EscucharUna jueza mexicana tiene al menos dos días para definir si decide extraditar hacia Costa Rica al exsacerdote Mauricio Víquez Lizano, acusado de cuatro supuestos delitos sexuales.
Así lo dio a conocer la noche del miércoles el canal Milenio Televisión, que confirmó que ese día se realizó la segunda audiencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, del Circuito Javier Piña y Palacios, en Xochimilco, Ciudad de México.
La jueza encargada de la audiencia –que se extendió por cinco cinco horas– ordenó mantener la medida de prisión preventiva contra Víquez, de 55 años.
A su salida de los juzgados de distrito de procesos penales federales del Reclusorio Sur, Javier Sifuentes, defensor del excura, argumentó que los delitos ya prescribieron pues ocurrieron hace 19 años.
“Le hicimos saber y ver a la jueza que no están cumplidos los requisitos, ya que les falta uno específico que tiene que ver con el tratado de extradición entre Costa Rica y México, consistente en las órdenes de aprehensión que deben de incluir en copia certificada u orden de detención. Además de que los derechos que tratan de imputarle están prescritos en la ley de Costa Rica”, manifestó Sifuentes a Milenio Televisión.
Aunque se intentó conocer la versión de Rafael Rodríguez, defensor de Víquez en nuestro país, este no respondió las llamadas ni los mensajes dejados en su celular el miércoles ni el jueves.
El viernes pasado, Rodríguez dijo que visitó a Víquez, quien se encuentra bien de salud, pero a la vez preocupado por el hacinamiento que hay en la cárcel en la que está.
Agregó que el exsacerdote duerme en el suelo, ya que el aposento en el que se ubica fue diseñado para cuatro personas y actualmente hay 12.
A Víquez, exvocero de la Iglesia católica en asuntos de familia y reconocido por sus fuertes planteamientos en pos del matrimonio tradicional, se le cuestionó por supuestos delitos sexuales en perjuicio de menores desde octubre del año anterior.
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La primera denuncia la presentó un hombre de apellidos Alvarado Quirós, quien ahora tiene 27 años.
Después, en la primera semana de agosto, otros tres hombres apellidados Venegas Abarca, Muñoz Quirós y Rodríguez Solera, lo denunciaron ante la Fiscalía por delitos similares.
Las denuncias por los hechos habrían ocurrido de 1993 a 1996, cuando era párroco en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en Tres Ríos de La Unión, y de la iglesia de San Juan Bautista, en Patarrá de Desamparados. Los casos se reunieron en el expediente: 18-000854-0994-PE.
El religioso huyó de Costa Rica el 7 de enero, estuvo en Panamá y luego viajó a México, donde fue detenido el domingo 18 de agosto en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
El Código Penal costarricense establece penas de cuatro a diez años para el delito de abuso sexual, de 10 a 16 años para violación y de 12 a 18 para violación en modalidad calificada.
