quedaron excluidos de recibir alguna indemnización, por no presentar los documentos necesarios para detallar los daños.
En tanto, luego de dos estudios periciales, la Sala Primera de la Corte avaló el 7 de agosto del 2014, que se pagarán ¢1.342 millones, que se estimó era “el justo precio y el valor comercial” de las naves afectadas.
Sin embargo, 12 años después del incendio, los pagos no se ejecutan.
“Como abogado estoy desilusionado. La gente nos llama y pregunta: ¿cuándo pagan?, y ya no sé qué hacer. Me he peleado con jueces, con un colega, acudí a la Sala Constitucional y todavía sigo esperando”, concluyó Álvaro Moreno.
Navíos dañados
Esta es la lista de embarcaciones con pérdidas totales y el monto de la indemnización.
- Odilie, matrícula P-7349: deben pagarle ¢4,3 millones.
- Capitán Pana, matrícula P-10068: el monto a indemnizar es de ¢4,6 millones.
- Gaudi María Z, matrícula P-9971: valorada en ¢41,9 millones
- El Pocare, matrícula P-5017: estimada en ¢60,6 millones
- Virginia, matrícula P-000137: el valor es de ¢19 millones
- Libertad, matrícula P-0500: la compensación es de ¢22,8 millones
- Karla, matrícula sin inscribir: deben resarcirle ¢49 millones
- Vizkaia, matrícula P-0005115: la evaluaron en ¢183 millones
- Andi, matrícula P-0000065: la retribución es de ¢16 millones
- Manuel Galeota, matrícula P-000744: el desembolso es de ¢238 millones
- Oh Gloria, matrícula P-006967: deben reintegrar ¢182,3 millones
- Fortuna II, matrícula P-008118: la compensación es de ¢405,9 millones
- Manolete, matrícula P-002920: el reintegro es de ¢13,9 millones
- Ramar I, matrícula P-004676: valorada en ¢100,7 millones
Fuente: expediente 09-001237-1027-CA
