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El 1.° de julio del 2021, una mujer recibió mensajes anónimos que la alertaban sobre una supuesta infidelidad de su esposo. El texto se lo enviaron por medio del sistema de mensajería de la red social Facebook y, según dijo, provenía de un perfil falso.
Tres días después, el 4 de julio, volvió a recibir comunicaciones de ese perfil falso donde le reiteraban el mismo mensaje.
Por ello, el 5 de julio acudió al Juzgado Contravencional de Puntarenas para interponer una denuncia por esos “mensajes perturbadores”; sin embargo, una auxiliar de ese despacho le rechazó el trámite ad portas, pues la amparada desconocía quién era la imputada y la administración de justicia no tiene las herramientas para poder identificarla.
Ante esa respuesta, la mujer interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional ya que consideró que, al impedirle interponer la queja, le violentaron su “derecho fundamental de denunciar y así lograr dar con la persona, pues cabe la posibilidad de que vuelva a molestar desde otro perfil”.
El 6 de agosto, mediante la resolución Nº 17322 - 2021, los magistrados rechazaron cualquier tipo de justificación que brindó el despacho y declararon con lugar la queja de la señora, cuyo nombre se reserva la autoridad judicial.
Al tiempo, ordenaron al Juzgado que, de manera inmediata, “se reciba y analice la denuncia de la recurrente en caso de que ella se apersone nuevamente a ese despacho a formularla”.
Juzgado: No tenemos facultades investigativas en esos casos
En respuesta al recurso interpuesto en su contra, Daniel Garth, juez contravencional de Puntarenas, aseguró que la denuncia no fue recibida por un motivo de peso.
En su explicación, él detalló que la mujer desconocía quién le enviaba esos mensajes y, debido a que eran enviados desde esa red social, el despacho estaba imposibilitado en hacer alguna diligencia investigativa para conocer quién estaba detrás de esas comunicaciones.
Caso contrario, agregó, hubiese sido si los mensajes se los hubiesen enviado a través de WhatsApp o si la hubiesen llamado, ya que el Juzgado hubiese podido pedir la información a las operadoras telefónicas y así determinar quién sería el eventual imputado en la causa.
Al respecto, el juez argumentó:
“(La auxiliar) le explicó detalladamente (en ese momento a la denunciante) la limitación que existe por parte de este despacho para la tramitación de dichas causas por llamadas mortificantes cuando se usa la red social Messenger. (...)
“En este caso concreto esas posibilidades no existen (pedir apoyo a las telefónicas para revisar comunicaciones telefónicas o por WhatsApp), porque al haberse usado Messenger no es posible realizar esas diligencias investigativas mínimas, por cuanto cada una de las cuentas de dicha red está vinculada a una página de Facebook, de índole privada, y a lo cual no tenemos acceso”.
Mencionó que, por ejemplo, si esto fuera una denuncia penal, se podría indagar, ya que se tendría el apoyo tanto del Ministerio Público como del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Sin embargo, como esos entes no existen en este proceso, el juzgador aseguró que la víctima debe aportar todos los elementos necesarios para, al menos, hacer una identificación del sospechoso.
“Se debe indicar que la naturaleza del proceso contravencional es sumaria. (...) Esa figura (de MP y OIJ) no existe en esta sede, por lo que debe ser asumida de forma activa y constante por la parte ofendida, debiendo aportar dentro del proceso no solamente la denuncia y (...) los elementos de prueba que tenga, sino que también debe aportar los elementos mínimos que permitan la identificación y ubicación de la parte imputada, para la posterior tramitación oficiosa del proceso por parte del despacho”.
Entonces, añadió Garth, como ella desconocía quién era el remitente, “no tenía sentido alguno” recibir la denuncia para proceder con su archivo inmediato, señaló en su respuesta al recurso.
Y mencionó que por más corta que hubiese sido la tramitación de la denuncia, esta hubiese implicado un “derroche irresponsable de recursos”.
Concluyó que, cuando la ofendida logre saber quién le envía esos mensajes, puede apersonarse y presentar la queja respectiva.
Se la tienen que recibir
La justificación que brindó el juzgador al respecto no fue de recibo para los magistrados, quienes reprocharon la acción de ese despacho.
En la resolución se indica que, si bien la auxiliar le explicó a la ofendida las limitaciones que se tienen en estos casos, “tales justificaciones fueron expuestas de forma verbal por una persona a quien no le correspondía decidir sobre la procedencia o no de la gestión”.
Lo anterior, aseguraron los altos jueces, provocó el rechazo ad portas, violentando así el derecho que tiene la denunciante de que un juzgador analizara formalmente la admisibilidad de la queja.
“Este accionar lesiona el numeral 41 de la Constitución Política, pues a priori se le niega a la parte accionante la posibilidad de que una autoridad jurisdiccional valore los hechos que pretende denunciar”, se lee en el fallo, en el cual ordenan al despacho a recibir la queja de la mujer, en caso de que esta vuelva a presentarse y sin importar si tiene o no la identidad de quien le envía esos mensajes.
