Gustavo Fallas M.. 24 agosto, 2017
Servicios como realización de autopsias, entrega de hojas de delincuencia y juicios quedaron suspendidos.
Servicios como realización de autopsias, entrega de hojas de delincuencia y juicios quedaron suspendidos.

El Juzgado de Trabajo de Pococí resolvió que la huelga de 13 días que realizaron los empleados judiciales entre el 19 y 31 de julio es ilegal "al ser la administración de justicia un servicio público esencial".

Así lo dio a conocer la noche de este jueves la oficina de prensa del Poder Judicial en un escueto comunicado.

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La resolución se viene a dar 27 días después de que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó ante ese despacho la calificación del movimiento de huelga, luego de que la Corte Plena, integrada por 22 magistrados, le dio luz verde al presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla Sandí, para que iniciara el trámite para la declaratoria de ilegalidad.

El movimiento se originó debido a la molestia de los empleados judiciales porque la Comisión de Pensiones rechazó como texto base para reformar el régimen jubilatorio el proyecto de ley propuesto por los gremios.

Durante los días de protesta hubo afectación en servicios como juicios, entrega de hojas de delincuencia y de cadáveres en la Morgue Judicial. Esto último generó fuertes críticas a los empleados de Medicatura Forense, ya que 39 cuerpos se acumularon y las familias dolientes reclamaban por que se los entregaran.

El 31 de julio, los gremios anunciaron que deponían la huelga dado que alcanzaron un acuerdo con los magistrados para presentar un nuevo proyecto de reforma a su fondo de pensiones.

¿Por qué el Juzgado de Pococí resuelve?

Cuando la Procuraduría General de la República comenzó a buscar dónde planteaba la solicitud de declaratoria de ilegalidad, el único juzgado de trabajo que halló abierto en ese momento fue el del cantón de Pococí, en Limón.

Este juzgado unipersonal está a cargo de la jueza Yocelin Quesada Porras.

En un comunicado de prensa, la noche de este jueves, el Frente Gremial de organizaciones del Poder Judicial, el cual reúne a las 25 asociaciones laborales, cuestionó el fallo.

La declaratoria de ilegalidad "es prematura y está viciada de nulidad por vicios de procedimiento durante la notificación de las partes. (La notificación) se emitió pese a que aún está vigente el plazo de contestación que la ley otorga a todas las agrupaciones del Frente que participaron en el movimiento laboral".

Advirtieron que dos de los 25 gremios no fueron notificados durante el proceso y que por esa razón preparan los respectivos trámites de nulidad ya que el fallo tiene recurso de apelación de acuerdo con la ley laboral.

Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Nacional de la Judicatura, declaró a La Nación que los gremios que no fueron notificados durante el proceso son el de fiscales, por un lado, y la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística. En este último caso, agregó, se notificó a un expresidente y no al actual jerarca.

Aparte de esos errores de forma, también se preparan para apelar errores de fondo, dijo la jueza.

El 1 de agosto, al ser consultado sobre posibles sanciones a los funcionarios que no trabajaron debido a la huelga, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, respondió: "Eso va a estar de acuerdo con lo que suceda con el proceso laboral que se tiene presentado por parte de la Procuraduría General de la República. Estamos a la espera de si se declara la ilegalidad de la huelga".

Durante los 13 días de paro, ni ahora, el Poder Judicial ha indicado cuántos de los 13.000 empleados se sumaron al movimiento. Chinchilla dijo que pedirían a las Contralorías de Servicios cuantificar cuántas diligencias se dejaron de hacer en todas las materias, pero aún no se ha dado a conocer ningún informe.

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